El mal funcionamiento de la Administración es algo de sobra conocido y padecido por cualquier trabajador, estudiante, pensionista… víctima de los interminables papeleos, tramites y lentitud de la misma. La Administración es un ente abstracto al que todos necesitamos poner cara, y ésta es la del empleado público, por lo que todos los ataques y críticas que todos tenemos acerca de su funcionamiento se personalicen en esta figura, que en la inmensa mayoría de los casos es tan víctima como la persona que tiene delante, algo de lo que se aprovechan e incluso incentivan los distintos gobiernos de turno. Pero el problema es bastante más complejo.
1º) ¿Qué es la Administración? Dejando aparte múltiples definiciones y discusiones teóricas, la Administración no es más que el instrumento del que se sirven los distintos gobiernos (central, autonómicos y locales) para el ejercicio de sus políticas, para lo cual dispone de toda una serie de recursos tanto materiales como humanos (los empleados públicos), pero sobre todo, el elemento fundamental que dirige y determina la actuación de cualquier servicio de la Administración es la partida que al mismo se dedica en los Presupuestos Generales del Estado, cuyos límites no se pueden sobrepasar, convirtiéndose, cual Biblia católica, en norma sagrada y fundamental de la Administración. Si a ello le unimos otro dogma sacro, el “déficit cero”, introducido en 1997 para cumplimiento de los “criterios de convergencia” de la UE, y sobradamente conocido por los empleados públicos, ya que en su nombre hemos de sufrir la “congelación salarial” (casi diez años de la misma han llevado a que las retribuciones de muchos funcionarios con años de antigüedad rocen el salario mínimo interprofesional), tenemos que la cantidad destinada en las partidas a cualquier servicio público sea, por lo general, escasa. Recordatorio: los Presupuestos Generales del Etado no los aprueban los empleados públicos.
2º) Las famosas transferencias competenciales, tan en boga actualmente con las reformas de los Estatutos de Autonomía. En los 25 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución, la Administración española ha sufrido profundos cambios con el surgimiento de las Administraciones Autonómicas y el correspondiente traspaso de competencias a las mismas, que se ha hecho paulatinamente pero sin ningún tipo de orden ni planificación, y que ha llevado en muchas ocasiones a que no quede claro qué administración es la responsable de la gestión de una determinada materia, que en ocasiones se comparta, etc… si a ello le unimos las reestructuraciones internas que realiza cada Administración (ministerio de educación, educación y cultura, educación y ciencia, detrás de estos aparentemente inocuos cambios de denominación, se esconde la gestión o no, por parte de un ministerio, de un sinfín de materias) ya lo tenemos todo para que cuando usted acuda a una oficina obtenga la sobradamente conocida: “No, aquí no es, tiene que ir usted….” seguida de el periplo de un sinfín de ventanillas hasta que por fin, tras horas de esfuerzo, damos con el funcionario encargado de la gestión que queremos llevar a cabo. Hasta donde yo sé, los empleados públicos no realizamos sino que padecemos y la mayoría de las veces no comprendemos estas continuas reestructuraciones.
3º) El Principio de jerarquía. Si hay un principio que se cumple a rajatabla en la Administración, incluso por encima del principio de legalidad, es el de jerarquía: cientos de jefaturas de Negociados, Secciones, Servicios, Direcciones Generales… hacen que el más nimio papel necesite pasar por cuatro despachos con las correspondientes firmas, lo que ineludiblemente retrasa su tramitación. A la vez cualquier actuación está perfectamente regulada, reglamentada y definida, que lleva que para el ejercicio de un derecho el administrado tenga que cumplir interminables trámites recogidos en la orden reguladora del mismo, cuya aprobación por cierto no corresponde al empleado público.
Estos son sólo algunos de los no pocos males endémicos de la Administración española, cuya responsabilidad no recae como quiere hacer ver el Ministro en los Empleados públicos, y mucho menos tiene que ver con el carácter vitalicio de su relación laboral. Esta situación, que se viene acarreando de años atrás, tiene unos responsables muy concretos que, de manera en muchas ocasiones consciente, han ido deteriorando el servicio público en aras de justificar unas privatizaciones que se quieren presentar como símbolo de eficacia y eficiencia, en plena consonancia con las doctrinas neoliberales vigentes en este momento y con los intereses de la burguesía de este país, que una vez que se han zampado la parte de la tarta de las empresas públicas, luchan ahora por hacerse con la porción del pastel que les resta: servicios asistenciales y administrativos.
