Indulto a los torturadores, desprecio a las víctimas

A raíz del aumento de la movilización social en los últimos años hemos visto un importante incremento de la represión a quienes luchamos contra este sistema injusto y este gobierno de corruptos al servicio de los grandes capitalistas. La Ley Mordaza, los tuiteros y raperos que van a la Audiencia Nacional, los más de 300 sindicalistas que están a la espera de juicios, los miles de euros en multas contra activistas sociales simplemente por protestar... son un ejemplo de esta avalancha represiva. Paralelamente se ha producido un importante aumento de la tortura: entre 2004 y 2015, se calculan 6.600 casos de tortura o maltratos policiales, según la Coordinadora de Prevención para la Tortura.

El pasado 20 de abril, el diario Público presentó un informe al respecto señalando que bajo los gobiernos de Felipe González, Aznar y Zapatero se indultó a 39 policías y guardias civiles encarcelados por torturas. La mayoría de los condenados lo fueron por torturas contra miembros de ETA y de la izquierda abertzale, contra inmigrantes y contra activistas de la izquierda. Tras los susodichos indultos, muchos de estos individuos pasaron a ser asesores de los respectivos gobiernos en la lucha antiterrorista. Es el caso del actual jefe de la policía de Cantabria, Héctor Moreno García, condenado por torturas en Madrid en 1994 e indultado por el PP cuatro años después. Incluso uno de los indultados, José María de las Cuevas Carretero, fue elegido por Mariano Rajoy (en su etapa como ministro de Interior) para recibir al Comité Europeo de Prevención de la Tortura. Una cruel ironía, ¿o no?

La tortura policial: del franquismo...

Durante los años de la dictadura franquista, la represión contra la oposición política y el movimiento obrero y estudiantil fue uno de los pilares fundamentales para mantener el régimen. Y entre las formas de represión, la tortura policial era algo habitual. La Dirección General de Seguridad (DGS) —que se encontraba en la Puerta del Sol, en el palacio que actualmente es sede del gobierno de la Comunidad de Madrid— era el lugar donde se practicaban muchas de estas torturas. En un principio, los detenidos sólo podían estar 72 horas allí. Pero muchas veces se saltaban dicha norma gracias a los estados de excepción que el franquismo promulgaba. La tortura era aplicada por la conocida popularmente como Brigada Político Social, la policía política del franquismo. La encargada de reprimir las movilizaciones era la Policía Armada (lo que hoy en día es la Policía Nacional).

En la DGS y en las comisarías de policía, en los cuartelillos de la Guardia Civil y en las cárceles se practicaban torturas como la del electricista, que consistía en aplicar electrodos en partes mojadas del cuerpo; la cigüeña, en la que se esposaba por debajo de las rodillas al detenido y se le tenía en cuclillas; el tambor, que consistía en poner un cubo encima de la cabeza al detenido y golpearlo; o la bañera, donde se metía la cabeza del detenido en un cubo de agua que contenía orín. Y, cómo no, los clásicos insultos y palizas entre varios policías.

Estas torturas se llevaron a cabo durante toda la dictadura franquista. Así describe Antonio Palomares, militante de Comisiones Obreras en Valencia, cómo le torturaron en 1968 en la Jefatura Superior de Policía:

“Ya en el coche que me llevó a la Jefatura recibí dos puñetazos. Al llegar a la Jefatura, fui llevado al primer piso, donde después de varios golpes en el vientre se me quitó la chaqueta y se me ató a una cama metálica por ambas muñecas, con unos brazaletes provistos al efecto, y varios hombres presionando sobre mis piernas me ataron los pies, descalzándome el pie izquierdo, donde se me aplicó una especie de electrodo”.

Ninguno de los policías que utilizaron esta violencia sádica, ni sus mandos, ni los responsables políticos bajo cuya jurisdicción actuaban fueron llevados a juicio. Ni durante la Transición, ni en las décadas posteriores. Con la Ley de Amnistía de 1977 fueron “perdonados” todos los delitos de sangre y de torturas cometidos por funcionarios públicos durante el régimen franquista. La mayoría de los policías que participaron en la represión no sólo no fueron depurados sino que ascendieron en el escalafón policial, como agradecimiento a los servicios prestados a la dictadura franquista y a los grandes capitalistas. Una gran mayoría de ellos fueron utilizados para luchar contra ETA y las organizaciones de la izquierda.

Policías torturadores, odiados por el movimiento obrero y estudiantil, como Roberto Conesa (jefe de la Brigada Político Social en 1972), Manuel Ballesteros (miembro de la BPS en Valencia), Claudio Ramos (jefe de la BPS en Asturias), José Sainz (jefe de la BPS en Bilbao) o Antonio González Pacheco Billy el Niño tuvieron puestos muy relevantes en la supuesta policía democrática de la Transición, incluso en los gobiernos del PSOE de Felipe González, poniendo los cimientos para lo que después serían los GAL y el terrorismo de Estado.

... a la actualidad

Durante los años de la Transición, entre 1975 y 1982, hubo 54 muertos a manos de la policía en manifestaciones, y otras siete personas murieron a causa de las torturas en comisarías y en las cárceles, aunque este número es incompleto por la dificultad de acceder a los datos reales sobre muertes en las prisiones. Por supuesto, miles de personas siguieron sufriendo torturas como en el franquismo, ya que ni Adolfo Suárez ni después Felipe González depuraron el aparato del Estado de elementos reaccionarios. Así justificaba Martín Villa, ministro de Gobernación (Interior) en 1977 su actuación:

“Se me criticó por haber utilizado a algunos de los hombres, excelentes profesionales, que procedían de las antiguas brigadas sociales. Pero en la difícil etapa de los secuestros de Oriol y Villaescusa, que coincidió, además, con múltiples problemas de orden político y con actuaciones terroristas, la actuación del comisario Conesa, por ejemplo, resultó de gran eficacia. Mis despachos con él, en aquellos tiempos, eran diarios”.

La mayoría de estos policías no sólo no fueron enjuiciados por sus crímenes, sino que recibieron medallas al mérito policial. Muy pocos casos han llegado a los tribunales y aunque se llegue a meter en prisión a algunos de los torturadores, se les indulta posteriormente. Y es que los gobiernos de nuestro país, al servicio de los grandes capitalistas, están muy agradecidos por los servicios prestados por estos policías. Ahora, cuando las tendencias bonapartistas y reaccionarias del gobierno del PP se acentúan, este tipo de policías siguen siendo valiosos para reprimir los movimientos sociales y la rebelión social. Desde Izquierda Revolucionaria exigimos la depuración del aparato del Estado de elementos reaccionarios y fascistas, que se juzguen los crímenes del franquismo y se acabe de una vez por todas la impunidad policial.

¡Basta de represión policial!

¡Basta de impunidad!

¡Verdad y reparación para las víctimas!

¡Torturadores y corruptos a prisión!


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