Que en un año de Gobierno el bipartito tan sólo haya elaborado una ley, es un elemento más que corrobora esa sensación.

Entre la mayor parte de la población existe en realidad bastante indiferencia hacia el nuevo gobierno. Esta indiferencia es el producto de diferentes elementos, como el hecho de que no se han percibido cambios importantes respecto a la Era Fraga, unido al margen de confianza al bipartito y a las, en verdad, escasas expectativas que generaba la izquierda, debido al bajo tono de la campaña electoral y a la –poco entusiasmante- experiencia de gobiernos de la izquierda en los municipios.

Lo esencial es que, tras 24 años de gobierno de la derecha, el nuevo gobierno gallego cuenta con un margen de maniobra.

Aparentemente, nada ocurre en Galiza.

Pero esta calma en la superficie no debe llevarnos a error. Existe una predisposición a la lucha muy fuerte entre los jóvenes y trabajadores gallegos, que se sigue manifestando incluso en este escenario de calma social. La sorpresiva toma de las calles viguesas por 15.000 trabajadores del metal, durante nueve días expresa contundentemente esa predisposición.

Balance de un año de Gobierno de la izquierda

Pero lo cierto es que poco ha cambiado en Galiza con el cambio de Gobierno.

Recientemente Touriño, Presidente de la Xunta afirmaba en la web del PSdeG (20/6/06) que un año después de ganar las elecciones valora el cambio de talante, el hecho de que él, a diferencia de Fraga comparece en todos los plenos del Parlamente y que ha quedado demostrado que “no hace falta ser autoritario ni prepotente para ser un magnífico presidente”.

Con muy poco se conforma Touriño si estos son los principales logros del gobierno gallego, en un país castigado por el desempleo, los bajos salarios y la precariedad laboral.

El semanal nacionalista “A Nosa Terra” (nº 1224) realizaba una entusiasta valoración del nuevo Gobierno, aunque tan sólo podía señalar tres aspectos positivos realizados por éste: la disolución de Fundaciones sanitarias privadas de cuatro concellos, la desaparición de las cámaras agrarias y el compromiso del Gobierno central de crear la confederación hidrográfica del Miño-Sil, con sede en Galiza. El entusiasmo parece excesivo.

Lamentablemente, los graves problemas que padece la clase trabajadora gallega no han mejorado un ápice. Por partes:

Sanidad:

Las listas de espera, la insuficiencia de personal, la deficiencia atención al rural, son un grave problema en Galiza que sólo pueden ser resueltos sobre la base de un incremento drástico del gasto sanitario. La medida anunciada por la Xunta, de que disolverá cuatro Fundaciones privadas (que en la práctica parasitaban el sistema público, SERGAS) y que las integrará en la red pública, es un paso adelante. No obstante, queda mucho por hacer. Otros centros privados deben ser incluidos también en la red pública (Instituto de Medicina Técnica, el 061, la Fundación Senómica de Galiza, el Instituto Oftalmolóxico, el Centro de Transfusión de Galiza y la Escola Galega de Administración Sanitaria, que cuentan con subvenciones de todo tipo).

La reducción drástica de las listas de espera, promesa electoral del bipartito, no se ha producido, sino más bien todo lo contrario.

Vivienda

En ciudades obreras como Vigo y en municipios de la costa, el precio de la vivienda se ha disparado. Sólo la construcción de vivienda social pública, sobre la base de la municipalización del suelo privado y la expropiación de las constructoras podría revertir esta situación. En lugar de esto, la nueva Xunta ha reabierto la “bolsa de alquiler” que heredó de Fraga, empleando el mismo sistema inaceptable de trasvasar fondos públicos a manos de los propietarios de pisos para abaratar los alquileres.

