Recientemente el sindicato SEPLA, en su conflicto con la dirección de Iberia por la filial de bajo coste que ésta quiere lanzar, declaraba que con los salarios de los 11 directivos que tendría la nueva compañía se podría contratar a más de 400 pilotos y que esta podría volar gratis. Rápidamente esta información fue desmentida por el presidente de Iberia, pero no concretó la cuantía de estos salarios, aunque los pilotos no deben andar muy desencaminados. El presidente de Iberia cobra más de 900.000 euros y su consejero delegado, más de 800.000.

Estos salarios obscenos, la rebaja de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, los despidos masivos pese al alza en los beneficios, la precarización y la subcontratación en empresas que en su día fueron públicas nos llevan a la conclusión de que todos los argumentos que en su día se usaron para justificar las privatizaciones eran absolutamente falsos. La supuesta falta de competencia que hacía que las empresas publicas fueran lentas, caras y unos nidos de incompetencia y burocratización, al privatizarlas se demostró que era incluso peor.

De monopolios públicos a monopolios privados

En 1997 el gobierno de Aznar puso el cartel de se vende en todas las empresas públicas que pudo, el Estado ingresó casi 13.000 millones de euros, que era un tercio de lo que privatizó Felipe González en los años 80 (entre ellas, Viajes Marsans). Si a principios de los años 80 el Estado controlaba el 16,6% de la Bolsa a través de las empresas públicas en 2006 ese porcentaje era del 0,4%. Se comprueba fácilmente que el precio que el Estado puso a estas empresas era una verdadera ganga para unos cuantos amiguetes emprendedores.
Se ha pasado de un monopolio “público” a un verdadero monopolio privado, donde la obtención de beneficios a costa de las condiciones laborales de los trabajadores de estas empresas y de la subida imparable de los precios era el verdadero motivo de las privatizaciones. Bajo el capitalismo las empresas públicas hacen las inversiones que la burguesía no quiere o no puede hacer, y en el caso del Estado español esa tendencia fue más evidente. La raquítica burguesía española necesitaba carreteras, trenes, acero, comunicaciones, etc., para ser competitiva en el mercado mundial y tuvo que ser el Estado el que realizase esas grandes inversiones, que salieron directamente de la explotación salvaje a la clase obrera, la emigración y de la falta de derechos para la mayoría de la población bajo la dictadura franquista.
Una vez el Estado, con dinero público, hacía el esfuerzo inversor, en una etapa posterior las empresas rentables se privatizaban.  Ni un solo sector susceptible de dar beneficios se quedó en manos del Estado. La cobertura ideológica de esta estafa fue una feroz campaña contra todo lo público, insistiendo fundamentalmente en la falta de “libertad” para elegir servicios o empresas y que, al no haber competencia todo es más caro y peor. Marx contestó a esto hace más de cien años: la libre competencia es la niñez del capitalismo, que no puede volver y ésta ha llevado inevitablemente al monopolio; hoy día 500 grandes compañías dominan todo el mercado mundial.

Ni mejor, ni más barato

Pero podemos comprobarlo mejor echando una mirada al Estado español. Repsol y Cepsa controlan el 62% del mercado. Los dueños de las concesiones de autopistas son Sacyr y ACS, que controlan el 71% de las autopistas de peaje. En el transporte por carretera, Alsa compró la pública Enatcar, que a su vez fue vendida a la antigua empresa pública británica National Express, a su vez comprada por Continental, filial de ACS. Telefónica copa más del 80% de la telefonía fija y de las conexiones a Internet; Endesa y Gas Natural también tienen la mayoría del mercado. La experiencia de todos estos años es que la supuesta competencia no ha abaratado los precios ni mejorado los servicios. Estas empresas, que alcanzaron su tamaño e influencia sobre la base de ingentes recursos públicos, siguen en la misma posición pero los beneficios van a manos de unos pocos.
Ahora también se está sometiendo al mismo proceso a aspectos básicos en la calidad de vida de los trabajadores, como son la educación y la sanidad, y en los que primará lo mismo que en las otras empresas privatizadas: la busca del máximo beneficio al menor coste posible sin importarles las necesidades de la mayoría de la población ni la calidad de estos servicios esenciales.


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