Además, la antigüedad en la empresa de estos trabajadores no llega a los dos meses, así que tampoco les corresponde una liquidación importante. Sin más. Todo perfectamente legal y limpio, incluso se ha respetado el preaviso de 15 días que marca la ley.

Lo mejor que pueden hacer es irse a su casa y confiar en que el empresario les llame dentro de algunos meses, si hay suerte, o empezar a buscar trabajo en otro lado, sobre todo aquellos que no tengan derecho a paro pero que si tienen el deber de alimentar a una familia todos los días.

Lamentablemente, el despido de estos 30 trabajadores es el pan de cada día de miles de trabajadores precarios. Esto es una realidad que todos conocemos. Ahora bien, ¿realmente la historia es como la hemos explicado más arriba?

Frente a estos despidos, aparentemente solo queda la rabia y la impotencia, puesto que todo se realiza de una manera “civilizada”, “razonable” y por supuesto “legal”. Pero la legalidad no tiene porque coincidir necesariamente con lo que es justo.

Para empezar, cualquiera que tenga ojos sabe que muchos de ellos llevan años trabajando en la Camocha y no unos pocos meses como reflejan los contratos. Es un secreto a voces que continuamente las empresas realizan todo tipo de artimañas para impedir que sus trabajadores acumulen la antigüedad que les corresponde (cambios de empresa, etc). Y que además, los empresarios de las subcontratas y el dueño de la Camocha se benefician por igual de esta situación, manteniendo a estos trabajadores en un estado de precariedad absoluta. Y que si no cometieran estos fraudes, estarían obligados por ley a hacerlos fijos ¿Dónde está aquí la “legalidad”?

Cuando se mira más detenidamente esta situación, lo primero que sorprende es que los propios trabajadores de plantilla comprendan que con estos despidos se pone en peligro el futuro de la mina, y en cierto modo, sus propios puestos de trabajo. Esto es así porque los subcontratados realizan los mismos trabajos que los de plantilla, y son imprescindibles para sacar adelante la producción.

Entonces ¿Cuál es la explicación? Muy probablemente, una mucho más miserable: el que, de llegarse a acuerdos en las negociaciones del nuevo plan del carbón, muchos de estos trabajadores deban ser incorporados a la plantilla, en igualdad de derechos y condiciones que sus compañeros, lo que sería un quebradero de cabeza para el dueño de la mina. De ser así, estarían deshaciendose ahora de ellos para evitar tener que cumplir ese compromiso en el futuro. Al menos, esta es una de las explicaciones que se barajan entre los afectados.

En todo caso, sea este o no el motivo del despido, hay algo en lo que todos están de acuerdo: no sobran trabajadores en La Camocha. Ahora bien, puesto que estos trabajadores no pertenecen a La Camocha, y además carecen de representación sindical en sus respectivas empresas ¿Cómo defenderse de esta situación? ¿Cómo reclamar su derecho a conservar ese puesto de trabajo?

La trampa de la subcontratación

La precariedad laboral ha avanzado de forma escandalosa en los últimos años, y una de sus formas más dañinas para el conjunto del movimiento obrero es el avance de la subcontratación en todas las esferas de una empresa. Ya no estamos hablando de subcontratar determinadas tareas, como el comedor, la limpieza, o el mantenimiento de determinadas instalaciones. En realidad la subcontratación es un fraude mediante el cual se establecen diferencias salariales y sociales entre trabajadores que desempeñan el mismo trabajo en la misma empresa. Los beneficios para el empresario son muchos: El primero es la división que se establece entre los trabajadores, fomentando el enfrentamiento entre ellos. Después está el ahorro considerable que suponen los subcontratados, bien porque su salario sea menor o bien porque se les obliga a producir mucho más (o ambas cosas a la vez, que es lo más habitual). Pero la principal ventaja que se obtiene con esto es la posibilidad de romper la relación laboral sin que los trabajadores puedan reclamar nada, ni a su empresa (puesto que los contratos los rescinde la empresa principal), ni a la empresa principal (puesto que no son sus trabajadores). Y esto es exactamente lo que sucede en La Camocha.

Las sucesivas contrarreformas laborales, muchas de ellas pactadas con las direcciones de los sindicatos mayoritarios, han ido socavando la capacidad de reacción del movimiento obrero, haciéndonos retroceder hasta condiciones de indefensión propias de la peor época de la dictadura franquista. Esto obliga a recuperar métodos de lucha y tradiciones del movimiento sindical que algunos pensaban ya superadas.

Puesto que estos trabajadores no pueden hacer esto sólos, se hace necesario recurrir a la solidaridad de la plantilla y, por supuesto, pedir la intervención del comité de empresa de La Camocha para que ejerza de interlocutor con la empresa.

El argumento está claro: La plantilla de la mina ha ido disminuyendo paulatinamente, incumpliéndose además los acuerdos de nuevas incorporaciones, lo que la deja con un número insuficiente de trabajadores. Los trabajadores de subcontratas son necesarios para sacar la producción. Además, son compañeros que han estado trabajando codo a codo con el resto, en ocasiones durante varios años. Por tanto, estos despidos deben abordarse como si se produjeran entre los trabajadores de plantilla.

El despido de 30 trabajadores de un día para otro merece al menos que se realice una asamblea para exponer ante todos los trabajadores cual es la opinión de los representantes sindicales frente a esta situación. Los trabajadores despedidos merecen al menos saber si la mayoría está de acuerdo con los despidos, o si por el contrario estarían dispuestos a solidarizarse con ellos y exigir una solucion. El comité de empresa podría perfectamente exigir una reunión a la empresa para pedir una explicación. Lo más lógico sería exigir de una vez por todas que se incorporaran a la plantilla de la empresa, y que se acabara con la subcontratación de estas tareas, y que se les reconocieran iguales derechos que al resto. Claro que esto se encontraría con la negativa rotunda de la dirección de la mina. Pero precisamente si existen los sindicatos es para defender los derechos de los trabajadores tambien con la movilización y la lucha.

Una lucha se puede perder o ganar. Pero en cualquier caso, es mejor perder después de haber luchado que no defenderse ante las agresiones. Esa ha sido siempre la fuerza de los trabajadores. El que, pese a la aparente fortaleza de la patronal, han luchado para frenar sus abusos y han conseguido, entre otras cosas, que se reconozcan sus organizaciones, y a sus representantes. Y tienen derecho a esperar de sus sindicatos el respaldo cuando tienen problemas.

Por cierto, los trabajadores subcontratados en HUNOSA están movilizándose estos días para lograr la equiparación con la plantilla, y en ACERALIA recientemente otros trabajadores de subcontrata exigían su incorporación a la empresa, puesto que ocupaban puestos de producción. Estos son sólo dos ejemplos, entre cientos. ¿Por qué las federaciones de CCOO y UGT no unifican toda esta problemática y lanzan una batalla seria para atajar esta situación, en lugar de lamentarse constantemente de los datos de precariedad y de las maldades de la subcontratación?

De todas formas, lo expuesto más arriba es tan solo una opinión sobre que habría que reivindicar en este caso. Las pretensiones de los trabajadores despedidos de la Camocha son más sencillas: que no se tengan que ir por la puerta de atrás, como si fueran perros y que se les garantice por escrito que cuando vuelva a haber contrataciones vuelvan los mismos a quienes se despide ahora.

¿Ni siquiera ese compromiso se les puede arrancar a los empresarios?