Educación

La política de la Xunta ha sido aquí especialmente negativa. El bipartito empezó su andadura concertando más unidades de infantil, incumpliendo su promesa de crear plazas públicas en ese tramo y termina el año construyendo barracones, en lugar de aulas en condiciones, en la periferia de Compostela, a pesar de las movilizaciones de la comunidad educativa. Entre tanto, fomenta la aplicación de los planes de Bolonia en la universidad, se enfrenta a movilizaciones en Coruña por la implantación de los reaccionarios “centros integrados” de FP y se enfrenta a los profesores interinos que van a la huelga en protesta por la precariedad laboral.

El 22 de mayo, en una entrevista de La Voz de Galicia a la Conselléira de Educación, su apoyo a la educación privada “que hace una gran labor en Educación Especial” en detrimento de la pública, resultaba evidente.

Derechos democrático-nacionales

Nada ha cambiado tampoco aquí a raíz del cambio de gobierno. La Xunta no ha hecho ni una sola mención al derecho de autodeterminación de Galiza ni ha adoptado medidas para potenciar el gallego. Tanto es así que la Mesa pola Normalización Lingüística ha anunciado que denunciará a la Xunta ante el Consejo de Europa por obstaculizar el uso del gallego.

Y la inacción de la Xunta no es, desde luego, producto de que haya poco que hacer: el 2 de junio la prensa publicaba el caso de una pontevedresa despedida de una gestoría por hablar gallego.

Empleo y condiciones laborales:

El desempleo ha descendido en los últimos meses, pero sigue por encima de la media estatal. Cada año 20.000 jóvenes se ven obligados a emigrar para trabajar. Cortar esta auténtica sangría fue una de las principales promesas electorales de PSdeG y BNG. Nada ha cambiado todavía.

En realidad, acabar con el desempleo y la emigración requeriría un intenso plan de industrialización de Galiza, especialmente del interior. Y esto sólo es posible con una política decidida por parte de la Xunta, destinada a crear industria pública, con buenas condiciones laborales. Éstas siguen caracterizadas por una enorme precariedad laboral, especialmente entre la juventud, y por muy bajos salarios, que crecen por debajo de la inflación (esta se disparó en mayo al 4,2% en Galiza, muy por encima de la previsión y de la subida salarial media).

Recientemente han aparecido informes en la prensa que reflejan las condiciones laborales en el textil en Galiza. Las “rematadoras”, son un ejército de mujeres que acaban en sus casas las prendas de las grandes firmas de moda, por 2,5 euros la hora; menos que en Polonia o Estonia. Entre las mujeres de este importante sector económico la precariedad llega hasta el 80%, lo que explica que Inditex, una vez más haya aumentado su beneficio un 20% en el último trimestre fiscal.

Una Xunta de izquierdas tiene que intervenir inmediatamente para mejorar las condiciones laborales de la clase obrera.

En otros temas, como acabar con el clientelismo tan en boga bajo los gobiernos de Fraga, los resultados son contradictorios. A Nosa Terra (nº 1225) reproducía recientemente un estudio de la CIG en el que se demostraba que durante los gobiernos del PP, llegó a haber hasta 1.500 trabajadores de la Xunta nombrados a dedo. Se trataba de “burlar la normativa vigente en materia de contratación, a través de una trama de empresas fantasmas (...), o a través de falsos autónomos, con la finalidad de favorecer a familiares, hijos de conselleiros, mujeres de secretarios xerais y afiliados del PP”.

La operación policial en la Diputación de Lugo está empezando a sacar a la superficie la siniestra trama de clientelismo, nepotismo y caciquismo que imperó en Galiza durante los negros años del fraguismo.

