Israel Galve es un elemento perteneciente a la ultraderecha organizada en Guadalajara, que intentó el 5 de febrero de 2005 asesinar a un joven simpatizante de Juventudes Comunistas por la única razón de ser de izquierdas.
Tras este terrible intento de asesinato con una clara motivación política, se generó un movimiento social de protesta en Guadalajara en el que jóvenes y trabajadores exigieron el final de la impunidad con la que los fascistas habían estado actuando durante meses. Gracias a varias huelgas de estudiantes convocadas por el SE, así como movilizaciones conjuntas entre estudiantes y trabajadores, se consiguió crear un clima de aislamiento hacia estos elementos que durante meses ha limitado las agresiones.
Ocho meses después, Israel Galve salía de la cárcel en “libertad provisional por procedimiento abreviado”. Esto quiere decir que le han puesto en libertad a espera de juicio y han atenuado las posibles penas a las que se enfrentará, haciendo imposible su condena por intento de asesinato. Poco han importado los testigos, los informes médicos del apuñalamiento (puñaladas en busca del corazón, la femoral y en el colon, tres puntos mortales). Todas las evidencias que apuntan hacia el intento de asesinato, pero parece que esto ha dado igual.
Esta forma de actuar de algunos jueces induce a pensar que están más interesados en castigar la movilización contra el fascismo, que en condenar, con la contundencia que se merece, el intento de asesinato perpetrado por este fascista criminal.
La ‘Santa Alianza’ alcarreña
Durante la campaña contra las agresiones fascistas se formó una Santa Alianza entre los caciques, los sectores más ricos, poderosos y reaccionarios de la sociedad alcarreña, el aparato del Estado y, por supuesto, el PP para acallar las protestas. Sus voceros fueron los medios de comunicación locales, totalmente en sus manos, que dieron una y otra vez una visión distorsionada de la situación, pintando a los jóvenes de izquierdas como violentos y confundiendo de forma interesada a las víctimas con los verdugos. El Ayuntamiento de Guadalajara, formado por el PSOE e IU, no se atrevió a diferenciarse en lo fundamental de esta campaña.
El abogado del fascista amenazó con interponer una querella criminal contra los compañeros. En ese momento el SE advirtió que si cumplía su amenaza y los jueces la aceptaban a trámite, ellos mismos estarían favoreciendo el juego de los fascistas y su impunidad. El hecho es que así ha sido, y el 3 de marzo nuestro compañero Rubén Fernández tendrá que declarar en los Juzgados de Plaza de Castilla en Madrid.
Como muchas veces hemos repetido, no podemos confiar ni en la policía, ni en los jueces para extirpar el cáncer fascista de nuestros pueblos y ciudades. Llegados a este punto, todo el peso de una organización estatal como el Sindicato de Estudiantes se pondrá en marcha con una gran campaña de la que hasta ahora sólo hemos visto un anticipo. ¡Hay que poner fin a las agresiones fascistas! La organización y la movilización masiva es la clave para derrotar al fascismo.