Los empleados públicos son los primeros que sufren, padecen y denuncian la situación actual de la Administración y que reclaman una reforma integral de la misma, empezando por sus condiciones laborales. El Estatuto Básico del Empleado Público es una reivindicación histórica de este colectivo, que lleva 25 años de retraso y que ahora el gobierno socialista está negociando con los sindicatos a sus espaldas y sin recoger ninguna de sus reivindicaciones: terminar con la dicotomía existente entre personal funcionario y laboral que lleva a que dos empleados que realicen las mismas funciones perciban distintas retribuciones, gocen de distintos derechos y estén sometidos a distinto régimen jurídico; derecho a la negociación colectiva; cláusula de revisión salarial; sustituciones cuando ejerciten sus derechos... Al contrario, el Estatuto no sólo no recoge ninguna de estas reivindicaciones sino que aprovecha para realizar toda una serie de ataques: se acaba con el principio de inamovilidad en el puesto y se sustituye por inamovilidad en la condición de funcionario (no pueden eliminarlo completamente porque es la garantía de la imparcialidad e independencia del mismo), lo que sí pueden ahora es cesarte en tu puesto de trabajo habitual, en aras de una mejor administración, y enviarte a trabajar a 200 kilómetros de distancia; retribuciones, ascensos y promoción en función de la evaluación del desempeño del puesto de trabajo, sin que quede claro como ni quién ni cómo se va a realizar dicha evaluación; se aumentan las materias excluidas de las negociación con los sindicatos; disminuyen los supuestos que generan derecho a solicitar una excedencia; se mantienen e incluso aumentan las deficiencias de la ley de incompatibilidades que llevan a que funcionarios de los cuerpos más bajos tengan un deber de exclusividad para con la Administración, y que permite que funcionarios de los Cuerpos más altos puedan realizar sin problemas una segunda actividad en el sector privado,….y lo mejor de todo, la creación de una nueva figura que, cual si de héroes del cómic se tratara, van a salvar a la Administración de todos los males que padece: el personal directivo. Este personal que se puede nombrar prácticamente a dedo por el gobierno de turno (aunque dice que se seleccionará conforme a criterios de mérito y capacidad no hace alusión a que, como el resto de empleados públicos, tenga que superar unas pruebas en régimen de concurrencia competitiva con otros aspirantes donde demostrar su mayor capacidad y conocimientos para el ejercicio del puesto, algo que contradice el derecho fundamental de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a cualquier empleo o cargo público), además sus condiciones de trabajo estarán al margen de las del resto de los empleados públicos. Parece que en toda la Administración, lugar donde hasta para poder fregar las escaleras hay que pasar unas pruebas para cuya superación casi hay que tener dos carreras universitarias, no hay personal suficientemente capacitado para gestionar un servicio y tendremos que recurrir a buscarlo fuera.
Cuál ha sido la actitud de los sindicatos mayoritarios ante esta situación? Tras una primera ronda de negociaciones en base al primer anteproyecto presentado por el gobierno, protestaron formalmente por la intervención del ministro que culpaba a los empleados del mal estado de la Administración y exigían que se tuvieran en cuenta alguna de sus reivindicaciones. Fruto de las mismas se ha elaborado un segundo anteproyecto donde se modifica la Exposición de Motivos en su totalidad, justificando la reforma ya no por la incompetencia de los empleados públicos como en la anterior, sino recurriendo a la siempre socorrida UE y a la equiparación con la administración de los demás países comunitarios. En cuanto a las reformas del articulado son más de forma que de fondo, se cambia el tono imperativo del primer anteproyecto “Consistirá en todo caso..”, por el “Podrá consistir…”(que viene a decir lo mismo pero da la apariencia de una opción, en cuya elección no tendremos derecho a participar al seguir careciendo de derecho a negociación) y alguna que otra aportación de escaso calado, el contenido básicamente sigue siendo el mismo y lo que es más importante, no recoge ni una sola de las reivindicaciones tradicionales de este sector, se mantiene e incluso empeora en algunos aspectos la situación actual.
Los sindicatos en primer lugar, deberían informar a los empleados públicos del contenido de la reforma, llamando a la movilización para exigir un Estatuto que recoja las reivindicaciones tradicionales de todos los empleados públicos: funcionarización de todos los empleados públicos; regulación básica extensa aplicable a todos los empleados públicos; derecho a la negociación colectiva y cláusula de revisión salarial; formación; aumento drástico de las plantillas,… llevamos 25 años de retraso como para que esta norma se apruebe a toda velocidad como es la intención del gobierno, a espaldas de los trabajadores públicos y sin recoger ninguna de sus reivindicaciones.
