Con la llegada de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), los segundos del PSOE, el Gobierno ha puesto a trabajar a destajo a toda su maquinaria propagandística para presentarlos como unos presupuestos con un remarcado carácter “social”, al igua Con la llegada de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), los segundos del PSOE, el Gobierno ha puesto a trabajar a destajo a toda su maquinaria propagandística para presentarlos como unos presupuestos con un remarcado carácter “social”, al igual que ya ocurriera con los del año 2005. Sin embargo, al igual que analizábamos hace un año en estas páginas, los presupuestos de Solbes difieren muy poco de los presentados por la derecha.

Dos varas de medir

Lo primero que llama la atención, y es un elemento que identifica claramente la línea estratégica de la política económica del gobierno, es que se nos dice que los aumentos que hay en algunas partidas se producen por el incremento de los ingresos tributarios, sobre todo a través de los impuestos indirectos (El País, 28-9-2005), es decir, impuestos que pagan todos por igual, independientemente de la renta. En esa línea, hace pocas semanas subieron los impuestos del tabaco y el alcohol. Sin embargo, nada se hace para cambiar una realidad escandalosa: el 78% del total de los ingresos del Estado provienen de las rentas del trabajo. Por contra, las rentas del capital se van a beneficiar una vez más en 2006 por el impuesto de sociedades, del que se espera una cierta moderación respecto a 2005 (El País, 28-10-2005). ¡Toda una declaración de intenciones!

Si hay algo que a Solbes no se le puede criticar es la falta de claridad, sobre todo cuando habla para la burguesía. El 24 de octubre hacía la siguiente advertencia, recogida por el diario Cinco Días: “Con las actuales cuentas habrá que mantener a raya el incremento salarial para que las tensiones inflacionistas no acaben jugando una mala pasada”. No es ningún descubrimiento por nuestra parte que el poder adquisitivo de los salarios ha ido cayendo años tras año. En este sentido, suena a broma pesada la subida salarial del 3,1% para los funcionarios, prevista para 2006, cuando la inflación real para 2005 se situará previsiblemente en torno al 4% y son el sector más castigado por la pérdida de poder adquisitivo. Solbes, siempre preocupado por el equilibrio presupuestario cuando habla de los salarios, no tuvo ningún inconveniente en afirmar, en relación con las infraestructuras públicas, que es partidario de que “las obras rentables las haga el inversor privado y las que no lo sean, el presupuesto” (Cinco Días, 17-10-2005). Es decir equilibrio presupuestario pero con dos varas de medir.

Presupuestos sociales: ¿realidad o humo?

En cuanto al tan cacareado aumento del gasto social, en noviembre de 2004 escribíamos: “En realidad el concepto gasto social es muy ambiguo, ya que incluye el dinero que el estado da directamente a empresas y entidades privadas que estén relacionadas o supuestamente relacionadas, con las necesidades sociales. Otro elemento que distorsiona las cifras es el hecho de que capítulos tan fundamentales como la educación, la sanidad o la vivienda, tienen transferidas las competencias a las Comunidades Autónomas. Así, muchos capítulos gestionados por el gobierno central tienen un incremento muy vistoso al tratarse de cuantías muy pequeñas, inciden en la realidad de forma muy limitada”.

Este párrafo es plenamente vigente hoy al analizar los presupuestos de 2006. Sólo añadiremos que les sirve para maquillar sus verdaderas prioridades, que se ven claramente, por ejemplo en que el pago de los intereses de la deuda pública (dinero que va en su mayoría a los bolsillos de los banqueros), sigue suponiendo el 13% del presupuesto, 17.443 millones de euros.

Las grandes cifras

y la realidad

de los trabajadores

Analizando las subidas en las partidas más sociales y teniendo en cuenta las salvedades anteriormente planteadas, vemos como realmente no solucionan absolutamente nada, ni siquiera suponen una mejora perceptible.

La dotación presupuestaria para sanidad crece un 8,5%, hasta llegar a 3.959 millones de euros, pero “…las nuevas aportaciones del Estado a la financiación de la sanidad o a la de los municipios están destinadas a mejorar las cuentas y reducir la deuda del resto del sector público. No van asociadas a un mayor gasto real” (Cinco Días, 24-9-2005). Seguirán las listas de espera, las aglomeraciones, las malas condiciones de trabajo de los profesionales y por supuesto las millonarias transferencias a los empresarios de la sanidad privada-concertada.

