En una coyuntura histórica como la actual, todas las organizaciones se retratan. No se puede escapar con filigranas retóricas ante los hechos tozudos. Por eso es tan lamentable el naufragio político que han sufrido no pocos dirigentes que se posicionan formalmente a la izquierda de la socialdemocracia, pero que acusan las presiones de la campaña reaccionaria del españolismo en su afán por aplastar los derechos democrático-nacionales del pueblo catalán.

Dirigentes como Alberto Garzón, coordinador de Izquierda Unida, han destacado por sus ataques al movimiento independentista catalán, comparando una posible declaración unilateral de independencia con la aplicación del 155 por parte del PP y del Estado. Negándose a apoyar las aspiraciones democrático-nacionales de millones de catalanes, ha despreciado un movimiento de masas que se ha enfrentado al PP y al Estado con una determinación que ha inspirado a los oprimidos de todo el mundo. Insistiendo en descalificarlo por el papel que juegan en él los políticos del PDeCAT, renuncian a intervenir en esta gran movilización de masas y se colocan en una posición equidistante entre la reacción y millones de ciudadanos, jóvenes y trabajadores que sufren su represión. Y lo peor: pretenden justificar su postura haciendo referencia a los grandes pensadores marxistas. La posición de Garzón, y de otros dirigentes que están utilizando su mismo discurso, no sólo representa una falsificación grosera del marxismo, les acerca de manera abierta a las posturas del chovinismo españolista.

Ahora que tanto se habla de la crisis del régimen del 78, es importante que la nueva generación de luchadores conozca cómo se alumbró ese régimen y quienes fueron sus principales actores. Para ello republicamos un amplio trabajo escrito por Bárbara Areal en diciembre de 2008, en el que aborda la actuación del PCE en la Transición y que resultará muy esclarecedor a la luz de los acontecimientos actuales. No en vano, la actual posición de Alberto Garzón respecto a la cuestión nacional catalana es parte de un enfoque completamente alejado del marxismo y que hunde sus raíces en aquellos años.

El PCE y la transición, balance de una derrota política

"En la España de hoy el comunismo no amenaza a nadie. Nuestro partido no pretende establecer un gobierno comunista".  Santiago Carrillo, II Conferencia Nacional del PCE, 1975

"Ya es hora de que los comunistas expongan al mundo entero sus ideas, sus fines, sus tendencias; que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del propio partido". C. Marx y F. Engels, El Manifiesto Comunista, 1848,

Cuando se cumple el 30º aniversario de la Constitución española, el Partido Comunista de España, que con tanta vehemencia defendió su ratificación, atraviesa uno de los momentos políticos más bajos de su historia. Atenazado por una profunda crisis de militancia, con una escasa implantación en los sindicatos y una pérdida formidable de influencia en el movimiento juvenil y vecinal, y afectada por unos resultados electorales mediocres, que amenazan a su marca electoral (IU) con convertirla en una fuerza extraparlamentaria, el PCE se encuentra en una encrucijada histórica.

Esta pérdida de influencia política contrasta vivamente con la situación del Partido en el período de ascenso revolucionario de los años setenta, conocido en la jerga oficial como la Transición. En esos años, el partido gozaba de una abrumadora presencia en el movimiento obrero, auténtica columna vertebral de la organización. La mayoría de los fundadores y cuadros que dirigían CCOO eran militantes comunistas. Sectores de la pequeña burguesía y las capas medias, profesionales, intelectuales de todo tipo, hacían pública su pertenencia al PCE de forma entusiasta. Las Asociaciones de Vecinos, protagonistas de luchas masivas por la vivienda y contra la carestía de la vida, también estaban encabezadas por cuadros del Partido. ¿Cómo es posible que treinta años después todo este capital político y humano, toda esta influencia poderosa, haya sido liquidado y el PCE se mueva en la frontera de la marginalidad política? Intentar responder a esta cuestión, al mismo tiempo que trazar una alternativa a esta crisis, es el motivo de este artículo.

