El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, ha encabezado en este período una cruzada para sentar en el banquillo de los acusados a estos médicos. Para conseguirlo no ha escatimado esfuerzos; 21 profesionales han sido relevados de sus responsabilidades tras haberse solidarizado con los acusados.

Como complemento a la campaña de acoso y derribo hacia este hospital público y sus profesionales, capitaneada por el señor consejero, el martes 19 de septiembre el PP movilizó a unos 50 militantes en la puerta de los juzgados que se dedicaron a increpar y provocar a los trabajadores del Severo Ochoa allí congregados para solidarizarse con sus compañeros injustamente acusados.

Mientras se van produciendo las declaraciones de estos 8 médicos, un juez ha vuelto a archivar la primera denuncia presentada contra un médico del hospital de Leganés, acusado de dar muerte a un paciente con una sedación terminal. Esta vez el juez subraya de forma contundente “la falta absoluta de indicios” de mala práctica del doctor y además censura la reiteración de denuncias y recursos que sufre este médico.

Los trabajadores del Severo Ochoa se han enfrentado durante estos meses a los continuos ataques y medidas represoras (prohibición de reuniones, cámaras para espiar a los trabajadores que se solidarizan con los médicos acusados, ceses arbitrarios, etc.) llevadas a cabo por el consejero y sus funcionarios a sueldo.

Como los trabajadores han venido explicando estos ataques no son casualidad, forman parte de la estrategia general del PP hacia la sanidad pública, consistente en primero desestabilizarla y desprestigiarla para después intentar profundizar en su privatización.

Además, como explica Joaquín Insausti, ex jefe de anestesia, el acoso al Severo Ochoa tiene una especial significación política, ya que es el único hospital público de la CAM en el que se practican interrupciones voluntarias del embarazo y donde se trata el final de la vida del paciente “desde una perspectiva liberal y no religiosa”.

Por todas estas razones este hospital ha estado en el punto de mira del PP; quieren dar un escarmiento y allanar el camino en su política de conseguir que sus amigos empresarios de la sanidad privada sigan aumentando sus beneficios a costa de nuestra salud.

Y es que el deterioro de la sanidad pública en Madrid avanza irremediablemente con la política reaccionaria del gobierno de Esperanza Aguirre. El último dato publicado al respecto vuelve a confirmarlo; el tiempo que pasa entre la citación y la consulta con el especialista ha aumentado en la CAM de 52,8 días en 2001 a 73,4 en la actualidad.

Ampliar la solidaridad

con el Severo Ochoa

Los trabajadores del Severo Ochoa han demostrado ampliamente su disposición a la lucha, pero es evidente que este conflicto forma parte de un conflicto mucho más amplio que afecta e involucra a todos los trabajadores de la sanidad pública de Madrid y los trabajadores en general. Aquí es donde entra la responsabilidad de las organizaciones sindicales mayoritarias. CCOO y UGT, tanto las federaciones de sanidad como las uniones regionales deben pasar de las palabras de solidaridad a los hechos, que serán los que tendrán un efecto real en la lucha. Están obligados a sacar la lucha fuera del Severo Ochoa realizando una campaña de asambleas en todos los centros sanitarios de la región, en la perspectiva de la convocatoria de una huelga general de la sanidad pública en Madrid. Además el resto de federaciones deberían a su vez empezar una campaña de asambleas en todos los centros de trabajo en las que se aprobaran resoluciones de apoyo a los trabajadores del Severo Ochoa y por la defensa de la sanidad pública.

La actual orientación de la actividad sindical de CCOO y UGT no va en esta línea por lo que sería necesario que toda la energía de los compañeros del Severo Ochoa se orientara a romper la resistencia que ofrecen dichos sindicatos hacia estas medidas. La forma de poder hacerlo sería la de contactar directamente una vez más con las secciones sindicales y juntas de personal de todos los centros sanitarios y promover una campaña de asambleas en las que además de aprobar resoluciones contra la política sanitaria del PP, se exigiera a los dirigentes de CCOO y UGT la convocatoria de una huelga general de la sanidad pública en Madrid. Esta es la única forma de desbaratar los planes de los que ven la sanidad como un negocio y están dispuestos a todo para que así sea y romper eficazmente el aislamiento al que la consejería de sanidad quiere condenar a los trabajadores del Severo Ochoa.