Nombrado en su puesto en febrero de 1997, por el gobierno Aznar, la trayectoria de Eduardo Fungairiño no es un ejemplo de objetividad e independencia política. Más bien al contrario. Ha estado constantemente salpicada de escándalos y arbitrariedades y ha respondido a unos intereses muy determinados.
Aunque, quizá, el escándalo más famoso sea su comparecencia en la comisión del 11-M, donde acudió en calidad de experto en materia antiterrorista, y pese al intenso tratamiento mediático que se ha dado a todo lo relacionado con el atentado afirmó no conocer la existencia de la furgoneta abandonada en Alcalá de Henares por los terroristas (un dato de dominio público). Este incidente está lejos de ser algo aislado. Ya con anterioridad Conde-Pumpido, Fiscal General del Estado, tuvo que ordenarle que defendiera la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los crímenes cometidos durante las dictaduras militares de Chile y Argentina ¡Fungairiño consideraba a ambas dictaduras, simplemente, como “interrupciones temporales de la democracia”!
Otro caso donde el magistrado “rebelde” demostró con claridad sus inclinaciones políticas fue a raíz de la investigación con respecto a las responsabilidades del accidente del Yak-42, donde dió rápido carpetazo y finalizó sin pruebas concluyentes su tarea como fiscal.
Teniendo en cuenta esa trayectoria, que está en armonía con la línea propugnada por el PP en todos los terrenos, no es difícil imaginar el papel que jugaría Fungairiño en todo lo relacionado con la cuestión vasca y la posibilidad de que se abra una nueva situación en el futuro próximo con una declaración de tregua por parte de ETA. Parece claro que hay un sector del aparato del Estado, tanto en el ámbito judicial como en el ejército, que está extremadamente excitado por ese punto. La dimisión de Fungairiño alentó la “rebelión” de los fiscales conservadores, que han pedido la dimisión de Conde-Pumpido.
Hablar de independencia judicial, o de independencia del apartado del Estado, cuando tanto en el poder judicial como el ejército la politización es tan clara y evidente, es cerrar los ojos a la realidad. La politización es un hecho, pero en ambos casos los sectores más reaccionarios siguen jugando con ventaja. El teniente coronel Mena ha sido destituido, Fungairiño ha sido “dimitido”, no podemos más que apoyar ambas decisiones. Pero esos casos son sólo la muestra de un problema más profundo. La elección directa de todos los cargos del aparado judicial y su revocabilidad en cualquier momento, así como la total libertad de organización y sindicación en el ejército serían medidas necesarias para afrontar una depuración de un engranaje heredado del franquismo y en el que la democracia que tanto se evoca, brilla por su ausencia.