Una época de ascenso revolucionario

Tras un largo período de estabilización política, especialmente los países capitalistas avanzados, la revolución volvió a ocupar la escena política europea. Democracias burguesas aparentemente muy sólidas eran sacudidas hasta los cimientos: en Francia diez millones de obreros ocuparon las fábricas en 1968 abriendo una profunda crisis de poder. En Italia las luchas de 1968/69 empujaban al PCI al gobierno a un ritmo imparable. En pocos años más, las dictaduras griega y portuguesa se resquebrajaban por la acción revolucionaria de los trabajadores, los campesinos y los soldados. En toda Europa se vivía una crisis revolucionaria que ponía la cuestión del poder y del socialismo en el orden del día.

Los ecos de este ascenso revolucionario empezaron a retumbar con fuerza en el Estado español. La agonía física de Franco se convirtió en una expresión plástica de los estertores de una dictadura que duraba ya 40 años. El dictador moría el 20 de noviembre de 1975 y, dos días después, Juan Carlos de Borbón era proclamado su sucesor como Jefe del Estado y Rey de España. Fue en esos meses cuando las luchas obreras, presentes por toda la geografía del país desde hacía más de una década, se generalizaron y radicalizaron (1). La irrupción audaz y decidida de la clase trabajadora en el escenario político se convirtió en la piedra angular de todas las decisiones que se adoptaron en la Transición. El ascenso de la lucha de clases, el crecimiento de la conciencia socialista de millones de trabajadores y jóvenes, la voluntad de combatir hasta el final, abría la misma perspectiva que en Francia o en Portugal: la conquista del poder político por parte de la clase obrera. Éste fue, en esencia, el asunto sobre el que pivotaron todas las maniobras que se sucedieron a lo largo de los años setenta: o la reconversión de la dictadura franquista en un régimen de democracia burguesa o la ruptura política y la lucha revolucionaria por el socialismo.

Era un hecho que el movimiento se sentía fuerte y desafiaba abiertamente al régimen. Así lo demostró la gran huelga de Vitoria en febrero y marzo de 1976. Por primera vez desde los años treinta, la lucha de los trabajadores de Vitoria cristalizó en la formación de organismos de poder obrero, las Comisiones Representativas que, establecidas inicialmente por los trabajadores en sus fábricas para organizar la huelga, se acabaron fusionando en un Comité Central de Huelga que incorporó a sus filas a representantes de las mujeres, los estudiantes y los pequeños comerciantes. Las luchas de Vitoria en 1976 marcaron el inicio de un movimiento que podía acabar en un claro desafío a la autoridad del Estado burgués. Supusieron una tremenda escuela para miles de trabajadores que tomaron conciencia del extraordinario poder que concentraban en sus manos y de su capacidad para dirigir la sociedad sin necesidad de capitalistas. Fue esta realidad, y el temor a que la audacia de estos obreros se contagiara al conjunto del movimiento, lo que llevó a la burguesía a responder brutalmente: en la asamblea general del 3 de marzo, que reunió a 5.000 trabajadores en la Iglesia de San Antonio, la salvaje intervención armada de la policía se saldó con cinco muertos y más de cien heridos (2).

Democracia burguesa o lucha por el socialismo

En la llamada transición estaba en juego la continuidad del propio sistema capitalista. Las reivindicaciones democráticas (elecciones libres, legalización de los partidos y sindicatos obreros, libertad de expresión, de reunión y de manifestación, derecho de autodeterminación para las nacionalidades oprimidas...), que apoyaban entusiastamente millones de trabajadores, campesinos y sectores de la pequeña burguesía, podían haberse vinculado con facilidad a la conquista del poder político, en un movimiento revolucionario por la nacionalización de la banca, los monopolios y los latifundios, por la expropiación completa y sin indemnización de la burguesía que había sostenido los crímenes del franquismo. La correlación de fuerzas en aquellos momentos era completamente favorable para una estrategia socialista de este tipo.

