De repente, en unas pocas semanas, la crisis de la construcción naval ha desaparecido por arte de birlibirloque. Ahora se habla, ni más ni menos, que de… ¡22 posibles nuevos proyectos! (2 fragatas F-100, 12 lanchas de desembarco, 2 petroleros para Venezuela, 1 esclusa, 2 buques ro-ro, 1 gasero y 2 metaneros). Y aún quedarían por ahí pendientes unas cuantas patrulleras y la nueva flotilla de BAM que hoy mismo nos anuncia la prensa.
Esto demuestra que la falta de carga de trabajo fue una situación creada por el gobierno del PP para justificar esta reconversión. Pero si la excusa para la privatización era la falta de carga de trabajo y ahora va a haber barcos a espuertas, ¿por qué hay, entonces, que privatizar? La carga de trabajo no es un argumento a favor de la privatización, sino a favor de la defensa del carácter público de la empresa. Anuncian barcos para que se acepte la privatización —barcos que, supuestamente, serían la garantía de futuro para las factorías privatizadas—, pero basta pensar en Astander para ver qué les esperaría a las que cayesen en manos privadas. Además, el documento no concreta absolutamente nada de esa carga de trabajo. Y, por cierto, si va a haber tanta carga de trabajo, ¿cómo se justifica la reducción de plantilla si no es para aumentar la subcontratación y los negocios privados de unos pocos?
Como siempre en estos casos, los compromisos de la empresa son ambiguos: “desarrollo de un diseño industrial que permita la continuidad de todos los centros”, “se potenciarán las actuaciones comerciales tendentes a obtener nuevos pedidos”, etc. Lo único concreto son los retrocesos de los trabajadores: además de la destrucción de empleo, el plan dice que “se llevarán a cabo traslados entre centros de trabajo con proximidad que no impliquen cambio de residencia”, que “la aplicación del plan exigirá la aceptación de la necesaria política de polivalencia y movilidad funcional” y que en New Izar “con carácter general se aplicarán medidas de organización y racionalización industrial que permitan alcanzar los objetivos de máxima eficacia y rentabilidad”.
La intención de la SEPI es clara: utilizando lo de las multas y el 31 de diciembre como una espada de Damocles, pretenden que primero se acepte lo que ellos quieren y después ya se hablará de lo demás. De hecho, el punto décimo del documento de la SEPI habla de constituir una comisión que “velará por el cumplimiento, y en su caso desarrollo, de los compromisos”. Pero, si se acepta este esquema, si se aceptan de antemano los principales objetivos de la SEPI, ¿en qué posición quedaríamos después para hablar de la cobertura de vacantes, de las condiciones de trabajo en las auxiliares, de qué incluye exactamente el 20% de construcción civil, del diseño interno de la nueva empresa o de las propias condiciones de la prejubilación?
Hay ambigüedades e inconcreciones por todas partes porque el auténtico plan es privatizar, destruir empleo fijo y con derechos, y empeorar las condiciones laborales. Todo lo demás son adornos para que los trabajadores traguemos.
Pero los trabajadores no podemos asumir sus puntos de vista; debemos pensar en los intereses de nuestra clase y reivindicar lo que creemos justo, sin dejarnos influir por la propaganda con la que nos quieren comer el coco. Desde estas premisas habrá que analizar el nuevo documento que la SEPI entregará hoy.
Izar-Ferrol, a 15 de diciembre de 2004
