La legalización de Sortu por parte del Tribunal Constitucional, anulando la sentencia del Supremo de marzo de 2010,  así como el fin de las acciones de ETA, es producto de la movilización social de la clase trabajadora y de la juventud. La legalización se ha producido en un contexto de máxima tensión social tras las grandes movilizaciones del 15M; las huelgas y manifestaciones de masas en defensa de la enseñanza y la sanidad pública; la huelga general del 29M y en el transcurso de la lucha heroica de los mineros en defensa de sus puestos de trabajo. Un rosario de movilizaciones que en Euskal Herria se han reproducido con igual intensidad y participación.

Las decenas de miles de ciudadanos vascos que salieron a las calles de Bilbao a manifestarse por la legalización de Sortu, en una de las marchas más multitudinarias de los últimos años que acabó pidiendo a ETA un alto el fuego definitivo y el fin de la represión del Estado contra los derechos democrático nacionales de Euskal Herria; los grandes resultados electorales de Bildu y Amaiur, o la participación masiva en la huelga general del 29M en Euskal Herria, son la prueba inequívoca de que una mayoría social, entre la que se encuentra la base de la izquierda abertzale, considera que la lucha de masas es el único camino para responder a la crisis del capitalismo y los ataques de la burguesía .

La legalización de Sortu ha sido recibida por parte de la derecha como una derrota. El ministro del Interior, Jorge Fernandez Díaz, el de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y el conjunto del PP han mostrado la discrepancia con la sentencia y asegurado que  intentarán una vuelta a la situación anterior. Esperanza Aguirre ha solicitado aplicar la política de recortes al Tribunal Constitucional por haber pronunciado esta sentencia, al igual que hizo con los sindicatos por convocar una huelga general. En esta misma línea, el Gobierno del PP está estudiando la posibilidad de modificar la Ley Electoral para que las personas que abandonaron Euskadi por la amenaza de ETA puedan votar en las elecciones vascas, preparando un pucherazo que modifique los resultados, cuando es notorio que los efectos de las reconversiones industriales y los despidos, son los que han provocado un mayor éxodo de familias, fundamentalmente en Vizcaya.

El TC no ha hecho sino constatar la apuesta inequívoca de la izquierda abertzale por la lucha política. El que haya tardado un año en hacerlo ha sido un auténtico escándalo que ya no se podía prolongar. No podían evitar que la izquierda abertzale, como fuerza mayoritaria en los ayuntamientos de Euskal Herria y con una fuerte representación en el parlamento español, acudiese a las urnas en las próximas elecciones autonómicas vascas. Por el contrario, su inmovilismo frente a las decisiones de la organización armada vasca, del colectivo de presos políticos vascos y de la propia izquierda abertzale que lidera todo el proceso, ha llenado de votos abertzales las urnas.

Legalización condicionada

Siendo una clara conquista de la movilización, no podemos dejar de señalar que la sentencia del Tribunal Constitucional es una legalización condicionada ya que establece toda una serie de causas por las que se podría revertir en el futuro, en un acto sin precedentes. La sentencia señala que “un partido político vulnera los principios democráticos y legitima la violencia terrorista cuando, con desprecio del orden constitucional, supedita su rechazo a la consecución negociada de objetivos políticos que solo pueden alcanzarse con procedimientos democráticos". Además, no se podrán utilizar expresiones tendentes a "comparar la violencia terrorista con la coacción legítima por parte del Estado”, “no resultan admisibles comunicados ambiguos sobre la equidistancia entre el Estado y el terror" y tampoco estará permitido equiparar a las víctimas con los presos, a los que no se podrá presentar “como víctimas o héroes”. De esta manera, el Estado se guarda un as en la manga a utilizar si consideran necesario, levantando una espada de Damocles constante sobre la espalda de la izquierda abertzale.

El PP trata de sembrar el miedo a ETA refrescando continuamente en los medios de comunicación las imágenes de sus atentados más impopulares y sangrientos. Pero no hay vuelta atrás. Sortu (Amanecer) ha dejado muy claro, más claro aún de lo que muchos podían esperar, su determinación y apuesta por las vías exclusivamente políticas. En sus estatutos se niega hasta siete veces el apoyo a ETA. Por si esto fuera poco, se dice en el preámbulo: “Mostramos nuestra voluntad y deseo de contribuir con el resto de agentes políticos, sociales y sindicales: A la definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia, en particular, la de la organización ETA. A la suspensión de las consecuencias de toda violencia y terrorismo, en pro de la paz, justicia y reconciliación de la sociedad vasca. Al reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias que han tenido presencia en nuestro pueblo en las últimas décadas”.  Se señala, en definitiva, su compromiso exclusivo por las vías políticas no sujeto a variables tácticas o factores coyunturales.

Por si no fuese suficientemente claro, en el artículo 3 de sus estatutos, referido a la democracia interna y actividad externa, Sortu señala que en su estrategia independentista y socialista “no hay cabida para forma alguna de actuación violenta ni para conductas que le sirvan de complemento y apoyo político”. Y aún más: “Sortu desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que abiertamente y sin ambages incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas”, y afirma que sus cargos mostrarán su “rechazo firme e inequívoco de todo acto de violencia y terrorismo y de sus autores”, “rechazo de las diferentes formas de manifestación de la violencia y el terrorismo”, “rechazo a quienes fomenten, amparen o legitimen los actos de terrorismo oponiéndose de manera clara y expresa, a cualquier justificación conceptual y cobertura ideológica de los mismos (…) Rechazo de cualquier clase de connivencia política y organizativa con la violencia con las formaciones y los instrumentos políticos que han sido ilegalizados por razón de esa connivencia, así como con cualquier manifestación del fenómeno terrorista”. Y por si alguien tuviera aún la más mínima duda de la profundidad del giro, el artículo 11, relativo al régimen disciplinario, dice que: “se considerará como falta muy grave y será sancionada con la expulsión del partido la realización de alguna de las conductas previstas en el artículo 9 de la Ley de Partidos”.

