Desde que el PP asumió el gobierno en noviembre de 2011 hemos vivido una regresión autoritaria y ataques a nuestros derechos sociales sin precedentes: la Ley Mordaza, la contrarreforma laboral y del sistema público de pensiones, los recortes brutales a la sanidad y la educación públicas, la supresión de las ayudas a la dependencia, los desahucios, la extensión de la precariedad y de la pobreza, la violencia contra la mujer y las sentencias machistas, la corrupción, la explosión del nacionalismo españolista y la represión contra el pueblo de Catalunya… La ofensiva ha sido de gran calado.

Millones hemos luchado duramente en las calles para derogar todo este cúmulo de agresiones. Por eso mismo, entre amplios sectores de la población hay una sensación de alegría y alivio tras la caída de Rajoy, y esperanza en que las cosas pueden cambiar. Pero la experiencia nos señala que extender un cheque en blanco al PSOE es el mayor error que podemos cometer.

Queremos hechos, no gestos

En estas primeras semanas, tanto Pedro Sánchez como sus ministras y ministros están desarrollando una gran actividad mediática anunciando toda una serie de iniciativas. La decisión de permitir que el Aquarius, con 630 inmigrantes a bordo, haya atracado en Valencia ha sido un gesto muy aplaudido. Al mismo tiempo, Sánchez ha dejado claro que, en materia de inmigración, seguirá las pautas marcadas por la Unión Europea y ha respaldado la aberración del presidente francés Macron de crear campos de internamiento en suelo europeo. Ninguna palabra de acabar con los CIEs, ni poner fin a la expulsión de millones de inmigrantes y refugiados de Europa, o evitar la matanza de miles de ellos en las aguas del Mediterráneo.

El presidente del Gobierno ha manifestado también su intención de retirar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos antes de agosto, y anular de las cuatro condecoraciones policiales que acumula el torturador Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño. De llevarse a cabo estas medidas, concitarán un apoyo generalizado. Pero en este debate hay que mirar la verdad de frente. Una decisión que llega tan tardíamente, demuestra el escandaloso déficit democrático del régimen del 78, que ha garantizado la impunidad de los crímenes de la dictadura hasta el punto de que su simbología siga cubriendo la geografía.

La retirada de la momia de Franco es un paso, pero a éste deben seguir muchos otros. Es necesario que se dote de presupuesto estatal a la exhumación de los cuerpos de más de cien mil luchadores republicanos enterrados en fosas clandestinas, el enjuiciamiento de todos los fascistas implicados en la matanza contra el pueblo, y la reparación económica y moral para las víctimas y sus familias. ¿Hará eso el gobierno de Pedro Sánchez?

Diferentes ministras y ministros han anunciado que ven con buenos ojos trasladar a los presos políticos catalanes a cárceles de Catalunya. Incluso se ha abierto la puerta a la posibilidad de reagrupar a los presos de ETA en prisiones de Euskal Herria, empezando por los enfermos y los mayores de 70 años. Pero tampoco hay que olvidar que con estas decisiones se cumpliría con una legalidad que fue secuestrada por Rajoy y los tribunales de justicia, con el respaldo y beneplácito del PSOE.

¿Se acabarán los recortes y las políticas antiobreras?

Los guiños a la base social y electoral de la izquierda han sido muy calculados en estos primeros días. Por eso es necesario ir a lo sustancial, y no pasar por alto que las ministras y ministros de Pedro Sánchez han recibido el aplauso unánime del mundo de las finanzas, de la banca, de la patronal, de la UE, de los contertulios y editorialistas del sistema.