Sólo la miopía y el conservadurismo burocrático de los dirigentes de la clase trabajadora frenó esta perspectiva. La burguesía, igual que en 1931, sabía muy bien qué baza jugar: reformar el andamiaje político del régimen capitalista para mantener firmemente bajo su control las palancas de la economía y, en consecuencia, del poder político. La estrategia debía de pasar, como en tantas ocasiones, por persuadir a los trabajadores de que la democracia sólo sería posible si todos los sectores supuestamente progresistas de la sociedad luchaban juntos dejando de lado sus diferencias de clase y renunciando, obviamente, al socialismo. En definitiva, era necesaria una nueva reedición de la política de colaboración de clases que atara de pies y manos al movimiento revolucionario de los trabajadores.

La experiencia histórica de la clase dominante era amplia al respecto y sabían que podrían contar con los servicios del estalinismo, como había podido comprobar en la década de los cuarenta y setenta en Francia, Italia, Grecia y en la propia revolución española de 1931/39. Pero, para llevar este plan a buen puerto se hacía necesario salvar una dificultad no pequeña: ante los miles de trabajadores en lucha, ante los miles de militantes y cuadros clandestinos del PCE y de CCOO, los demócratas de nuevo cuño como Adolfo Suárez, José Mª Areilza o Juan Carlos I (3), carecían de cualquier influencia y simpatía.

La colaboración de clases: una vieja estrategia al servicio de la burguesía

Los sectores más consecuentes y decisivos de la burguesía española, y también del capital internacional, se apoyaron tenazmente en los dirigentes obreros para conseguir sus objetivos y asegurar la continuidad del sistema capitalista. En este sentido, la dirección del PSOE era muy débil y sus fuerzas organizadas eran incomparablemente menores a las del Partido Comunista, que agrupaba a la vanguardia de la clase trabajadora y cuyos cuadros y dirigentes disponían de una autoridad engrandecida por décadas de lucha clandestina contra la dictadura, detenciones, cárcel y exilio.

Aunque la militancia comunista había dado sobradas pruebas de su arrojo y voluntad revolucionaria,  las bases para la política de colaboración de clases de la transición coincidían plenamente con la estrategia de la dirección del PCE. Unas bases que habían sido definidas en la declaración del Comité Central del partido redactada en 1956: Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español. Unos de sus inspiradores fue Fernando Claudín, que evocaría más tarde dicha declaración en los siguientes términos: “...El título explica bien el contenido... propugnábamos el entendimiento entre las fuerzas de la izquierda y la derecha para que los cambios hacia la democracia se produzcan pacíficamente; una democracia parlamentaria en la que la norma de conducta sea el respeto a la legalidad democrática...” (4).

Santiago Carrillo, convertido ya en incuestionable secretario general del partido, no escatimó energías para llevar a la práctica este plan, aunque sus esfuerzos fueron infructuosos durante muchos años por la simple razón de que los capitalistas españoles seguían considerando la dictadura como el  régimen que mejor aseguraba su tasa de ganancias. La llamada política de reconciliación nacional provocó, ya entonces, una crítica sorda en la base del partido, hecho que fue reconocido por Ignacio Gallego, uno de los máximos dirigentes comunistas del momento: “...Recordamos la conmoción que provocó tal planteamiento en amplias zonas del Partido. ¿Reconciliación con los que hemos tenido en las trincheras de enfrente? Reconciliación de todos los españoles para poner fin a la dictadura franquista, respondía el Partido... Cerrar las heridas de la guerra civil y lanzarse por el camino de la reconciliación nacional obligaba a nadar contra la corriente. El Partido Comunista lo hizo” (5).

Finalmente a partir de 1974, y al calor del ascenso de la lucha de clases, los dirigentes del PCE pudieron llevar a la práctica esta política. Liderando la Junta Democrática, que actuó como el organismo fundamental de la colaboración de clases y de puente político entre los dirigentes del principal partido de la clase obrera y los estrategas del capital, se diseñó una reforma política que mantendría intactos los fundamentos del capitalismo español, sancionaría la propiedad privada de los medios de producción, y aseguraría una total impunidad a los responsables de los crímenes de la dictadura (6).

