Desde el 22 de septiembre de 2016, las cúpulas de los dos grandes sindicatos, CCOO y UGT, han estado negociando con las Patronales CEOE y CEPYME un acuerdo salarial. Como en una mala comedia, ambas partes han escenificado sonoras rupturas y cálidas reconciliaciones. Los dirigentes sindicales amagaron con “movilizaciones amplias y sostenidas en el tiempo” e incluso llegaron a hablar de un “horizonte de huelga general”. Para demostrar su “firmeza”, CCOO y UGT convocaron en mayo una ridícula concentración de unos pocos cientos de delegados y dirigentes sindicales ante la sede madrileña de la CEOE que pasó absolutamente desapercibida para la inmensa mayoría de los trabajadores.

Finalmente, han bastado poco más de 21 días desde la toma de posesión de Pedro Sánchez para que todos los obstáculos que impedían el acuerdo se evaporasen, y de la noche a la mañana nos encontremos con la firma de la IV edición del AENC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.

¿Deberíamos pensar que la llegada al gobierno de Pedro Sánchez ha tenido un efecto benéfico sobre la Patronal y la ha predispuesto a hacer concesiones tras más de diez años de ajustes salvajes? Todo lo contrario. La urgencia por firmar este Acuerdo no responde a “la liquidación del ajuste social y el cambio en la estrategia económica” que pregona el editorial de El País del 26 de junio, sino a la necesidad de levantar un dique contra el riesgo, cada día más probable, de un estallido social entre una clase trabajadora que está llegando al límite de lo que puede aguantar.

Las movilizaciones masivas de los jubilados y de las mujeres, y el papel marginal jugado en ambos casos por los dos grandes sindicatos, han sido un serio aviso. Junto a esto, las movilizaciones que han surgido en las últimas semanas, como la huelga del metal en Cádiz, la huelga espontánea en Airbus-Puerto Real, la huelga indefinida de H&M por subidas salariales que finalizó con una victoria o anteriormente la lucha de los trabajadores de Amazon, dan cuenta de una enorme tensión entre sectores de la clase trabajadora que ven con sus propios ojos como crecen los beneficios empresariales, mientras los salarios se mantienen en niveles intolerables y la precariedad extiende la sobreexplotación.

Para prevenir una oleada de huelgas obreras a la ofensiva, nada mejor que un acuerdo rápido que pueda venderse en los medios de comunicación como un paso adelante, y de cobertura a las direcciones de CCOO y UGT para continuar su política de desmovilización.

¿Quién se ha beneficiado de los anteriores Pactos Sociales?

No habían pasado ni 24 horas desde la firma del Acuerdo cuando las Patronales CEOE y CEPYME lo aprobaban por unanimidad. Esta inaudita rapidez bastaría por si sola para hacer dudar a cualquier persona sensata de que el pacto contenga alguna ventaja para los trabajadores.

Las dudas se acrecientan cuando se leen las valoraciones sindicales. “Es una buena noticia para la clase trabajadora, ya que supone un punto de inflexión para recuperar salarios, derechos e igualdad, y afecta sobre todo a la gente que peor lo está pasando; que está más en precario, que más salario ha perdido, a las mujeres y a la juventud trabajadora” proclama Unai Sordo, secretario general de CCOO. Hermosas palabras, pero para desgracia de Unai Sordo son casi literalmente las mismas que proclamaban los dirigentes de CCOO que firmaron el acuerdo de 2015.

 “Con este Acuerdo se pone fin a la devaluación salarial y a la precarización del empleo” escribía Ramón Górriz el 9 de junio de 2015, y no se ponía colorado al asegurar que el pacto aseguraba “el empleo de calidad a través de la contratación indefinida, y el inicio de una senda de crecimiento y recuperación del poder adquisitivo de los salarios”. Claro que su jefe Ignacio Fernández Toxo iba aún más lejos, ya que, según él, “el III Acuerdo para el Empleo y Negociación Colectiva enmienda la plana a la reforma laboral”.

