Un nuevo saqueo de las cuentas públicas y del gasto social para beneficio de la banca y las empresas

especu_inmobiEl pasado 9 de marzo el gobierno del PP daba luz verde al nuevo plan de pago de proveedores desde los ayuntamientos. Con esta nueva decisión, aparentemente en beneficio de las “pequeñas empresas” ahogadas por el impago de las facturas municipales, el PP da en realidad un nuevo giro de tuerca y profundiza en las medidas para legalizar el saqueo de las arcas públicas a mano de bancos y empresas, a costa de los gastos sociales que gestionan los ayuntamientos. Este ataque tendrá gravísimas consecuencias para el conjunto de la juventud y clase trabajadora ya que supondrá la pérdida de miles de empleos públicos, y la profundización del desmantelamiento salvaje de las conquistas y servicios sociales.

Endeudamiento y especulación

Durante el boom económico, miles de municipios a lo largo del estado desarrollaron una política orientada al sector inmobiliario y basada en la especulación. Numerosas alcaldías, convencidas de que aquella orgía especulativa no tendría fin, expandieron la deuda con la expectativa de que los ingresos fiscales pagarían todas las facturas. Así  se cedieron cuantiosas ayudas públicas y suelo municipal a precio de ganga a grandes constructoras y bancos, que vieron aumentar espectacularmente sus beneficios. Sin embargo, al comienzo de la crisis, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, toda esta política de beneficio privado para los empresarios generó tal distorsión y desequilibrio presupuestario que se han concretado en deudas astronómicas en los ayuntamientos, imposibilitando en muchas ocasiones afrontar el pago a los proveedores. Desde entonces, todas las políticas llevadas a cabo por el gobierno central y los autonómicos en aras de reducir la deuda se han apoyado en planes de austeridad y recortes sociales, es decir, en esquilmar los recursos orientados a mantener las mínimas condiciones sociales de la clase trabajadora. En esta estrategia se han reducido continuamente las partidas presupuestarias a los ayuntamientos.
Con esta nueva contrarreforma, el PP pretende usar a los ayuntamientos y administraciones locales como un ariete para aplicar planes de ajustes brutales que garanticen el negocio de la deuda para los bancos a través del expolio de los servicios públicos. Las nuevas medidas para pagar a los “proveedores” van inequívocamente en esta dirección.

Más dinero público para los bancos

Tras la demagogia habitual del PP se esconde una realidad apenas publicitada. Con su nuevo plan el gobierno creará un fondo para la financiación y el pago de las deudas a proveedores de las administraciones locales a través del ICO, con duración de cinco años y dos de carencia. Sin embargo, las instituciones municipales dispondrán de 10 años para su devolución a través de la refinanciación de dicho fondo con la banca privada. Se tratará de un crédito de 350.000 millones de euros en los que participarán los principales bancos españoles, a través del cual cobrarán un 5% de interés a los ayuntamientos. Si los bancos españoles puedan “prestar” los 350.000 millones de euros, es por que obtienen fondos multimillonarios concedidos por el Banco Central Europeo (BCE) a tasas de interés del 1%; pero lo que prestan a los ayuntamientos se lo cobran a tasas del 5%, con lo que obtendrán más de 12.000 millones de euros de beneficio por la operación. Según un informe de la Federación de Administración Local de CCOO de Madrid, los bancos sacarán una tajada, en los primeros 5 años, de 6.000 millones de euros con esta operación de recolocación de dinero público.
Mientras la banca sigue haciendo negocio a través de la especulación con la deuda de las administraciones locales, ¿de donde saldrá el dinero para asegurar el pago de intereses de los ayuntamientos a los bancos? El gobierno del PP tiene muy claro como cuadrar las cuentas para que los beneficios de los banqueros sigan inflándose. El Ministerio de Hacienda ha enviado a los ayuntamientos un formulario con 23 medidas de ingresos y gastos a tomar para poder recibir el plan de financiación. En dicho cuestionario, se tendrá que presentar el presupuesto de los servicios públicos hasta el año 2022, como el abastecimiento de agua, servicio de alcantarillado, de recogida de basuras, de tratamiento de residuos, saneamiento, servicios hospitalarios, sociales y asistenciales, educativos, deportivos o culturales… que sea “compatible” con pago de los intereses a los bancos. Siendo los ayuntamientos las administraciones con menos presupuestos y los que más directamente gestionan los servicios públicos, priorizar el pago de este fondo con intereses usureros supondrá reducir a la nada los presupuestos para los servicios municipales. Significará no sólo el traspaso ingente de dinero público para beneficio de los bancos, también el recorte de servicios esenciales, la pérdida de derechos sociales, y una nueva oleada de privatizaciones de infraestructuras municipales para recaudar el dinero con el que hacer frente al pago de los préstamos.
Además, para llevar a la práctica el plan los ayuntamientos podrán contemplar despidos procedentes de personal de las plantillas públicas, tal como se plantea en el texto remitido por el Ministerio de Hacienda: “la reducción de costes de personal, aludiendo especialmente a los sueldos o efectivos, o la regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo con la reforma laboral”. Con el aval de la reforma laboral, se pondrán presentar expedientes de regulación de empleo en las administraciones públicas.

Derrotar este plan con la movilización y con una política de izquierdas consecuente

Desde el ayuntamiento de Villaverde del Río, no nos resignamos a convertirnos en “gestores responsables” del sistema capitalista para garantizar los beneficios de la gran banca a costa del sufrimiento de la mayoría de la sociedad. Como hemos hecho durante estos meses, no vamos a aplicar las recetas que están llevando a cabo los gobiernos centrales y autonómicos de recortes de plantillas, impagos de nóminas, privatización  de los servicios públicos etc. En torno a un programa revolucionario que rompa con esta lógica de preservar los beneficios de los empresarios y banqueros por encima de cualquier cosa, basándonos en la organización y participación del conjunto de trabajadores y vecinos de Villaverde, ajustaremos las cuentas para que las deudas las paguen los más ricos: cobrar impuestos impagados a los empresarios, subida del impuesto a las rentas más altas, cobro de sanciones a los empresarios, etc.  Hoy en día se hace más vital que nunca que las organizaciones tradicionales de la izquierda abracen un programa anticapitalista, en este caso la nacionalización de la banca, basado en la fuerza de la movilización de clase obrera parar frenar toda la ofensiva que banqueros, empresarios con sus gobiernos a la cabeza, han emprendido contra la juventud y la clase obrera.


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