La legalización de Sortu deja en evidencia una larga trayectoria de más de una década de profundos recortes de los derechos democráticos y abusos, más tarde reconocidos, como el cierre de Egunkaria. De detenciones y condenas arbitrarias contra jóvenes por el único delito de defender posiciones independentistas. De cambios en la legislación penal para aumentar las condenas y ampliar los años de encarcelamiento. De leyes represivas que, con la excusa de luchar contra el terrorismo, hoy son aplicadas contra el movimiento obrero y juvenil, a los que luchan contre los recortes, como ha puesto escandalosamente de relieve las detenciones de decenas de sindicalistas y jóvenes por su participación en la huelga general del pasado 29M. De una ley de Partidos antidemocrática y reaccionaria, que ha impedido a cientos de miles de ciudadanos vascos ejercer sus derechos democráticos y que fue apoyada, en su momento, por el PSOE, y ejecutada en la práctica por el PNV y EA cuando estaban al frente del gobierno vasco.

No hay ninguna razón para que quienes han liderado este proceso desde dentro de la izquierda abertzale como Arnaldo Otegi, Rafa Díaz y los implicados en el caso Bateragune, continúen en la cárcel. Tampoco hay razón para que se mantenga la Ley de Partidos, la Ley Parot y otras leyes represivas aprobadas con la excusa de la lucha contra ETA, y que sigan alejados a los presos políticos vascos de las cárceles de Euskal Herria. Es vergonzoso que abiertamente se les utilice a ellos y a sus familiares como rehenes. Exigimos que se derogue la Ley de Partidos y toda la legislación antiterrorista como la doctrina Parot, y se respeten los derechos democráticos de los presos políticos vascos acercándolos inmediatamente a las cárceles de Euskal Herria.

La apuesta decidida de la izquierda abertzale por la lucha política tiene un motor de fondo: la participación masiva y creciente de las masas en la defensa de los derechos democráticos y sociales contra las consecuencias de una crisis capitalista catastrófica. Las grandes movilizaciones revolucionarias en América Latina; las huelgas generales masivas en Europa, en Grecia, Francia, Irlanda, Portugal, en el Estado español, y en Euskal Herria en particular; y el movimiento extraordinario e inspirador de la revolución en  el Norte de África…ponen en evidencia que los grandes cambios sociales se producen como consecuencia de la acción directa de las masas cuando toman en sus manos el destino de sus propias vidas, y no en los métodos contraproducentes del terrorismo individual.

Como advertimos desde El Militante al inicio de este proceso, los obstáculos más grandes provendrían de las filas de la reacción. De los sectores que obtienen grandes beneficios políticos, e incluso materiales, de la existencia del terrorismo individual; y del aparato del Estado, que ha aprovechado la existencia de ETA para sacar adelante una cadena de leyes regresivas y recortes de los derechos democráticos que afectan al conjunto del movimiento obrero. La ofensiva contra los derechos democráticos no iba dirigida en exclusiva contra la izquierda abertzale. Ahora es más fácil verlo en perspectiva, cuando el 15M, los mineros, dirigentes sindicales del SOC la CGT, la CSI, el Sindicato de Estudiantes y cualquier organización combativa está en el punto de mira de la represión del Estado burgués. Por ello la bandera de la defensa de los derechos democráticos debe ser levantada por las organizaciones de la clase trabajadora en todo el Estado.

La legalización de Sortu es un inequívoco paso adelante que permitirá a la izquierda abertzale estructurarse como organización política con congresos, sedes, etc. Sin embargo, también existen peligros en la nueva coyuntura que se abre. Si la dirección de la izquierda abretzale continúa mirando casi en exclusiva al frente electoral, buscando alianzas con sectores de la burguesía nacionalista como Eusko Alkartasuna (EA), o incluso el PNV, a costa de rebajar el contenido socialista de su programa, las consecuencias negativas pueden aparecer con rapidez. Esta estrategia, de no corregirse, les podría llevar a la misma situación que vive el Sinn Féin en Irlanda del Norte: abandonar la lucha que emprendieron en su día por transformar la sociedad y verse implicados en una política procapitalista, dictada desde Londres y nefasta para las masas irlandesas.

La izquierda abertzale puede jugar un importante papel si se orienta decididamente a la clase trabajadora con un programa de independencia de clase y auténticamente socialista —ninguna confianza en organizaciones burguesas como EA o el PNV—. Para ello es fundamental apoyarse en la mayoría sindical vasca para continuar la lucha emprendida en las huelgas generales contra los recortes sociales. La historia de la lucha por el derecho de autodeterminación de Euskal Herria y la conquista de sus derechos democráticos es clara: sólo podrán alcanzarse si se vinculan al combate con el conjunto de los trabajadores del Estado español y francés por la transformación socialista de la sociedad. Por otra parte, también es necesario recuperar por parte de las organizaciones de clase, políticas y sindicales en todo el Estado, la defensa del derecho de autodeterminación para las nacionalidades históricas, Galicia, Euskal Herria y Cataluña, vinculándolo a la unidad más sólida y amplia del movimiento obrero y no la impuesta por el Estado burgués.