Pero tras esa denuncia, la CIG se ha visto obligada a hacer una muy similar, esta vez contra el bipartito: en siete meses la nueva Xunta realizó 1.000 nombramientos a dedo en la administración. (La Voz de Galicia, 28/5/06)

El Estatuto de Galiza

A finales de este mes empezará en el Parlamento gallego las negociaciones sobre la elaboración del nuevo Estatuto de autonomía. Tras unos meses en los que lo que ha primado han sido las batallas de tipo formal (composición de la mesa negociadora, fechas...) el proceso parece que se acelera. PSdeG Y BNG han llegado ya a un acuerdo y están impacientes por que se apruebe. El documento firmado por ambos partido, se centra en la definición del “carácter nacional de Galicia”, el aumento de competencias, el establecimiento del gallego como lengua oficial y el deber de conocerlo, una mayor autonomía fiscal y la reclamación del incremento del gasto estatal en infraestructuras hasta el 8% del PIB.

Con respecto a la mayor autonomía fiscal, si bien los marxistas estamos a favor de la máxima autonomía para las nacionalidades oprimidas, ponemos el énfasis en los aspectos de clase, esto es: de donde saldrán y a donde irán a parar los impuestos, que es el punto central, frente a quién los recauda. Para la clase obrera lo determinante es que el peso de la política impositiva recaiga sobre las grandes fortunas y que lo recaudado sea empleado en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

Por lo demás, este acuerdo no dice ni una palabra del derecho de autodeterminación, ni habla de una política a favor de los trabajadores que debe pasar por resolver los problemas laborales, sanitarios, educativos y habitacionales antes mencionados.

El bipartito habla claramente de que se trata de un estatuto de mínimos, que, como afirmó Aymerich, portavoz del BNG, tiene “vocación de apertura y de que el PP se pueda sumar”

Desde ya anticipamos que cualquier estatuto que sea asumible por el PP no va suponer ninguna mejora para la clase trabajadora gallega y en consecuencia es un Estatuto que no vale la pena.

El hecho de que para su aprobación en el parlamento gallego se precisen dos terceras partes de los votos (y que en consecuencia el voto del PP sea imprescindible para su aprobación) no es excusa. Como dijo Trotsky en 1936 en su polémica con el POUM, “la técnica electoral no puede justificar la política de traición consistente en proponer un programa común con la burguesía”

¿Que problema habría si el PP vota en contra del Estatuto? Si el bipartito sometiese a votación un proyecto de estatuto que plantease la creación de decenas de miles de viviendas sociales, la expropiación de la banca y las grandes empresas, el aumento drástico de los salarios, la inversión del 8% del PIB para la educación pública, el derecho de autodeterminación, etc, tal Estatuto entusiasmaría a los jóvenes y los trabajadores, que se movilizarían para conseguirlo. Si el PP se opone (y desde luego lo haría) el odio de las masas hacia la derecha se dispararía.

Incluso careciendo de un programa revolucionario, el bipartito podría explicar que el estatuto no se aprueba por culpa del PP y apelar a la población a que en las siguientes elecciones les permitan alcanzar los dos tercios del Parlamento.

Pero por desgracia al PSOE y al BNG les aterra mucho más el efecto que esto tendría en la “desestabilización” y en el “descrédito de las instituciones” que el hecho de aprobar un mal estatuto.

Las centrales eléctricas y las “compensaciones económicas”

En las últimas semanas se ha producido un intenso debate sobre los beneficios que obtienen las empresas hidroeléctricas radicadas en Galiza, que a su vez está relacionado con el nuevo Estatuto, por cuanto éste aspira a tener competencias sobre éstas.

El BNG argumenta que las grandes eléctricas (Fenosa, Endesa e Iberdrola) explotan los recursos naturales de Galiza, apenas generan empleo aquí y obtienen gigantescos beneficios que no revierten en la Comunidad Autónoma si no en Madrid y Bilbao, donde están ubicadas sus sedes. “Nosotros pagamos los costes sociales y ambientales a cambio de nada” afirma el BNG, para quien Galicia tiene derecho a recoger parte de los beneficios que las grandes empresas obtienen de la generación de energía en el territorio de la comunidad.

