La decisión del Tribunal Supremo de rebajar la condena al preso de ETA De Juana Chaos, de 12 a 3 años de cárcel, ha sido presentada en los medios de la derecha como una nueva "capitulación" del gobierno del PSOE ante ETA. Más allá de la demagogia de la reacción, lo cierto es que la decisión del Supremo no deja de suponer la mayor pena posible impuesta por un artículo de opinión. De Juana Chaos ya había cumplido el total de su condena por participar en diferentes atentados y también ha satisfecho el 75% de esta nueva sentencia dictada por el Supremo. En estas condiciones debería ser inmediatamente excarcelado, mucho más cuando su vida corre serio peligro por las prolongadas huelgas de hambre que ha protagonizado.
De Juana debería haber salido a la calle al cumplir su condena en octubre del 2004 según la legislación vigente. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional denegó su puesta en libertad alegando irregularidades en las redenciones concedidas que no pudieron probarse, y en enero del 2005 el juez Fernando Grande-Marlaska decretó prisión provisional por dos artículos de prensa publicados en Gara. La polémica entre los distintos jueces, la fiscalía y el Gobierno demostró que el poder judicial estaba sometido a fuertes presiones políticas. El ministro de Justicia, López Aguilar cediendo a los gritos histéricos del PP, la COPE, la AVT y otros colectivos similares aseguró, refiriéndose a De Juana, que no sería puesto en libertad.
Y así fue. De las nuevas imputaciones surgía una condena de 96 años de cárcel por los dos mencionados artículos que, tras sucesivas polémicas, fueron rebajados a 12 años y siete meses de prisión por la Audiencia Nacional. La arbitrariedad de las condenas llevó al preso de ETA a protagonizar dos huelgas de hambre antes que aceptar lo que de hecho era una cadena perpetua.
Ante el grave estado de salud del preso, alimentado contra su voluntad atado a la cama, los jueces instructores de la Audiencia Nacional se mostraron dispuestos a mandarle a casa para que cumpliese el resto de la condena. Pero, en un golpe de mano, el pleno de la Audiencia Nacional rompió sus propias normas internas y decidió nuevamente mantenerlo en prisión. Después de la decisión última del Supremo, el 12 de febrero del 2007, y ahora que la situación está nuevamente en manos del Ministerio del Interior, el Partido Popular vuelve a salir a la calle exigiendo la mayor dureza en una auténtica vendetta macabra para evitar su excarcelación.

La defensa de los derechos democráticos es una causa de la clase trabajadora

Actualmente hay suficientes ejemplos de cómo la Ley de Partidos y toda la batería de medidas legales de excepción que se hicieron con el pretexto de la lucha contra ETA, se están aplicando descaradamente contra el movimiento juvenil en Euskal Herria y contra todos aquellos que no siguen el guión dictado por el PP. Los jóvenes del sumario 18/98 a los que se les ha condenado por pertenencia a organización terrorista sin haber cometido otro delito que militar en formaciones juveniles que, a posteriori, fueron caracterizadas como tales, se han convertido en las víctimas propiciatorias más destacadas de esta ofensiva represiva, pero no las únicas. Es sorprendente que esta ley, que contó y cuenta con el respaldo del PSOE, también esté sirviendo para enjuiciar al lehendakari Juan José Ibarretxe y al secretario general del PSE-EE, Patxi López, imputados por reunirse con la ilegalizada Batasuna. No contentos con el calado de la ofensiva, el PP trata ahora de utilizarla ante las próximas elecciones para ilegalizar al Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK).
Toda esta legislación también se está empleando a fondo contra sectores combativos del movimiento obrero. El juicio a los dos sindicalistas de la CSI, Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, a los que se condena a tres años de cárcel por supuestos desperfectos cometidos en el desarrollo de una manifestación, o la persecución a sindicalistas del SOC por motivos similares, encuentra sus precedentes en las desproporcionadas sentencias a la juventud en el País Vasco, donde por quemar un cajero se dictan penas de ocho años de cárcel o donde por organizar una manifestación que sea declarada ilegal puedes ser acusado de "pertenencia a banda armada".

Por una política socialista y revolucionaria

La lucha antiterrorista está siendo un argumento fundamental con el que el sistema fortalece el aparato coercitivo del Estado contra la clase trabajadora y la juventud combativa. Los recortes en los derechos de asociación, manifestación, expresión y huelga se han convertido, en los hechos, en un "estado de excepción democrático" por parte de la clase dominante.
Para dar a sus ladridos una apariencia de justicia, El PP se erige en autorizado portavoz y defensor de las víctimas pero ¿qué autoridad tiene el Partido Popular para reclamar su favor cuando con su apoyo a la guerra de Iraq han provocado decenas de miles de víctimas, cuando se niegan a condenar la dictadura y la represión franquista que torturó y acabó con la vida de centenares de miles de obreros y jóvenes, cuando cada año cientos de trabajadores son víctimas de accidentes mortales y la cifra de accidentes laborales se eleva al millón en un año para engrosar los beneficios grotescos de la banca y la patronal que el PP representa?
El doble rasero que la derecha utiliza no es menor que el que emplea habitualmente la justicia burguesa. Si eres rico o estás a favor del sistema la ley te trata con absoluta benevolencia hagas lo que hagas. Es el caso de las bandas fascistas o del crimen de cuello blanco. Igualmente sucedió con el caso GAL, cuando en sentencia dictada en abril de 2000 la Audiencia Nacional consideró probado que los cinco condenados -el ex general de la guardia civil Rodríguez Galindo, el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elorriaga, el ex teniente coronel Angel Vaquero, y los ex guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo- decidieron secuestrar en Francia a Lasa y Zabala, interrogarles en el Palacio de la Cumbre de San Sebastián, torturarles y finalmente darles muerte y enterrar sus cuerpos en cal viva. Pero Enrique Rodríguez Galindo sólo estuvo en prisión poco más de cuatro años por "problemas" de salud, mientras Julen Elorriaga, condenado a casi ochenta años de prisión por los mismos hechos, sólo cumplió un 3% de la condena y fue excarcelado también por motivos de salud. Rafael Vera, después de ser condenado a diez años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, reivindicado por los GAL, sólo pasó ocho meses recluido por aquella causa.
Si el gobierno del PSOE quiere realmente representar a su base social, debe dar un giro radical en su actual política de concesiones a la derecha y colaboración con la gran burguesía, la banca y la patronal. No se puede servir a dos amos al mismo tiempo. Y eso también pasa por defender los derechos democráticos, no por atacarlos. Hay que permitir que la democracia entre en las comisarías y cuarteles de la Guardia Civil y en el Ejército, en lugar de sancionar y perseguir a los elementos democráticos y progresistas. Es necesario derogar la legislación represiva como la Ley de Partidos y depurar el aparato estatal de los elementos fascistas que perviven desde la época franquista. De la misma manera se deben reconocer los derechos democráticos de las nacionalidades históricas en el Estado español, incluyendo el derecho de autodeterminación y vincularlo a un programa socialista para transformar la sociedad. Obviamente no esperamos que la actual dirección socialista de un giro tan profundo. Dicho giro sólo será posible si construimos la Corriente Marxista para defender estas ideas entre el movimiento de la juventud y la clase obrera.