En estas últimas semanas hemos conocido dos sentencias condenatorias a varios activistas de CCOO en relación con el conflicto que protagoniza la actual alcaldesa de Tomares, en la provincia de Sevilla, gobernado con mayoría absoluta por el PSOE.En estas últimas semanas hemos conocido dos sentencias condenatorias a varios activistas de CCOO en relación con el conflicto que protagoniza la actual alcaldesa de Tomares, en la provincia de Sevilla, gobernado con mayoría absoluta por el PSOE. El alcance y la desproporción de las penas ponen de nuevo de manifiesto la impunidad con la que el Estado burgués pisotea el derecho a la libertad sindical, en defensa de los trabajadores, sobre todo si se ejerce desde unas posiciones combativas y de clase.

La primera de las sentencias se produce por la participación de dos de los sindicalistas ahora condenados en la lucha contra la represión sindical que, de manera sistemática, se está llevando a cabo en el citado municipio, con numerosos despidos y persecuciones a todos los trabajadores afiliados a CCOO o que se hayan destacado en las reivindicaciones laborales.

No contentos con ello, también denuncian a los sindicalistas por resistirse a la autoridad, que es como ellos llaman a la lucha organizada de los trabajadores, y el resultado del primer juicio son las condenas entre 6 y 12 meses de prisión a tres sindicalistas por los terribles delitos de “atentado contra la autoridad”, “injurias” y “desobediencia”.

La segunda sentencia condena a cuatro sindicalistas por desplegar en silencio una pancarta de protesta durante la celebración de un pleno municipal. La alcaldesa ordenó el desalojo que la policía local efectuó con extrema brutalidad. La resistencia y el forcejeo en legítima defensa de los trabajadores han sido catalogados por el juez como delito.

Cuatro sindicalistas han resultado condenados a 7 meses de cárcel por “desobediencia y desordenes públicos”, y uno de ellos a 12 meses más por delito de “atentado” (éste es el del forcejeo con la policía cuando intentaban retirarle la pancarta).

Ley antiterrorista

contra el movimiento sindical

La legislación que han aplicado los jueces se basa en una reforma de la ley antiterrorista de la última legislatura de la presidencia de Felipe González, la misma que “se restringiría sólo a Euskadi”, como argumentaba entonces el PSOE, igual que la actual ley de partidos.

La condena de estos compañeros de CCOO representa un salto cualitativo en la represión y, sin duda, será utilizada en el futuro para intimidar a los representantes sindicales más luchadores.

Hay que dejar claro que estamos dispuestos a luchar y a demostrar la fuerza en la calle, para que la próxima vez se lo piensen dos veces antes de dictar sentencias como estas. La debilidad invita a la agresión. Y la respuesta no puede ser otra que una manifestación masiva convocada de forma unitaria por todas estas organizaciones.

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