Tanto en las pensiones como en la reforma laboral, el esquema es idéntico: avances anecdóticos en algún aspecto secundario y retrocesos significativos en los aspectos principales. Así, aunque hay alguna mejora, como el reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad para las parejas de hecho (pero con requisitos más exigentes) o la actualización de la lista de enfermedades profesionales, los aspectos decisivos son claramente regresivos:

1) Aumento del período necesario para tener derecho a pensión contributiva. Formalmente se mantendrá en 15 años cotizados, pero en la práctica habrá que trabajar 2 años y 45 días más para poder tener derecho a ella. El truco consiste en que desaparecerán del cómputo las cotizaciones de las pagas extras, por lo que los 15 años tendrán que ser días de trabajo efectivos (5.475 días). Actualmente, al computar las extras, se alcanza el derecho a pensión contributiva con 4.700 días cotizados (12 años y 320 días). El incremento se producirá en cinco años, a razón de 77 días por semestre.

2) Fomento de la prolongación de la vida laboral. Fundamentalmente por dos vías: endureciendo el acceso a la jubilación parcial (retrasa un año, de los 60 a los 61, el acceso a ella) e incentivando económicamente la pensión de aquellos que sigan trabajando después de cumplir los 65 años.

3) Más dinero público para los empresarios. También en el espíritu de la reforma laboral de trasvasar dinero a los bolsillos empresariales, las actuales bonificaciones a los contratos de los mayores de 60 años con cinco de antigüedad se ampliarán a los trabajadores de más de 59. Además, pasados tres años desde la implantación de la medida, se estudiará su posible extensión hasta los 55 años.

En 1996 se pactó un recorte de las pensiones que aumentó el período de cálculo de 8 a 15 años. En aquel entonces, los dirigentes sindicales argumentaron, para justificarse, que el sistema estaba en peligro. Diez años después se puede comprobar que todos los estudios de los sesudos economistas eran falsos, pura propaganda ideológica de la burguesía, interesada en fomentar los fondos privados de pensiones. La Seguridad Social no sólo no quebró, sino que tiene superávit y evidencia una buena salud (en la última década pasó de 12 a 18 millones de afiliados, un aumento del 50%). Por tanto, ni un tonto se puede creer que el nuevo recorte es a causa de su situación; sólo es otro paso más en el camino del objetivo estratégico de la burguesía: el cálculo de la pensión con las cotizaciones de toda la vida laboral, para así disminuir el gasto social e impulsar los fondos privados, ya que las pensiones podrían llegar a recortarse un 20%.

Los dirigentes de CCOO y UGT se equivocaron en la reforma laboral y se vuelven a equivocar con este nuevo pacto. La realidad es tozuda y demuestra cada día que la política “realista” de concesiones a la patronal no conduce a ninguna parte. Y también demuestra que el movimiento obrero tiene una enorme fuerza que, cuando se utiliza, puede cambiar las cosas. Se demostró con la huelga general del 20-J de 2002 contra un decretazo del PP y se acaba de volver a demostrar hace dos meses en Francia. La situación de la clase obrera empeora. Cada vez hay más razones para que los sindicatos giren a la izquierda, hacia un sindicalismo combativo, de clase y democrático. Pero la realidad también demuestra que los actuales dirigentes están totalmente entrampados en los esquemas ideológicos de la burguesía y deben ser sustituidos. Conseguir esto pasa por fortalecer dentro de los sindicatos una corriente marxista que sea la columna vertebral política de esa nueva dirección sindical que el movimiento obrero necesita.

¿En qué consiste la nueva reforma laboral pactada?

1. La contrarreforma no va a reducir la precariedad laboral. No restablece la causalidad en la contratación y continuarán vigentes toda la maraña de contratos temporales a la carta y sin ninguna causalidad. Ahí tenemos el fracaso de la contrarreforma de 1997: casi una década después seguimos teniendo la precariedad más alta de Europa (un 34% frente a un 14%). Desde 1991 nunca se ha reducido la temporalidad por debajo de la tasa del 32% de los asalariados. Esta lacra se ha extendido vergonzosamente al sector público donde entre 1998 y el 2004 la tasa de eventualidad se incrementó en un 50%.

2. Abarata el despido. A través de la recuperación y extensión de los llamados contratos de fomento de la contratación indefinida con el despido barato (33 días por año y un máximo de 24 mensualidades, en vez de los 45 días y 42 mensualidades del contrato indefinido ordinario). Este falso contrato indefinido con baja indemnización, más que sustituir a los contratos precarios, lo hará con los actuales contratos estables y quedará como único modelo en el futuro. También se aumentan los supuestos en los que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se hará cargo de las indemnizaciones en lugar de las empresas. Además no se corrige la última reforma, de 2002, que redujo los costes del despido al suprimir los salarios de tramitación.

3. Trasvasa enormes recursos económicos a la patronal. Por dos vías: las bonificaciones y la reducción de cotizaciones empresariales. En cuanto a las bonificaciones somos el país europeo que más gasta en este capítulo. Así, desde 1998 las bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social han supuesto para las empresas 17.453 millones de euros (¡casi tres billones de las antiguas pesetas!) y para 2006 están presupuestados 2.500 millones de euros.

La reducción de cuotas empresariales al desempleo (0,5%), al Fogasa (0,2%) y de las ETT (1%) son otras concesiones a los empresarios. Precisamente son estas las medidas más caras de esta reforma laboral, que absorben el 66% del coste total. Es tan escandaloso el regalo de dinero público a la patronal que en bastantes supuestos de contratación les va a salir gratis las indemnizaciones por despido.

4. No va a disminuir la rotación en el empleo. El límite al encadenamiento de contratos es muy débil. La medida no es retroactiva, por tanto, no se va a aplicar a los actuales 5 millones de contratos temporales. Además, se permiten rotaciones de dos años sobre 30 meses, y será muy fácil de burlar por cualquier empresario avispado que sólo tiene que no renovar justo antes del plazo. Parece más una medida destinada a legalizar el tremendo fraude empresarial existente, que a estabilizar la contratación.

Mientras, los índices de siniestralidad laboral siguen disparados. Durante 2005 se registraron 990 accidentes mortales, si a esa cifra se suman los accidentes mortales in itínere el dato global es de 1.369. Esta cifra asciende a 13.349 muertos en el periodo 1996/2004. Éstos son los resultados de una auténtica guerra que todos los días se libra contra la clase obrera.

5. Es un acuerdo muy desequilibrado a favor de los empresarios. La concesiones de despidos más baratos, más bonificaciones y menos cuotas no compensan las pequeñas y totalmente insuficientes mejoras laborales: prestaciones al desempleo de mayores de 45 años sin cargas familiares, cierta mejora de indemnizaciones del FOGASA, la desaparición del residual contrato de inserción, recoger lo que ya dicen los tribunales sobre cesión de trabajadores o un cierto aumento de los efectivos de la inspección de trabajo.

Además, no se puede olvidar que se han quedado fuera los grandes objetivos sindicales: recuperar la causalidad y controlar el encadenamiento de los contratos, suprimir los más fraudulentos y regular la subcontratación.