El método que el Gobierno español ha elegido para hacerlo, es el de convocar un referéndum para el próximo día 20 de febrero. El Gobierno del PSOE presenta este proyecto de Constitución como la base jurídica que ratifica y fortalece lo que según Zapatero es “el espacio de paz, libertad y solidaridad más avanzado que ha conocido nunca la historia de la humanidad” que es hoy Europa (El País, 12-1-05).

El PP y la mayoría de los grupos parlamentarios coinciden en esta valoración y se han comprometido a hacer campaña activa por el si. En este ambiente de profundo entusiasmo europeísta en la política oficial, la propia campaña institucional lanzada con el teórico objetivo de conseguir la afluencia masiva de los ciudadanos a las urnas, es en realidad un descarado e insistente llamamiento a votar si en el referéndum. Estos señores que tanto se llenan la boca sobre el respeto a las reglas del “juego democrático”, no tienen el más mínimo recato en saltárselas cuando lo creen conveniente.

¿Qué significa realmente

esta constitución?

El proceso de ratificación de la Constitución Europea está siendo utilizado con mayor o menor intensidad con fines propagandísticos. Con la coartada de la construcción de una Europa unida se trata de dar cobertura a los nuevos ataques que los capitalistas tienen preparados en todos los países afectados.

De todas formas, el articulado de la CE apunta hacia unos fines mucho más concretos y tangibles que los meramente propagandísticos.

Detrás de las referencias, generales y abstractas, a los derechos de los ciudadanos (referencias en las que basan los dirigentes de CCOO y UGT su apoyo a esta Constitución), la paz, la solidaridad y la necesidad de escuchar las demandas de los niños, se encuentra toda una batería de artículos cuyo objetivo es darle rango constitucional a la política de privatizaciones, de recortes sociales y desregulación de las relaciones laborales.

Así podemos leer: “La Unión obrará en pro del desarrollo basado… en una economía de mercado altamente competitiva” (Artículo 1.3.3), o también: “Los Estados miembros se declaran dispuestos a proceder a una liberalización de los servicios más amplia que la exigida en virtud de las leyes marco europeas”.

En lo referente al empleo tampoco hay lugar a dudas de los intereses que esta Constitución defiende. El artículo III.97, recoge que hay que “desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, en particular una mano de obra cualificada formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico”. El empleo precario seguirá teniendo un marco ideal para seguir desarrollándose.

Por su parte la CE refuerza la autonomía del Banco Central Europeo (BCE). Este organismo, que escapa a cualquier control democrático, es el que decidirá de común acuerdo con los capitalistas de los principales países europeos, la política económica que afectará a cientos de millones de personas.

En el terreno de los derechos democráticos la CE no queda mejor parada. Cabe destacar que a pesar de consagrar un mercado interior común, no reconoce ninguno de los derechos laborales y sociales de los trabajadores en el ámbito europeo remitiéndose a la legislación de cada Estado nacional. Ni que decir tiene que con la CE en la mano no sería posible convocar una huelga europea.

Tampoco reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos que no tienen Estado, así podemos leer: “Respetará [la CE] las funciones esenciales del Estado, en particular las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial” (Artículo I.5.1).

En materia de inmigración Europa se blinda ante la entrada de trabajadores provenientes de otras partes del mundo, de manera que al tener los trabajadores inmigrantes más dificultades para obtener papeles, serán presa fácil para que los empresarios los utilicen como mano de obra barata. A los “legales” no se les reconocen los plenos derechos de ciudadanía, sino únicamente “el trato equitativo” (Artículo III.168).

En lo que se refiere a la política exterior y de “defensa”, la CE deja bastante claras sus intenciones. “La política de la Unión… respetará las obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para determinados Estados miembros…y será compatible con la política de seguridad y defensa establecida en dicho marco” ( Artículo I.40.2).

Pero no solo esto, “la civilizada” y democrática Europa, en su futura Constitución, recoge que “los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares” (Artículo I.40.3) y además contempla en su artículo III.210.1, la posibilidad de de luchar contra lo que se denomina terrorismo externo e interno “incluso mediante el apoyo prestado a terceros Estados para combatirlo en su territorio”. Traducido al lenguaje común, están hablando de legalizar también la guerra preventiva.

Hay más cuestiones como las referidas a la Política Agraria Común, la política pesquera, las cuotas de producción, etc. Todas van en la misma dirección de preservar los intereses de los capitalistas.

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