El problema de la financiación de la Iglesia viene, como muchos otros, de las concesiones que se hacen en la transición a la burguesía, al ejército y, no podía ser de otra manera, al poder eclesiástico, con los Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979, que comprometen al Estado español, ante otro estado como es la Iglesia Católica, a financiar las actividades de esta institución, ya sea a través de los impuestos, eligiendo cada cual si quiere que los suyos vayan destinados a la Iglesia, ya sea, como es lo que realmente pasa, mediante el pago directo por parte del Estado si no son suficientes los contribuyentes que en su declaración tachan la casilla de la Iglesia. Es decir que el Estado se compromete a sufragar totalmente a la iglesia católica. No estamos desde luego ante un ejemplo de laicismo democrático, sino más bien ante una de las rémoras franquistas del juancarlismo.
Se calcula que este año el Estado pagará al clero, sólo en concepto de sueldos de sacerdotes y prelados, 11,78 millones de euros, lo que hace que en cifras generales la Iglesia reciba del Estado al año por este concepto, cerca de unos 25.000 millones de las antiguas pesetas, que en su mayoría son pagados directamente de las arcas del Estado, ya que sólo el 35% de los contribuyentes da su aportación a la Iglesia, contrastando esto con el 90% de católicos en España que la Conferencia Episcopal mantiene que hay. Y todo esto sin contar los miles de millones en mantenimiento de patrimonio, subvenciones órdenes religiosas, colegios, organizaciones católicas, etc.
PSOE e IU se han planteado presentar una enmienda para que el Estado recupere los millones de euros de más que ha recibido la Iglesia, completando las escasas aportaciones de los católicos, pero es necesario dar un paso más y acabar totalmente con la financiación de la Iglesia mediante dinero publico. Como dijo Engels, la religión es un asunto puramente privado que no tiene que ver nada con el Estado. Así, toda persona debe tener libertad de profesar la religión que quiera o de no profesar ninguna, pero es absolutamente necesario la separación radical entre Iglesia y Estado, postura defendida por Lenin ya en 1905.
Debemos por tanto, desde el reconocimiento de la libertad religiosa, luchar por un estado verdaderamente laico en el que los recursos sean utilizados para resolver los acuciantes problemas que vivimos los jóvenes y trabajadores, en lugar de destinar miles de millones a mantener los privilegios y prebendas de la jerarquía eclesiástica.
El gobierno del PSOE tiene una deuda con la clase obrera que con sus votos le puso en el gobierno y no hay ninguna duda de que la inmensa mayoría de la sociedad apoyará cualquier medida progresista respecto a la financiación autónoma de la Iglesia, frente a las contrarreformas que al respecto desarrolló el gobierno del PP y que sigue desarrollando en las autonomías donde gobierna, con el ejemplo evidente de Esperanza Aguirre en Madrid.
