Ante el actual panorama de desaceleración económica, aumento de la competencia, guerras arancelarias y contracción del mercado mundial, las grandes empresas, utilizando el chantaje de la desinversión y la deslocalización, están llevando a cabo una nueva reconversión industrial en sectores estratégicos de la economía. Ahora es el turno de la automoción, la banca o la industria pesada.

El objetivo es claro: optimizar los recursos sangrando aún más a la clase obrera. Pretenden mantener sus insultantes tasas de beneficios incrementando los ritmos de trabajo y destruyendo empleos estables y de calidad y configurar un nuevo mercado laboral flotante, absolutamente precarizado, del que pueden disponer a su antojo cuando los picos de producción así lo determinen.

Beneficios para las empresas y EREs para los trabajadores

El sector automovilístico, que representa el 10% del PIB español, emplea a 285.631 personas y genera un millón y medio de puestos de trabajo en la industria auxiliar. Las ventas respecto al año pasado se han multiplicado por dos, superando el millón de vehículos nuevos. Además, según CCOO, las exportaciones duplicaron esa cifra al alcanzar los 2,29 millones de turismos y 405.000 vehículos industriales, datos que no se registraban desde 2007.

Sin embargo, estos excelentes resultados no se han visto reflejados en los recientes preacuerdos alcanzados entre empresas y comités de las factorías de Opel en Figueruelas (Zaragoza) y la Ford de Almussafes (Valencia). En ellos se recogen retrocesos laborales peores que los habidos en los primeros años de la última crisis económica. Pero la voracidad de la patronal no tiene límites, y con la excusa de los supuestos efectos de la transición del coche de combustión al eléctrico, amenaza ahora con nuevos recortes y expedientes de regulación de empleo (ERE).

En el sector bancario nos encontramos con más de lo mismo. En 2018 los bancos españoles ganaron 19.438 millones de euros, casi un 25% más que en 2017. Pero los ajustes, los EREs, los cierres de oficinas, continúan y el sector se enfrenta en la actualidad a una nueva oleada de despidos. Según datos del Banco de España, en 2008 había 60 entidades entre bancos y cajas de ahorros, 280.000 trabajadores y más de 46.000 oficinas. Una década después quedan solo once bancos y los empleados se reducirán a poco más de 180.000 tras los EREs del Santander —que afectará a 3.750 empleos— y de Caixabank —a 2.150—. Ambas entidades aumentaron copiosamente sus beneficios respecto a 2017, un 18% y un 17,8% respectivamente.

El objetivo de esta profunda reestructuración es la reducción de costes a base de incrementar la explotación de sus trabajadores. Además, hay una clara orientación a primar la parte del negocio encuadrada en el sector especulativo, fondos de inversión y todo tipo de productos financieros, con márgenes de beneficios mucho más “atractivos”, en detrimento de la banca tradicional. La desaparición total de las oficinas es el futuro. De hecho las sucursales con dos trabajadores de localidades poco pobladas están pasando a ser operadas por agentes externos, es decir: autónomos con una remuneración fija, completada por una comisión.

En la industria, el chantaje de la desinversión y la deslocalización es la estrategia habitual de las multinacionales. El caso de Alcoa es paradigmático. La aluminera estadounidense compró a precio de saldo la estatal Inespal y desde el minuto uno comenzó su plan de cerrar factorías por todo el país hasta que se quedó con tres de las nueve iniciales: Avilés, A Coruña y San Cibrao, en Lugo. El haber recibido cientos de millones de euros en subvenciones por parte de los diferentes gobiernos no fue suficiente para evitar dos EREs y el cierre de las factorías de Avilés y A Coruña. Ahora la multinacional vuelve a la carga y advierte que sin más ayudas están en riesgo otros 600 empleos en Lugo.

El gigante siderúrgico ArcelorMittal —a pesar de haber cerrado el primer trimestre del año con un beneficio neto de 369,7 millones de euros— acaba de plantear una reducción de 700.000 toneladas en su producción de acero en las factorías de Avilés y Gijón, afectando a 5.500 puestos de trabajo y otros tantos en la industria auxiliar. Para ello va a iniciar la paralización de determinadas instalaciones y la aplicación de un ERTE que mañana se convertirá, con toda seguridad, en un nuevo ERE. Las excusas planteadas son las mismas que las de Alcoa: el coste de las materias primas, la tarifa eléctrica, los costes por emisión de CO2...

Hay que defender la nacionalización de los sectores estratégicos

Las direcciones de CCOO y UGT han claudicado de forma vergonzosa, han renunciado en la práctica a la defensa de los intereses de nuestra clase. En cada sector, en cada empresa, su estrategia se limita a negociar el número de despidos y las indemnizaciones. La defensa del puesto de trabajo y la movilización contundente han desaparecido del manual de los burócratas que deciden la línea de actuación de las centrales sindicales mayoritarias. El movimiento obrero necesita una reorientación radical.

Es imprescindible recuperar el sindicalismo combativo. En lugar de negociar la destrucción de empleo es necesario promover la unificación de las luchas y defender todos los puestos de trabajo. Si la empresa es incapaz de mantenerlos, esta debe ser nacionalizada y puesta a funcionar bajo el control de los trabajadores. Evidentemente, la única manera de hacer realidad estos planteamientos es movilizando al conjunto de la clase trabajadora, incorporando nuevos sectores, incluyendo en las reivindicaciones el fin de la política de recortes y austeridad, confluyendo con los movimientos sociales y dejando definitivamente atrás ese sindicalismo del “mal menor”, de gestión del sistema y de colaboración con la patronal y los gobiernos de turno, que tan catastróficas consecuencias ha cosechado.


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