La prensa burguesa gallega también se ha sumado a esta campaña. La Voz de Galicia titulaba así un reciente articulo: “Las eléctricas se llevan de Galicia 900 millones de euros al año. El excedente económico se contabiliza en Madrid y Bilbao, sedes de las compañías”

Lo cierto es que así es el capitalismo. La inversión se dirige allí donde la tasa de ganancia es más elevada y cualesquiera otra consideración sobra. Bajo un régimen de democracia obrera, donde la economía se planificase democráticamente, la inversión y los beneficios se distribuirían de forma justa, con la intención de mejorar las condiciones de vida y desarrollar las zonas más deprimidas, y no para obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible.

En realidad, varios estados latinoamericanos podrían acusar a las conserveras galleas o a la flota pesquera de esquilmar sus recursos y llevarse la ganancia a Galiza.

Dicho esto, los marxistas estamos a favor de que Endesa, Fenosa e Iberdrola pasen a ser gallegas. Pero sobre la base de que sean expropiadas por la Xunta, sin ningún tipo de indemnización, y bajo control obrero. Al fin y al cabo, la concesión extraordinariamente ventajosa que recibieron hace 50 años (por 82 años) hace tiempo que fue amortizada.

Los marxistas defendemos la nacionalización de las eléctricas y que pasen a funcionar bajo control obrero, de forma que sea la plantilla, junto a las organizaciones sindicales y la Xunta la que decida cómo emplear los gigantescos benéficos en resolver los problemas de la mayoría.

Los beneficios de estas empresas son insultantes. Las históricas licencias que recibieron, bochornosamente ventajosas, unido al aumento de los precios del crudo y el gas, ha disparado sus beneficios. El año pasado aumentaron en un 91% (1.500 millones de euros, frente a 400 millones del sector del automóvil y 208 del textil, pero produciendo 7 veces menos empleo que éstos).

Pero en lugar de esto, el bipartito contempla aplicar algunas medidas “compensatorias”, todavía en discusión: “impuesto verde”, participación pública, renegociar las concesiones, gravar el uso del agua, el pago de un canon hidráulico...

Sin embargo, incluso estas tímidas medidas ya han provocado la ira de la patronal. El presidente de Fenosa rechazó tajantemente renegociar los plazos de las concesiones hidroeléctricas y días más tarde, López Isla, consejero delegado de la eléctrica, afirmó que «Si los gallegos protestan, nos vamos a otro sitio».

La patronal jamás cede nada gratuitamente. Las eléctricas obtienen una tasa de ganancia infinitamente superior a la de otros sectores productivos, pero no piensan retroceder un ápice. De hecho, han pedido que suban los precios de la electricidad!!

La Xunta debe actuar. Si estas empresas amenazan con abandonar Galiza, expropiarlas es la única medida realista.

Necesitamos un cambio de rumbo

La política desarrollada por la Xunta durante este primer año no ha sido la política que necesita la clase trabajadora gallega. Sin un programa anticapitalista no es posible mejorar seriamente las condiciones de vida ni resolver los problemas que padecemos. Y es precisamente la ausencia de este programa lo que está condenando a la nueva Xunta a realizar una política muy poco diferenciada de la desarrollada por el anterior gobierno. Los trabajadores siguen concediendo un margen al Gobierno, y aun cuenta con grandes reservas de apoyo. Pero la apatía hacía éste que describíamos al principio puede pasarle malas pasadas incluso en el terreno electoral. Si el nuevo Gobierno no emprende a partir de ahora un cambio drástico en su política, la perspectiva de un desánimo generalizado entre la izquierda, que conduzca a una alta abstención y en consecuencia a una victoria de la derecha, no está descartada. Todavía falta mucho para eso y muchas cosas pueden ocurrir antes. Por ejemplo, la irrupción del movimiento obrero para exigir a su Gobierno que empiece a actuar.