El Manifiesto Programa de 1975

Para dar una cobertura ideológica a la estrategia de colaboración de clases con la burguesía, en septiembre de 1975 se celebraría la II Conferencia Nacional del Partido Comunista que aprobó por unanimidad su Manifiesto Programa. Por si hubiera alguna duda de las intenciones de la dirección, Santiago Carrillo lo aclaró en su informe político: “En la España de hoy el comunismo no amenaza a nadie. Nuestro Partido no pretende establecer un Gobierno comunista. Estamos convencidos de que un día, en el futuro, el pueblo español votará para que los comunistas encabecen la formación de un Gobierno. Pero pretender tal cosa hoy sería totalmente irreal.” (7)

Esta obstinación por parte de los dirigentes del PCE en disipar cualquier esperanza revolucionaria entre la militancia no dejaba de ser un reflejo, aunque invertido, del enorme apoyo que existía en el movimiento para la transformación socialista de la sociedad. Los redactores del propio Manifiesto tuvieron que justificarse haciendo auténticas piruetas teóricas. Por una parte, se reconocía la situación de ascenso revolucionario en Europa: “Los regímenes fascistas de Portugal y Grecia han sido derribados. Esto ha abierto en Portugal un proceso de transformaciones revolucionarias. En Italia el Partido Comunista ha alcanzado una victoria sin precedentes en ningún país capitalista, que desborda el estricto marco electoral” (8).

Pero cuando se descendía a la situación concreta en el Estado español, es decir, a las tareas políticas de los comunistas, empezaban las excepciones: “en el camino hacia la revolución socialista existe, objetivamente, una etapa intermedia que permite a la clase obrera ponerse al frente de las amplias masas populares y establecer una alianza con los amplios sectores sociales antimonopolistas (...) Esta etapa es la de la democracia política y social o democracia antimonopolista y antilatifundista”.

La vieja teoría kautskista y menchevique de la revolución por etapas y la colaboración de clases, combatida por Lenin y los bolcheviques en 1917 y que a su vez fue rescatada por el estalinismo en los años treinta para traicionar la revolución, volvía a convertirse en la guía del PCE en un momento de crisis revolucionaria:  “En esta democracia no se trata de abolir la propiedad privada burguesa y de implantar el socialismo”, señala el Manifiesto, “subsistirán como tales la inmensa mayoría de los actuales propietarios burgueses...”. En definitiva, democracia burguesa sí, por supuesto, socialismo no, nunca, jamás.

Los ecos políticos de los años treinta

No era la primera vez que los dirigentes del PCE se encontraban ante una tesitura revolucionaria semejante y explicaban a las masas que era demasiado pronto, y la situación estaba demasiado inmadura, para afrontar la tarea de transformar la sociedad. Uno de los discursos más esperados de la Conferencia fue el de Dolores Ibárruri que señaló: “Y esta posibilidad del paso de la democracia burguesa hacia el socialismo, no significa que nos la planteemos hoy como una tarea inmediata, sino como una lógica evolución en nuestro país (...) Ya en nuestra guerra, cuando teníamos los fusiles en la mano, que tomamos para defendernos de la agresión fascista, nuestro Partido luchaba por la República Democrática y Parlamentaria” (9).

Aún más contundente y evocador es Ignacio Gallego: “Esos que saltándose alegremente las etapas de la revolución, plantean como objetivo inmediato el socialismo nos recuerdan a aquellos otros que durante los años 1936-39 sostenían con pasión digna de mejor causa que lo primero era hacer la revolución dejando a un lado los problemas de la guerra” (10).

