Quiero recordar aquella frase del señor Cañete, cuando era ministro de agricultura en el gobierno del PP, afirmando que el Plan Hidrológico Nacional iba a “aprobarse por huevos” y que iba a ser “un paseo militar”. Dentro del PHN el trasvase fue la medida estrella. ¿Por qué esta actitud del gobierno del PP? Como gestor eficaz de los oscuros negocios de las constructoras y de la especulación de la renta del suelo este punto fue central en su programa. El señor Zaplana tiene más olfato para negocios de este calibre que para los parques de ocio.
Aquel trasvase puso en pie a Aragón. No solamente por el hecho de trasladar el agua. Fue un factor decisivo cómo se iba a hacer y a qué precio, que es tanto como decir para quién iba destinada aquella agua que las desalinizadoras también garantizan, y además recorriendo menos kilómetros, lo que supone economizar pérdidas. Es lógico que la rentabilidad de llevar agua al Poniente almeriense, por ejemplo, es más rentable conduciéndola desde las instalaciones de Carboneras que desde Aragón.
No se entendió la política de trasvase del anterior gobierno, y ellos no fueron capaces de explicar el mezquino negocio que tenían entre manos. Lo único que estaba claro era la millonada que iban a embolsarse las constructoras con esta obra faraónica, pero no el precio del agua ni la eficacia del sistema. Antonio López, de la comunidad de regantes de Níjar, está convencido de que el precio del agua les saldrá a un precio más asequible con la opción de desalar agua desde Carboneras. Para Juan Manuel Morillas, pequeño agricultor del Poniente almeriense, el trasvase del Ebro no garantizaba el abastecimiento de agua para ellos, los pequeños productores que no podrían hacer frente al pago del agua que traería la obra. Sobre todo teniendo en cuenta el ridículo precio que les pagan por sus productos las distribuidoras y el acoso de los créditos bancarios que necesitan para seguir compitiendo en el salvaje mercado de la agricultura de exportación.
Aquel trasvase estaba pensado para el puñado de constructoras que se lucrarían haciendo esta obra, y después construyendo más hoteles y campos de golf en todo el Levante. Como excusa para esta política nefasta la derecha puso la necesidad de agua de los agricultores de las zonas receptoras del trasvase. El PP intentó maquillarlo todo con tintes de solidaridad patria. ¿Qué intereses de lucro habría en este proyecto para que viéramos al PP organizando manifestaciones en Valencia de apoyo al trasvase? Pero no tuvieron ningún éxito —a pesar de la paella que regalaban— en comparación con las protestas que provocó el trasvase del Ebro en Aragón.
La lógica social impone acabar con un trasvase que no solucionaría nada. El problema reside en los usos del agua y el enorme atraso técnico de los sistemas de regadío. Antes que un trasvase de esa envergadura —cuya eficiencia se puso en duda desde el principio— sería necesario un plan que permitiera mejorar los sistemas de regadío y un impuesto sobre el agua que gravara más justamente el preciado líquido. Que paguen más quienes más lucro obtienen con el agua. Y ya que estamos hablando del agua, también es necesaria una política que suprima la impunidad con la cual el capital destruye nuestra salud y el medio, contaminando ríos y mares: Aznalcóllar, Prestige...
¡Que todo el hormigón del trasvase del Ebro se use donde hace falta realmente!: en viviendas asequibles para los trabajadores y jóvenes, en nuevos institutos públicos, centros de salud, bibliotecas, casas de acogida para las mujeres que sufren malos tratos, etc.