En otro orden de cosas, el BNG sigue su particular deriva hacia posiciones moderadas. Recientemente el Consello Nacional de la coalición nacionalista decidió profundizar el diálogo con los “agentes económicos” a fin de procurar “la ampliación de la red de afinidades sociales para dotar al nacionalismo de un mayor enraizamiento” (A Nosa Terra, nº 1220) Y el 12 de junio, La Voz de Galicia titulaba así un artículo: “Quintana [secretario general del BNG] ofrece a los empresarios complicidad para hacer «una Galicia fuerte”

Como hemos explicado en reiteradas ocasiones, los intentos de la dirección del bloque de ganarse a un sector del empresariado gallego sólo pueden conducir al fracaso o al total abandono de una política en beneficio de la clase obrera.

Los primeros síntomas de malestar dentro de la coalición ya empiezan a aflorar. Aún son expresiones muy minoritarias y confusas (salidas individuales, conflicto en las juventudes del BNG...) pero en el futuro adquirirán mayor envergadura. Parece seguro que en el próximo congreso de noviembre, habrá más de un candidato.

Por otra parte, choques entre el BNG y la CIG son talmente inevitables. Los ritmos no se pueden predecir de antemano pero es seguro que esto acontecerá

¡Sí se puede!

Algunos sectores del Bloque insisten en que habrá un cambio radical, pero que éste ha de venir poco a poco. Y la explicación de que esto ha de ser así consiste, una vez más en culpar a la gente, “que se asusta de cambios bruscos”. “En el rural se opondrían” insisten una y otra vez, sobredimensionando el peso del campo.

Este análisis no es válido por dos razones: uno, porque una genuina política socialista arrastraría sin duda a los estratos más humildes del campo gallego hacia la izquierda y dos, Galiza se ha transformado de arriba abajo en los últimos veinte años, en los que las ciudades han ganado mucho peso en relación al campo.

Lo que en verdad no le gusta a la gente son los cambios “poco a poco” imperceptibles, en realidad. Y los problemas de los trabajadores son graves. En las contratas, en el textil, en la conserva... lo que se desea es cambios. Y cuanto más rápidos mejor.

Las empresas atraviesan momentos dulces. La producción industrial en Galiza ha crecido un 10,3% este cuatrimestre, cinco veces más que la media estatal. La industria maderera, textil y alimentaria, la de bienes de equipo (sector naval, metalurgia y maquinaria), ha crecido incluso más, casi un 13%

Y los beneficios gozan de una extraordinaria salud: las conserveras aumentaron su ganancia en 2004 en un 45%, Inditex un 20% hasta abril, tras crecer un 143% entre 2000 y 2004; Fenosa un 119% en 2005 y Endesa nada menos que un 154% en el mismo período.

Y entre tanto, la elevada inflación se come los salarios, los accidentes laborales acaban con la vida de un trabajador gallego cada día y los beneficios del textil no son un obstáculo para las deslocalizaciones y los expedientes de regulación.

Es la hora de que la Xunta demuestre a favor de qué clase social gobierna.

La Xunta dispone de un margen. Se le “dejará hacer”. Pero ese margen dista mucho de ser indefinido. La confianza paciente de los trabajadores gallegos hacia su Gobierno se combina con la ya citada predisposición a la movilización. En este primer año la Xunta ya ha saboreado esto. Conflictos estudiantiles locales, huelga de bomberos, de ambulancias, de carteros, de profesores interinos...han sido varios los conflictos laborales que han enfrentado a algunos empleados públicos con la Xunta, aunque todavía escasos y de poca repercusión. Pero es un aviso. La incorporación de la juventud a las luchas obreras, como quedó patente en Vigo, señala que la lucha de clases va a subir de tono en Galiza en el próximo período. Si la Xunta defrauda, la actual calma puede desaparecer muy rápidamente.

Y el bipartito tiene en su mano no defraudar.

No se puede hacer una política que se pretenda de izquierdas con las palancas fundamentales de la economía en manos privadas, de una minoría de la sociedad. Galiza es potencialmente rica y próspera socialmente, pero eso pasa por la transformación socialista de la sociedad, una lucha ligada al resto de la clase obrera del Estado y del mundo.