Parece necesario concretar quiénes eran aquellos otros que querían hacer la revolución. Aquellos otros eran las masas obreras y jornaleras que llevaron a la práctica acciones propias de una revolución. Cientos de miles de trabajadores y campesinos sin tierra que protagonizaron huelgas masivas, liberaron presos políticos, ocuparon fábricas y tierras y las pusieron a producir bajo su control. Incautaron armas, derrotaron a los militares facciosos insurrectos y formaron milicias. Fue precisamente el imparable ascenso revolucionario lo que provocó el conflicto militar abierto entre las clases y la guerra civil. Igual que en el Octubre ruso, la burguesía usó la armas, no para defender la democracia capitalista, sino para aplastar a las masas revolucionarias. La enorme diferencia fue que la dirección bolchevique se apoyó en las conquistas revolucionarias para levantar el poderoso Ejército Rojo que detuvo el ataque combinado de la contrarrevolución rusa e internacional. La concepción etapista de la revolución fue el elemento político común del programa del PCE en los años treinta y setenta, y sus resultados fueron trágicos para la causa del socialismo. (11)

La ola revolucionaria en ascenso

A pesar de los planes trazados sobre el papel, la lucha de clases tiene su propia dinámica. El Primero de Mayo de 1976 transcurrió con manifestaciones y saltos en todas las ciudades que desafiaron la prohibición gubernamental y la brutal represión policial. Las huelgas se sucedían afectando a todos los sectores: metal, construcción, transporte, enseñanza, sanidad, pesca... Ese año, las huelgas supusieron la pérdida de 110.000 jornadas de trabajo.

En este contexto, y para contener el ascenso de la lucha y la radicalización política de los trabajadores, la burguesía puso al frente del gobierno a los sectores más proclives a la negociación con los dirigentes obreros, nombrando a Adolfo Suárez presidente del mismo en julio de 1976. Pero dentro del aparato del Estado franquista había elementos que no estaban dispuestos a aceptar las nuevas reglas de juego. Contaban para ello con las bandas y organizaciones fascistas, que actuaban con total impunidad y el apoyo de sectores importantes del ejército. Persuadidos de que un ataque brutal propiciaría el clima de terror necesario para que las masas volvieran a sus casas, decidieron pasar a la acción. El 23 de enero de 1977, en una manifestación pro amnistía, muere asesinado por un fascista el estudiante David Ruiz. Al día siguiente, en la manifestación en protesta por el asesinato de David, muere, esta vez a manos de la policía, la estudiante Mª Jesús Nájera. Por la noche, varios pistoleros fascistas asesinan brutalmente a cinco abogados laboralistas de CCOO en su despacho de la calle Atocha.

A pesar de su frialdad y crueldad, los asesinos fascistas consiguieron, justamente, el efecto contrario al que perseguían. Los trabajadores y la juventud, lejos de amedrentarse, estaban en total ebullición. En los barrios y las fábricas todos esperaban la convocatoria de una huelga general. Sin embargo, los dirigentes pidieron calma, aconsejando no caer en provocaciones, evitando dar un cauce de expresión a la sed de justicia de la clase trabajadora y la juventud. A pesar de ello, 300.000 trabajadores se ponen en huelga el día 26 de enero en la capital coincidiendo con el entierro de las víctimas, al que acuden cientos de miles de trabajadores. En Euskadi y Barcelona también hay manifestaciones masivas. Fue, sin duda, un momento decisivo. Si los dirigentes del PCE y el PSOE, de CCOO y UGT, hubieran defendido ante la clase obrera y la juventud acabar con la pantomima del régimen de Suárez y Juan Carlos I para situar en su lugar un genuino gobierno de los trabajadores basado en una política revolucionaria y socialista, habrían sido apoyados de forma entusiasta.

La actitud de los dirigentes obreros no reflejaba el ambiente real que se vivía en el seno del movimiento. La posibilidad de que la clase obrera perdiera definitivamente la paciencia era real. Por eso, entre los sectores decisivos del capital español e internacional triunfó la postura de hacer concesiones para evitar perderlo todo. Así en febrero de 1977 eran legalizados el PSOE y los sindicatos y, el 7 de abril, el PCE. Finalmente, en junio se celebrarían las primeras elecciones al parlamento desde febrero de 1936.

