Unas 12.000 personas nos manifestamos el 28 de octubre en una contundente demostración de determinación contra la violencia fascista y su impunidad por parte del Estado. Como el 9 d’Octubre, grupos fascistas llamaron a impedir esta movilización, intentando crear un clima de terror. No consiguieron evitar una combativa manifestación convocada por numerosas organizaciones de la izquierda y colectivos sociales.

El 9 d’Octubre, día oficial de la comunidad autónoma, una contramanifestación de cientos de personas con las banderas monárquicas españolas y con elementos fascistas a la cabeza, intentó reventar violentamente la tradicional manifestación de la izquierda. En esta ocasión, tenía como lema la defensa de la lengua y, obviamente, también se denunció la brutal represión policial en Catalunya el 1 de octubre y se defendió el derecho a decidir. Alrededor de 200 fascistas se apropiaran de la plaza Sant Agustí (inicio de la manifestación) una hora antes, amedrentando a todo el que pasaba por ahí y agrediendo físicamente a decenas de personas que acudíamos a una manifestación comunicada oficialmente.

Todo ante la absoluta pasividad de la policía nacional que no realizó ninguna detención, ¡ni siquiera identificación!, a pesar de que muchos de estos energúmenos son conocidos miembros de Yomus, como su líder Vicente Estruch, y otros grupos fascistas de la ciudad. Sólo la presión social ha obligado a que posteriormente la policía identificara a alguno de ellos.

Finalmente, y pese al acoso, la manifestación se realizó. Las agresiones verbales fueron continuas durante todo el recorrido, destacando las sufridas por las mujeres. Insultos de “zorra, gorda, fea, golfa” y amenazas como “llevaos a esa perra entre los dos, la violáis y la tiráis a la cuneta”* fueron proferidos también impunemente por esta gentuza.

Estos hechos son un paso cualitativo en el proceso de aumento de la violencia fascista y de su impunidad. La mañana del 9 de octubre, convirtieron la tradicional Processió Cívica en un acto de repudio del alcalde Joan Ribó, de la vicepresidenta Mónica Oltra y de los dirigentes de la izquierda en general. El 25 de septiembre 50 fascistas acosaron a los asistentes a un acto en solidaridad con el pueblo de Catalunya, y la noche del 18 de octubre un grupo de España 2000 hizo un escrache en el domicilio de Mónica Oltra, un acto gravísimo que ha quedado, una vez más, impune.

Una larga historia de impunidad fascista

La connivencia del aparato del Estado y, en particular, el PP, con la extrema derecha, es un secreto a voces. Durante la transición y en los primeros 80, al terrorismo fascista, causante de muertes como el joven militante Miquel Grau, hay que sumar las acciones violentas de los grupos blaveros en la denominada batalla de Valencia. Esta última fue una estrategia de dirigentes de la UCD para frenar a la izquierda valenciana estimulando los prejuicios anticatalanes, y alimentó acciones como la colocación de bombas en los domicilios de escritores nacionalistas como Joan Fuster y Manuel Sanchis i Guarner (el primero abandonó a raíz de eso su actividad política) y en diferentes librerías, el acoso y la agresión en las manifestaciones de la izquierda, etc. El Grup d’Acció Valencianista (GAV), donde recalaron muchos matones de las bandas franquistas, fue protagonista de estos hechos, y ha gozado de una absoluta impunidad, manteniendo sus acciones al menos hasta 2008.

En 1993 un hecho conmocionó a la izquierda valenciana. Guillem Agulló, joven de 17 años y militante de la izquierda independentista, fue asesinado por un grupo de cinco fascistas. Oficialmente se vendió como una pelea callejera, cuando estos terroristas identificaron a Guillem de vacaciones en un pueblo y se dieron cita allí para matarle. De los cinco, cuatro fueron absueltos, y el único condenado, Pedro José Cuevas el Ventosa, de su pena de 14 años de cárcel sólo cumplió 4 por “buena conducta”.

