Básicamente lo que este reglamento dirá cuando se publique, presumiblemente en enero, es que los inmigrantes podrán normalizar su situación de tres formas en función del tiempo que lleven en suelo patrio, a saber:
1. Arraigo laboral: deben demostrar una estancia de dos años en España, no tener antecedentes penales y, lo más difícil e importante, al menos un año de relaciones laborales, cuyos únicos medios de prueba serán una resolución judicial y un acta definitiva de inspección de trabajo. Hay que decir que la mayoría de los inmigrantes en El Ejido (Almería), desde donde escribo estas líneas, trabajan de forma irregular, por lo que no pueden probar que han trabajado.
2. Arraigo social: permanencia de tres años, ausencia de antecedentes, contrato en el momento de la solicitud de residencia y otro requisito más a elegir entre vínculos familiares con español o extranjero residente (parentesco en primer grado), o informe de inserción social emitido por el Ayuntamiento, el cual deberá estar firmado por el alcalde (Juan Enciso en el ámbito que me atañe), para lo que se recomienda afiliarse al PP.
3. El llamado proceso de normalización se espera que comience en febrero y durará tres meses. Se exigen otros dos requisitos de difícil consecución, al menos en esta latitud: certificado de empadronamiento y contrato de trabajo. La burla es más sangrante si tenemos en cuenta que los inmigrantes no obtienen empadronamiento a no ser que presenten el contrato, que tampoco tienen. Además la campaña agrícola, principal actividad económica de la zona, empieza a declinar en la fecha de la entrada en vigor de esta maraña, por lo que los empresarios no estarán dispuestos a firmar una relación laboral.
Vemos así, que esta legislación esta totalmente vinculada a lo laboral, creando innumerables limitaciones para que los inmigrantes obtengan los papeles y con ellos un cierto alivio y algunos derechos.
Pero todo esto es un artificio de la clase dominante para mantener en la mas absoluta precariedad e indefensión a un sector muy importante de la clase trabajadora. Y lo hace a través del gobierno de Zapatero.
Se puede presumir que serán una minoría los que regularicen su situación y una mayoría los que sigan formando el ejercito de reserva que la patronal explote para mantener su margen de beneficios.
Estas medidas no han recibido la oposición de IU ni ERC que, recibiendo favores institucionales, mantienen un vergonzoso silencio.
Siguiendo el ejemplo del trabajo realizado por el SOC y otras organizaciones en defensa de los inmigrantes, el resto de la izquierda y los sindicatos de clase deben tomar de forma clara e inequívoca la defensa incondicional de nuestros hermanos de clase más oprimidos y explotados: los inmigrantes. Pensar que los problemas y las leyes discriminatoria que afectan a los inmigrantes es algo que no atañe de manera directa al resto de los trabajadores, no sólo es una visión estrecha y totalmente equivocada, sino que perpetúa una terrible injusticia. La discriminación y la ilegalidad de los trabajadores, sean del color o de la raza que sean, sólo beneficia a los empresarios y la burguesía que obtienen mano de obra barata y rebajan las condiciones laborales, sociales y económicas del resto de nuestra clase.
