Tanto el jefe de la policía local como el gobierno municipal han defendido la actuación policial y se han negado a abrir cualquier tipo de comisión de investigación. Ni siquiera la alcaldesa ha visto la necesidad de interrumpir sus vacaciones en el Caribe ante un hecho tan grave.
Por si fuera poco, un autodenominado sindicato llamado Unión de Policía Local y Bomberos (UPLB) afirmó que si el ciudadano belga no hubiese muerto, habría que haber condecorado a los agentes que protagonizaron la paliza y acusa a los testigos de ser delincuentes y camellos. El escándalo se remató con la puesta en libertad de los agentes implicados en la muerte.
Este caso ha vuelto a sacar a la luz el nivel de degeneración política y social de las estructuras del Estado burgués en Marbella. La impunidad de la que gozan ciertos elementos es total. La violencia de algunos agentes no sólo no es castigada sino que es amparada y jaleada, y la inoperancia del poder judicial ha vuelto a quedar de manifiesto.
Mientras las mafias internacionales del crimen organizado se instalan en la Costa del Sol, las palizas de la policía local van siempre contra los sectores más desfavorecidos: inmigrantes, parados, jóvenes, toxicómanos, mendigos, etc. Además, la policía local es utilizada con frecuencia, incluso, para reprimir a opositores políticos de los gobernantes del GIL.
Otros casos
en el Estado español
Sería un error pensar que estos hechos son un caso aislado de Marbella. Casos como el campesino apaleado y muerto a plena luz del día en Roquetas, en un cuartel de la guardia civil, el pasado verano son una muestra de que no es así. La actuación judicial ha dejado mucho que desear ya que los guardias sólo han sido acusados de delito de lesiones y no de asesinato.
Las denuncias de Amnistía Internacional por los numerosos casos de torturas en el Estado español no son casualidad. La creciente crispación y extremismo ultraderechista del PP está reforzando a los sectores más reaccionarios de la sociedad. Un ejemplo de esto lo tenemos en los hechos ocurridos en La Línea de la Concepción (Cádiz) en febrero. La Audiencia Provincial condenó a tres años de prisión a dos policías locales por lesiones y detención ilegal de un ciudadano. Inmediatamente, el alcalde (del PP) convocó un pleno para pedir su indulto y en el mismo, dos concejales socialistas fueron amenazados de muerte e insultados al negarse a reclamar dicho indulto, según denunció Francisco González, secretario del PSOE de Cádiz. La dirección del PP no sólo no condenó estos hechos sino que respaldó al alcalde con la visita de Ángel Acebes y Javier Arenas a La Línea. Es necesario recordar que los miembros del gobierno municipal son todos antiguos miembros del GIL, a los que el PP no duda en dar todo su apoyo, a pesar de la política de “estado policial” que practican.
Estos hechos, al igual que el surgimiento de militares golpistas, vuelven a demostrar que la policía y el ejército siguen sirviendo de brazo armado del poder político y económico contra las clases trabajadoras. Toda esta situación hace necesario que el gobierno del PSOE realice una política de izquierdas en este terreno (algo pendiente desde la Transición), empezando por la depuración de todos aquellos elementos reaccionarios tanto del aparato policial y judicial, como del ejército y concediendo libertad sindical para la guardia civil y la tropa del ejército.
David Bernardo
IU Marbella
