La lucha de este sector de trabajadores empezó a gestarse en Huelva, cuando los 6.000 inmigrantes que tradicionalmente trabajaban en la recogida de la fresa se encontraron con que para la presente campaña se había contratado a 7.500 mujeres procedentes de los países del Este. Esta situación les dejó sin trabajo y por lo tanto sin posibilidad de obtener papeles para vivir en el Estado español.
Sólo eres ‘legal’ mientras trabajes
El gobierno preparó esta situación conscientemente con la última reforma de la Ley de Extranjería. Con esta reforma legalizó un tipo de contrato que va más lejos que nunca en los ataques a los derechos de estos trabajadores. Un jornalero inmigrante que trabaje en la fresa, por ejemplo, está obligado a firmar un contrato en el que se le dice que sólo será una persona legal mientras trabaje en la fresa dentro de la provincia de Huelva. Es decir, que en el momento en que la campaña de la fresa acabe, ese trabajador pasa a ser ilegal directamente. Si ese obrero intenta buscar trabajo antes de que termine la campaña, para asegurarse la permanencia en el Estado español, en absoluto podrá hacerlo fuera de Huelva. ¿Qué diferencia hay entre esto y una cárcel? A todo esto hay que sumarle que los últimos 40 días de trabajo no se le abonan al trabajador hasta que no vuelva a su país de origen y allí las autoridades supuestamente le pagarán lo que se le debe de salario.
Esta medida tiene varios objetivos; por un lado seguir manteniendo mano de obra ilegal para que los empresarios puedan continuar esclavizando a los inmigrantes, así como imponer salarios bajos al conjunto de los trabajadores con la amenaza de que hay otros esperando cubrir sus puestos. Pero otro objetivo es impedir la sindicalización y la lucha de estos compañeros. Los inmigrantes que llevaban años trabajando en la fresa habían protagonizado luchas en el verano pasado contra las condiciones en las que les obligaban a trabajar, sin cobrar, viviendo peor que los animales, en ratoneras sucias, sin agua y sin luz. El gobierno no podía permitir que la lucha continuara y ahora hay miles de inmigrantes, sobre todo magrebíes, que viven en las calles de los pueblos de Huelva sin trabajo ni vivienda.
El PP alimenta el racismo
El PP quiere además crear malestar en estas poblaciones para dividir a los trabajadores. La derecha está alimentando posturas racistas y dando oxígeno a las organizaciones ultraderechistas, que como hace pocos días en Madrid agredieron a comerciantes latinoamericanos.
A pesar de las intenciones del PP, con el encierro de Sevilla hemos vuelto a ver la enorme solidaridad que hay hacia estos trabajadores por parte de muchos jóvenes. Los estudiantes de la Pablo de Olavide han defendido en todo momento a los encerrados, criticando la actuación policial, que tiene la universidad acordonada. Controlándola como si fuera una cárcel, los agentes abren los coches de los estudiantes y profesores, registran mochilas, bajan a los estudiantes de los autobuses para pedirles su documentación, etc. La solidaridad de los estudiantes debería de ser asumida por los dirigentes sindicales con un plan de lucha muy concreto, en lugar de dejar solos a estos compañeros como han hecho hasta el momento. Los únicos activistas sindicales que han salido en su defensa han sido los compañeros del SOC. Es por tanto necesario que se unan CCOO y UGT en una campaña de explicación masiva en los barrios obreros, los centros de estudio y en las empresas. Hay que explicar los intereses reales que tiene la burguesía española en mantener a los inmigrantes en esta situación. Ahora quieren seguir endureciendo las leyes de extranjería en toda Europa. Es un deber de las organizaciones de clase el unir la lucha de estos compañeros con la del conjunto de la clase obrera, exigiendo la retirada de cualquier tipo de ley de extranjería junto con la reivindicación de un salario digno e igual al resto de los trabajadores, derechos de huelga y manifestación, derecho a una vivienda, escolarización de sus hijos y acceso a la sanidad pública.