La impunidad de estos grupos es manifiesta. Según el informe Raxen del Movimiento contra la Intolerancia, desde 2007 hay alrededor de 600 agresiones fascistas anuales. Cuando son llevados a juicio, les acoge un manto protector. Así pasó en 2005; fue desmantelada la Hermandad Nacional Socialista Armagedón, pero sus miembros fueron absueltos (a pesar de todas las evidencias) de pertenencia a banda armada, tenencia ilegal de armas y participación en incendios de locales de partidos políticos. Más grave aún fue el juicio de la Operación Pánzer, en 2014, nueve años después del desmantelamiento del Frente Anti-Sistema (FAS). Al FAS se le intervino un arsenal de armas y participaban militares y militantes de España 2000. El grupo se financiaba de la venta de armas (sustraídas en parte al Ejército) a bandas afines. Todos los acusados, incluyendo el Ventosa, fueron absueltos al anularse las grabaciones telefónicas, a la vez que el juez recriminaba a los investigadores policiales el seguimiento de web nazis… El FAS se reconvirtió en Alianza Nacional, y los fascistas absueltos reclamaron la devolución de las armas y una indemnización. Más escandaloso si cabe: en abril de 2017, el Consejo General del Poder Judicial les daba la razón**.

España 2000. Conexiones del PP y ‘el Cojo’

El individuo que mejor representa la continuidad del Estado franquista con el PP y el actual aparato estatal es José Luis Roberto, el Cojo, dueño del grupo empresarial Levantina y jefe de España 2000. Afiliado a Falange, profesor de Espíritu Nacional en el franquismo, director de colegio público del Ministerio de Defensa, militar hasta 1996, tertuliano de Canal 9 durante la larga época del PP en la Generalitat…  su empresa Levantina de Seguridad, conocida en el sector por ser líder en denuncias y sentencias por palizas, fue contratada por la anterior Generalitat para la vigilancia de organismos oficiales, incluyendo institutos. Levantina de Seguridad ha sido condenada por presionar a sus vigilantes para formar parte de la Falange. Este grupo incluye una red de gimnasios, donde se promocionan artes marciales extremas y en especial vale-tudo, y es por tanto escenario ideal para el entrenamiento de fascistas. También cuenta con una academia de seguridad, donde han dado clases incluso a policías locales de ayuntamientos gobernados por el PP.

La nauseabunda actividad empresarial de El Cojo se extiende a los puticlubs. En 2002 fomenta la creación de Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA), vendiendo sus buenos contactos con administración y policía para convertirse en su dirigente. Como cuenta en Los amos de la prostitución Joan Cantarero, que se infiltró cuatro años allí, esa posición le sirvió a José Luis Roberto para financiar España 2000. Esta organización fascista ha realizado incursiones en barrios como Russafa y Benimaclet, intentando aterrorizar a los vecinos y persiguiendo a inmigrantes o cualquiera con aspecto de izquierdas.

Las conexiones entre España 2000, Acción Radical (al que se incautó una lista de cien nombres de activistas gays y de izquierda), FAS, Armagedón, Falange, GAV, Alianza Nacional con sectores de la policía, el Ejército, la judicatura y, en general, el aparato estatal son una realidad. El aparato de Estado franquista nunca fue depurado, y hoy prepara sus armas más represivas contra el movimiento por los derecho democrático nacionales en Catalunya, pero también contra los activistas sociales y de la izquierda en todo el Estado, mientras difunde sus prejuicios más reaccionarios y llama a la acción a los sectores más atrasados de la sociedad.

Atemorizar y criminalizar a los que luchamos por mejorar nuestras condiciones de vida, y contra este sistema explotador. Éste es el objetivo de las bandas fascistas y de quienes les amparan. Frente a ello, nuestra fuerza es que somos muchos más y estamos determinados a continuar la lucha. ¡No pasarán!

* Levante, 17/10/2017.

** El País, 6/04/2017.


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