Una reforma al servicio de la patronal

Los ejes fundamentales de la reforma presentada por el gobierno son los siguientes:

1.- Generalizar el contrato introducido en 1997 por el PP (contrato bonificado de fomento de empleo). Este tipo de contrato supone un menor coste de despido (33 días por año con un máximo de 24 mensualidades, en lugar de 45 días y 42 mensualidades como ocurre actualmente para los despidos improcedentes). Se ampliarían de 2 a 4 años las bonificaciones empresariales de estos contratos, que se extenderán en su aplicación a los trabajadores en paro entre 16 y 30 años y a cualquiera que lleve un mes en paro. Estos contratos han supuesto entre 1997 y 2003 el 60,27% de todos los contratos indefinidos; es decir, se están utilizando no para reducir los contratos temporales sino para sustituir a los contratos indefinidos anteriores, más caros en caso de despido. Hablando en plata, se trata de precarizar cada vez más los contratos indefinidos aproximándolos a los temporales.

2.- Utilizando el argumento de “hacer más atractiva a las empresas la utilización de la contratación indefinida” pretenden que el despido no tenga causa, suprimir su autorización administrativa y judicial, además de rebajar las indemnizaciones. Se trata de igualar a la baja las condiciones de inseguridad de los fijos con los temporales.

3.- Reducción de las cuotas empresariales por dos vías:

a) Disminuyendo para los contratos indefinidos 0,25 puntos la cotización por desempleo a partir del año 2006 y un 0,25 adicional en el año 2008.

b) Rebajando una cuarta parte la cotización del FOGASA (pasando del 0,4% al 0,3%).

Mientras se plantean estas reducciones patronales, las aportaciones del Estado al Inem se congelan, disminuyendo en términos reales la cuantía del subsidio de desempleo.

4.- Extender la utilización de las ETTs a todos los ámbitos de la producción, eliminando los sobrecostes que tenían que pagar por indemnización por fin de contrato. Esto supone que las ETTs se convertirán en las auténticas agencias de colocación, arrebatando ese papel al Inem.

5.- Mayores facilidades para que las contratas y subcontratas puedan extinguir, tanto individual como colectivamente, los contratos indefinidos de estas empresas. De la reunión de negociación de la reforma celebrada el 25 de octubre, Cinco Días (26-10-2005) informa que el nuevo contrato fijo para contratas y subcontratas propuesto por el gobierno, similar al que propone la CEOE, incluye una cláusula de despido automático durante los tres primeros años de vigencia. La pretensión de la CEOE es que ese contrato, además de para las contratas y subcontratas, se emplee en otras relaciones laborales como “relaciones mercantiles de empresa, líneas de negocio o actividades con autonomía y sustantividad propia” con lo que, según apostilla el artículo, “en la práctica ampliaría sustancialmente su uso”.

Más beneficios empresariales,

¿mejor para ‘todos’?

El gobierno del PSOE, en lugar de abordar medidas serias para acabar con la precariedad, para recuperar el poder adquisitivo de los salarios, para acabar con la siniestralidad laboral, ha aceptado la lógica de los empresarios, que pasa por incrementar extraordinariamente los beneficios a costa de empeorar las condiciones de trabajo y salariales de la mayoría de la clase obrera. Según este razonamiento cuanto más crezcan los dividendos empresariales, más empleo se creará y más estabilidad se alcanzará. Sin embargo, la experiencia de los últimos años, desmiente este razonamiento.

Según datos de la EPA y de Euroestat analizados por la UGT, el Estado español, aunque aporta a la zona euro el 7% de la ocupación total, concentra el 26% de los trabajadores eventuales de toda la zona euro y el 20% del total de los accidentes laborales. Dicho de otro modo, la temporalidad y la siniestralidad en el Estado español triplica a la de la zona euro, de tal forma que en los primeros seis meses de 2005 más de 800 trabajadores han perdido la vida en accidentes laborales.

Entre el año 1998 y el 2004 el número de trabajadores eventuales ha crecido un 35%, pasando de 3,5 millones a casi 5 millones. La mayoría de la precariedad la soporta la juventud trabajadora: los menores de treinta años, que suponen el 32% de los asalariados, registran una tasa de eventualidad del 48%. Esta lacra se ha extendido vergonzosamente al sector público, donde la tasa de eventualidad se incrementó en un 50% entre 1998 y el 2004.

Respecto a los costes del despido, hay que decir que estudios comparativos de la situación entre los países de la OCDE concluyen que desde 1998 los costes del despido se han reducido en Estado español más que en ningún otro país de la organización, sin que este hecho haya tenido ninguna incidencia en la reducción de la temporalidad.

En el aspecto salarial, otro de los argumentos centrales por el que los patronos exigen la reforma laboral, la realidad desmiente otra vez la propaganda de la patronal. Mientras que el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) ha señalado recientemente que los salarios medios de los trabajadores se sitúan sólo un 0,9% por encima de los de 1997, según un estudio realizado por UGT —con datos de la oficina europea de estadísticas Euroestat, entre 1999 y 2003— el coste medio anual por hora trabajada en nuestro país en el sector industrial y el de servicios no ha aumentado. En el mismo informe se afirma que en todos los países comunitarios estos costes se han incrementado por encima del 10%, con un crecimiento medio del 26,6%. Este empobrecimiento de los salarios de los trabajadores contrasta con el comportamiento de los beneficios empresariales que en ese mismo periodo han crecido un 44%, la tasa más elevada de la Europa de los quince exceptuando Irlanda.

