“Una nueva etapa en el mundo del transporte aéreo en nuestro país se abre paso. El primer aeropuerto internacional privado de España comenzará sus operaciones en otoño-invierno. Tras diez años de trámites administrativos, finalmente Castilla-La Mancha tiene su aeropuerto, un moderno complejo aeronáutico con todos los servicios de una gran ciudad”. Así rezaba la nota de prensa emitida por el Aeropuerto de Ciudad Real en junio de 2008. Dos años y medio después se ha evidenciado lo que desde un primer momento parecía obvio: No era necesario un aeropuerto en Ciudad Real.
El ya expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha intentando diferenciarse públicamente de la política del Gobierno Central. Pero estas palabras no iban más allá de un intento desesperado para intentar que el PSOE volviera a ganar las elecciones en Castilla-La Mancha. En realidad cuando se analiza en profundidad la política del PSOE en esta comunidad, no hay diferencias fundamentales con la del Gobierno Central. Un claro ejemplo de esto es lo ocurrido con el Aeropuerto de Ciudad Real, donde después de vanagloriarse de que éste era el primer aeropuerto privado del Estado español, tuvo que destinar una cantidad obscena de dinero para salvaguardar las inversiones de unos cuantos empresarios, mientras que permiten impunemente que se cierren centenares de empresas de la región (Avicu, Progalsa,…en Guadalajara) sin mover ni un solo dedo para evitarlo.
La propia idea de un aeropuerto en esta zona del Estado si miramos los datos demográficos no parece tener mucho sentido. Según el INE, la provincia de Ciudad Real, tiene 529.453 habitantes, distribuidos fundamentalmente en pequeñas poblaciones. En enero de 2010 tan sólo había dos municipios en la provincia que superaran los 50.000 habitantes y tres que superaran los 20.000. El aeropuerto está situado a unos 20 kilómetros de la capital y a unos 30 de Puertollano, la segunda ciudad más poblada de la provincia. Entre las dos tan sólo suman 127.000 personas. Con estos datos encima de la mesa, cualquier persona normal podría pensar que no merecía la pena construir un Aeropuerto allí. Pero, una vez más, la posibilidad para unos pocos de hacer negocios y especular se situó por encima del sentido común.
Pagando con fondos público un proyecto absurdo
El proyecto del aeropuerto iba mucho más allá de dar servicio a los ciudadanos de la provincia. Buena prueba de ello es que se construyera una de las pistas más largas de Europa y unas instalaciones dimensionadas para acoger a unos dos millones y medio de pasajeros al año. Una cifra totalmente desproporcionada. Para que estas previsiones se cumplieran todos los habitantes de la provincia deberían al menos utilizarlo cinco veces al año. Los datos cosechados en estos dos primeros años de existencia del aeropuerto han sacado a la luz la realidad: durante el año pasado, según las estadísticas del propio aeropuerto, pasaron por allí 33.520 pasajeros, es decir, una media de 2.800 al mes y 93 al día. Mientras tanto, de los 3.000 empleos que se iban a generar se crearon alrededor de 100, que el 5 de marzo entraron en un ERE de 6 meses para una parte de la plantilla y se redujo el 15% del salario y la jornada para el resto. La realidad es que el aeropuerto está en bancarrota.
La construcción del aeropuerto de Ciudad Real supuso una inversión de 500 millones de euros de los cuales Caja Castilla-La Mancha aportó alrededor de 200. Recordemos que después tuvo que ser intervenida por el Banco de España y que ahora se están investigando las presuntas operaciones irregulares en su seno en relación con préstamos concedidos a diversos empresarios, entre los que destaca Domingo Díaz de Mera, uno de los promotores del aeropuerto de Ciudad Real. Recientemente, la Junta tuvo que inyectar 140 millones más para compensar las enormes y constantes pérdidas del aeropuerto. Fruto de la aportación de los fondos públicos, es decir, a costa del dinero de la clase trabajadora, se han salvaguardado los intereses económicos de las grandes empresas como Iberdrola, Isolux Wat o el Grupo Galco. Mientras, los recortes sociales continúan.