Desde el minuto cero el PSOE se ha comprometido a gobernar utilizando los presupuestos aprobados por Rajoy, lo que significa continuar la senda de los recortes sociales y la austeridad. En sanidad, por ejemplo, se ha anunciado el restablecimiento de la cobertura para la población inmigrante en situación “irregular” que suprimió el PP, pero esta medida, que no deja de ser importante, no va acompañada de más recursos públicos para recuperar empleo en el sector, acabar con las listas de espera y mejorar la calidad de las prestaciones. Todo lo contrario. Las movilizaciones masivas en Andalucía contra la política de demolición y privatización de la sanidad pública, llevada a cabo por Susana Díaz, es un ejemplo claro de lo que decimos.

Las declaraciones de la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, también han sido transparentes: “la reforma laboral no se puede derogar alegremente. Hay que analizarla en su conjunto y ver cuáles son los aspectos que consideramos de manera dialogada y consensuada que hay que derogar. No es lo mismo estar en el gobierno que en la oposición”. Por su parte, la ministra de Economía, Nadia Calviño, cuya designación ha sido recibida con euforia por la gran banca, se presentó en la última reunión del Eurogrupo con los deberes hechos: “El presupuesto que ha presentado el gobierno de España en abril [es decir Rajoy] tiene un objetivo de déficit del 2,2%. No tengo ninguna razón para cambiar ese objetivo”.

El gobierno de Sánchez ha descartado la derogación íntegra de la Ley Mordaza, lo que significa mantener la involución autoritaria que criminaliza a los movimientos sociales y la izquierda combativa, lamina la libertad de expresión y envía a prisión a luchadores, tuiteros y raperos.

En cuanto al “feminismo” del que presume el nuevo Ejecutivo, lo que hemos visto tras la puesta en libertad de La Manada ha sido sencillamente para llorar. Tanto la vicepresidenta como la ministra de Justicia han declarado públicamente su absoluto respeto por las “decisiones judiciales”, es decir, que amparan a los jueces y juezas que han colocado una diana a la espalda de las mujeres dando vía libre a los violadores y maltratadores.

Las muestras de sumisión ante esta casta intocable, cuya función es velar por el orden establecido, se repiten en la ministra de Educación, Isabel Celaá, pero en esta ocasión hacia la Iglesia Católica y la patronal de la enseñanza privada concertada. Esta celosa defensora del negocio educativo ha manifestado que no derogará la LOMCE, despreciando así la lucha masiva de la Marea Verde, y en todo caso abrirá negociaciones con “los interlocutores sociales afectados” para concluir un “gran pacto de Estado”. Mientras tanto, la enseñanza pública, desde infantil hasta universidad, seguirá siendo pasto de la privatización, la elitización y la degradación impuesta por la escasez de medios materiales y el despido de miles de docentes.

Material combustible

La burguesía ha puesto buena cara al mal tiempo y jugará a fondo la baza del PSOE para dotar de estabilidad al régimen y, en la medida de lo posible, llevar adelante su agenda de ataques. Para esta tarea vuelven a contar con la inestimable ayuda de los dirigentes de CCOO y UGT, que han tardado muy poco en firmar un pacto salarial con la patronal con el que renuncian a luchar por la recuperación del poder adquisitivo y se comprometen a “garantizar” la paz social.

También la posición de los dirigentes de Unidos Podemos favorece esta estrategia. Pablo Iglesias no sólo ha renunciado a impulsar la movilización social, parece que ha asumido el cargo de ministro sin cartera preparando a Podemos para el día en que puedan entrar en un gobierno de coalición con el PSOE, aunque eso les lleve a repetir la trágica experiencia de Tsipras en Grecia.

Es pronto todavía para trazar una perspectiva cerrada. Pedro Sánchez carece de la autoridad que otros dirigentes de la izquierda reformista tenían en el pasado, y los acontecimientos de estos años no han pasado en balde. Es posible que la intensidad de la lucha social sufra un cierto paréntesis con el cambio de gobierno, pero en la medida que las condiciones de vida de la mayoría de la población no experimenten un cambio digno de tal nombre, y que muchas expectativas se vean frustradas, será muy corto. El material combustible acumulado en los cimientos de la sociedad es de una envergadura colosal.


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