La justificación más importante de las reformas de 1994 y 1997 fue reducir la temporalidad, hecho que no sólo no se ha producido, sino que tiende a empeorar. Ahora, el gobierno de Zapatero abunda en la misma propaganda.

Por otra parte, medidas que han presentado como “progresistas” como la propuesta de transformar en fijos a los trabajadores temporales que en 36 meses hayan suscrito dos o más contratos con la misma empresa durante un período superior a 24 meses, se traducirá en realidad en un aumento de la rotación y una disminución de los días contratados. Las otras medidas para que los sindicatos acepten las propuestas del gobierno, como que los empleos estacionales se cubran con contratos fijos discontinuos y no con temporales y convertir en indefinidos los contratos temporales de obra y servicio, que ahora se usan siempre en los casos de subcontratación, no bastarán en absoluto para equilibrar la balanza a favor de los trabajadores.

Es necesario un plan de lucha contundente

La política de pactos sociales defendida por las direcciones de CCOO y UGT, de acuerdos sin movilización y de “moderación salarial”, no han servido para defender nuestros intereses y han envalentonado a la patronal. Los sucesivos AINC (Acuerdos Interconfederales para la Negociación Colectiva) están logrando reducir el poder adquisitivo de cada vez más trabajadores por la vía de la moderación salarial. Durante 2004 los incrementos salariales pactados fueron del 2,9%, mientras la inflación real fue del 3,2%. Los beneficios empresariales (según el Banco de España) crecieron un 18,6%, llegando al 23,4% en la banca (según la Asociación Española de Banca). Con los datos actuales de inflación, este proceso no hará más que empeorar.

No es extraño que la participación de los salarios en la Renta Nacional se haya reducido del 50% en 2001 al 49,5% en 2004, es decir, la clase trabajadora ha aportado 3.513 millones de euros (580.000 millones de pesetas) a los empresarios. Y esto en un contexto en que el 55% de las familias reconocen que no pueden llegar a fin de mes debido a los bajos salarios y al endeudamiento derivado del precio de la vivienda, y cuando la inflación ha crecido un 10,2% desde 2002, casi el doble de la media de la UE.

En un primer momento los dirigentes de CCOO y UGT han acogido de “forma positiva” las propuestas del gobierno y, aunque no estén de acuerdo con muchas iniciativas “creen que el documento es el adecuado para que sirva de base a las negociaciones” (Cinco Días, 19/10/05). Como siempre hacen, han apelado a la responsabilidad de los empresarios, olvidando la suya ante los trabajadores. Sin embargo la dureza de la patronal está siendo tan fuerte, y la alineación del gobierno con ella tan evidente que no podemos descartar una ruptura de las negociaciones.

En todo caso, es absolutamente necesario que CCOO y UGT rectifiquen su acción sindical y pasen a la ofensiva. Debemos exigir al gobierno del PSOE un cambio radical en sus planteamientos y la retirada inmediata de este proyecto de contrarreforma laboral. Y la mejor manera para lograrlo es convocando inmediatamente movilizaciones, empezando por manifestaciones bien organizadas en todas las capitales del país, a la vez que se inicia una campaña de asambleas en todas las empresas y tajos para debatir el plan de lucha y las reivindicaciones que el movimiento sindical debe exigir para acabar con la precariedad laboral y aumentar los salarios.

Hasta Fidalgo ha tenido que reconocer, en una reciente entrevista en Telemadrid, que la reforma actual es peor que el decretazo del PP del año 2002. También dijo que con la huelga general del 20-J se obligó a la derecha a retroceder, habiendo ya aprobado la medida. Hay que ser consecuentes con ese análisis.

Los trabajadores y sindicalistas marxistas de El Militante hacemos un llamamiento a todos los trabajadores, afiliados y sindicalistas de CCOO, UGT y CGT a movilizarse activamente contra esta nueva agresión y organizar una campaña de denuncia de la reforma laboral en el seno de los sindicatos de clase y en el movimiento obrero.

Otra vez más se ha puesto de manifiesto que no hay terceras vías: o con los trabajadores o con los capitalistas. La época actual de capitalismo salvaje se basa en un ataque hasta el hueso contra las familias obreras como la única forma de garantizar los beneficios empresariales. Una estrategia que amenaza decenas de miles de empleos, como lo estamos viviendo en Seat o General Motors y en numerosas empresas en nuestro país y en todo el mundo. La lucha sindical contra estas agresiones forma parte también de otra más amplia por cambiar la sociedad, por colocar las palancas fundamentales de la economía al servicio de las necesidades de la mayoría y no de los grandes monopolios y la gran banca. Una lucha que plantee la perspectiva del socialismo y la planificación democrática de la economía como la única alternativa realista para terminar con el paro, la precariedad y alcanzar una vida digna para el conjunto de la clase trabajadora.

· Por un giro sindical a la izquierda.

· Por una acción sindical de clase y combativa basada en la movilización y en la unificación de las luchas.

· No a los pactos sociales con la patronal y el gobierno

¡Que la crisis la paguen

los capitalistas,

no las familias obreras!

En defensa del empleo estable

y del poder adquisitivo

de los salarios

¡No a la contrarreforma laboral!