El presupuesto de educación se incrementa un 16,6%. Esta subida tendrá el mismo efecto que la gota de agua que cae en una plancha ardiendo. La realidad es que el gasto total en educación (incluido el de las Comunidades Autónomas) ha ido perdiendo peso en relación al PIB (en 1995 suponía el 4,61% mientras que en 2005 su peso era del 4,30%), si a esto añadimos el incremento del trasvase de recursos públicos a los empresarios de la educación privada concentrada, podemos entender el paulatino deterioro de la enseñanza pública en nuestro país.

En cuanto a la aireada subida de las becas en un 9,6%, los datos vuelven a poner las cosas en su sitio: mientras en el curso 1995-96 el número de becarios era de 927.586, la cifra estimada para el curso 2005-06 es de 580.196. ¿Dónde está la ayuda al estudio y el esfuerzo sin precedentes del que tanto se habla?

Las pensiones mínimas suben entre un 6,5% y 8%. Pero si tenemos en cuenta que estas van desde 132 por orfandad, hasta 786 por incapacidad permanente con gran invalidez, comprobaremos que el avance es prácticamente imperceptible. Por su parte las no contributivas, aunque este punto sigue en negociación, subirán un 2%.

Mientras, el salario mínimo sube un 5%, pasando de 513 euros a 539, incremento que poco mejorará el nivel de vida de sus perceptores.

El gasto destinado a vivienda crece un 20,6%. Subida espectacular, si no fuera por su ínfima cuantía. Pasa de 878 millones de euros a 1058,97 millones. Según Cinco Días del 24 de octubre, esto dará fundamentalmente para ayudas al alquiler para 6.000 inquilinos y para 2.500 propietarios. Mientras, las grandes inmobiliarias podrán seguir engordando sus bolsillos a costa del sacrificio de millones de trabajadores por la falta de viviendas públicas con precios asequibles.

En la prensa podemos leer: “uno de cada cuatro euros que se gasten el año que viene en I+D irá destinado a programas militares, esta partida supone más que la investigación científica, sanitaria, agraria, oceanográfica y pesquera juntas” (El País 5-10-2005). Más claro el agua. Pero aquí no queda todo lo referente al famoso I+D. La mayoría de la exigua partida restante va a programas ya existentes, de los que el sector privado se beneficia en gran parte. Un mínimo análisis del “gran esfuerzo en I+D”, hace que este aparezca como un gran globo que se desinfla rápidamente.

PGE 2006: la transición hacia más de lo mismo

Con este análisis pensamos que queda demostrado que los presupuestos de 2006 favorecen a los grandes capitalistas a costa de que los trabajadores sigamos sufriendo un deterioro paulatino de nuestras condiciones de vida. Para no oponerse a los presupuestos de 2005, IU, CCOO y UGT argumentaron el año pasado que eran unas cuentas condicionadas por la política del gobierno anterior y que se trataba de unos presupuestos de transición hacia unos socialmente más progresistas en el futuro.

Estamos ante los segundos presupuestos de esta nueva etapa de gobierno de la socialdemocracia, ya no cabe hablar de transición, ni de condicionantes previos. Sin embargo la valoración de los sindicatos y de IU, no difieren fundamentalmente de la mantenida el año pasado. UGT “considera que la orientación de los PGE de 2006 es positiva y satisfactoria”; IU renuncia a presentar una enmienda a la totalidad, habla de avances en la negociación y confía en los contactos que mantendrá con el grupo parlamentario socialista para modificar algunos aspectos, lo que es indudablemente indicativo de que las bases generales las considera correctas; por su parte CCOO es la que ha mostrado más recelo declarando que “no es el adecuado (el proyecto de PGE) para afrontar de manera ambiciosa las deficiencias de la economía española en cuanto a competitividad y consolidación de las políticas sociales”, pero tampoco hay una crítica clara a lo que son sus líneas maestras y ninguna declaración que pueda llevar a pensar que están dispuestos a movilizar para conseguir que sean los “apropiados”. La realidad, desde nuestro punto de vista es inapelable y no deja lugar a dudas: la línea estratégica de la política económica del gobierno PSOE, que quedó meridianamente clara con el presupuesto de 2005 se profundizará en el año 2006.

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