Los hechos han desmentido tajantemente estas fantasías de los dirigentes de CCOO. Desde 2015 los salarios han bajado aún más, de manera que más de 8 millones de trabajadores no llegan ni a los 1.000 euros mensuales. Tampoco la precariedad ha retrocedido, sino todo lo contrario. Y por supuesto, la Reforma Laboral sigue plenamente vigente y sin cambio alguno.

Dónde si ha demostrado sus bondades el Acuerdo de 2015 ha sido en la evolución de los beneficios empresariales que, para las empresas cotizadas en bolsa, se incrementaron un 67% en 2017.

¿Qué contiene el Acuerdo de 2018?

Las peores sospechas se confirman al conocer el contenido del nuevo Acuerdo. Su punto central es la recomendación de una subida salarial del 2% para este año y los dos siguientes.

En primer lugar, se trata de una “recomendación”, es decir, que la Patronal no está obligada a nada. Además, teniendo en cuenta que el IPC del mes de mayo fue del 2,1%, incluso esa recomendación nace aceptando desde el principio la pérdida de poder adquisitivo.

En estas condiciones, la subida adicional del 1% en función de la productividad y el absentismo, y el llamamiento a las empresas a subir el salario mínimo de convenio hasta los 1.000 euros son un brindis al sol. En materia salarial la Patronal no ha cedido absolutamente nada, y cabe esperar que la evolución de los salarios siga la misma senda negativa que han mantenido hasta ahora, salvo que, como acaba de ocurrir en H&M, la movilización enérgica de los trabajadores arranque concesiones.

En lo que respecta al resto del texto pactado tampoco es posible identificar ni un solo punto que sea claramente ventajoso para los trabajadores.

La voluntad expresada de recuperar la ultraactividad hubiera servido de algo de no ser porque en los últimos seis años se han firmado convenios tan penosos que su prórroga ofrecería sólo ventajas mínimas. Y, por si fuera poco, la supuesta recuperación de la ultraactividad en realidad encubre un llamamiento a “instar la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario” en caso de desacuerdo en la negociación de un convenio. Es decir, se trata de evitar que surjan conflictos en torno a la negociación colectiva y que, si los delegados de base o los trabajadores se oponen firmemente a un acuerdo perjudicial, finalmente se les acabe imponiendo por decisión de la autoridad laboral, con el consentimiento de los dirigentes de los grandes sindicatos.

Las propuestas que Patronal y Sindicatos van a plantear al Gobierno tampoco mejorarían, en el supuesto caso de ser aprobadas, un cambio sustancial respecto a los retrocesos creados por las contrarreformas laborales de PSOE y PP.

La propuesta estrella, las “medidas alternativas a los despidos”, es en realidad una propuesta de subvencionar aún más a los empresarios para que nos hagan el favor de no destruir más empleo. Con el dinero de las cotizaciones sociales pagaremos entre toda la población ocupada una parte del salario de los trabajadores afectados por decisiones empresariales de reducción de la jornada laboral.

La propuesta de una nueva regulación de las subcontratas carece de cualquier contenido concreto y dado el recurso masivo a la subcontratación de la banca, las eléctricas, y en general de todas las grandes empresas, es difícil imaginar una renuncia voluntaria de los empresarios a un mecanismo que les está permitiendo bajar drásticamente los salarios.

Que haya acuerdo sobre las políticas de Formación no debe extrañar a nadie. La Formación ha sido durante décadas una fuente oculta de financiación de los grandes sindicatos y el origen de una corrupción generalizada. Asegurarse la continuidad de este flujo de dinero fácil pone de acuerdo a los dirigentes sindicales con la Patronal, y los hace todavía más dependientes de la financiación estatal.

En resumen. Las cúpulas de CCOO y UGT renuncian a emprender una lucha ofensiva para recuperar el poder adquisitivo perdido, tanto en los años de recesión como en los de la supuesta recuperación económica, y confirman que no harán absolutamente por obligar al gobierno del PSOE a derogar la contrarreforma laboral y de las pensiones. Una prueba más de la necesidad que los trabajadores tenemos de acabar con este sindicalismo colaboracionista y pactista que sólo sirve para enriquecer a los empresarios.


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