Eurocomunismo: una nueva versión del viejo reformismo

En medio de toda esta vertiginosa sucesión de acontecimientos, Santiago Carrillo dio un paso más en su renuncia al marxismo con la publicación de su libro ‘Eurocomunismo' y Estado. La presentación del libro se realizó en el “prestigioso” Club Siglo XXI y corrió a cargo de Fraga Iribarne, quien se deshizo en elogios del texto del entonces secretario general del PCE: “ha tenido una resonancia ilimitada porque con más decisión intelectual que ninguno de los otros revisionistas de los dogmas marxistas ha rebasado no sólo el estalinismo, sino también el leninismo”. Tampoco se cortó en alabar al propio Carrillo: “...he entrevisto en él a un español, con las virtudes y los defectos de la raza, bastante bien plantados” (12).

Lo cierto es que tras el rebuscado nombre de Eurocomunismo no hay otra cosa más que el viejo programa reformista de siempre. De todas las viejas ideas socialdemócratas que el libro de Carrillo trata de actualizar hay que destacar, por su mezquindad intelectual, una por encima de todas: el falso argumento de que leninismo y estalinismo, en el fondo, son la misma cosa. Tras sacar de contexto diversas citas de Lenin sobre la democracia, caracterizándolas de exageradas, unilaterales, excesivas, confusas y hasta absurdas, Carrillo concluye: “No considero aventurado pensar que algunas opiniones de éstas han conducido a los discípulos de Lenin -incluidos durante un tiempo nosotros mismos- a subestimar el valor de la democracia y a pasar por alto ejemplos visibles de su vulneración, y esto sin referirme ya a las aberraciones monstruosas del estalinismo” (13).

¡Cuánta manipulación! El concepto de democracia obrera leninista es claro y diáfano, y está enunciado de forma detallada en un libro genial, El Estado y la revolución: elección directa y revocabilidad de todos los representantes de los trabajadores; ningún funcionario del Estado obrero percibirá un salario superior al de un trabajador cualificado; ningún ejército permanente sino el pueblo en armas y la  realización  de todas las tareas de la administración del Estado de forma rotativa por parte de toda la población. ¿Qué tiene esto que ver con los regímenes estalinistas del llamado socialismo real? ¿Por qué Carrillo ocultaba en 1977 el ideario leninista mientras durante décadas justificó todos los crímenes del estalinismo?

La alianza con la burguesía cristaliza: Los Pactos de la Moncloa

La política de colaboración de clases, que en los momentos decisivos de la revolución se convierte en una trampa para las masas, tiene también otras consecuencias perniciosas. Si los cuadros comunistas no son educados en una política de independencia de clase, antes o después, se verán obligados a vestir ante los trabajadores a sus enemigos reales como potenciales aliados, justificando una política que, al margen de bienintencionados propósitos, perjudica los intereses del conjunto de la clase obrera y de la lucha por el socialismo.

Los dirigentes del PCE no ignoraban que un desenlace semejante sería inevitable y así en el Manifiesto Programa se afirmaba: “Tal alianza, como todas, exige concesiones mutuas. La clase obrera se compromete a respetar la propiedad no monopolista en la etapa de democracia” (14).

Como le gustaba decir a Lenin la verdad es concreta y este programa debía ser aplicado en el contexto de la crisis económica mundial de 1974, que en el Estado español explotó de manera virulenta entre 1977 y 1980. Las empresas cerraron por miles, dejando a finales de año un saldo de un millón de parados. La inflación alcanzó el 30% mientras la burguesía española saqueaba la riqueza del país a través de una fuga masiva de capitales. La receta de los capitalistas para afrontar la crisis fue la misma que en toda recesión: que la crisis la paguen los trabajadores.

Para encontrar una salida a la situación, en agosto y septiembre de 1977 (15) se produjeron numerosas reuniones para ganar el apoyo de los dirigentes de las organizaciones obreras al plan de austeridad diseñado por el gobierno Suárez. Se fraguan los Pactos de la Moncloa en torno a un crecimiento salarial vinculado a la inflación prevista por el gobierno y no la real (topes salariales); la congelación de gastos y el déficit público y la flexibilización del despido. Los dirigentes del PCE y CCOO apoyaron entusiastamente el pacto desde un principio. La dirección del PSOE titubeó demagógicamente, para dar posteriormente su respaldo total. En cuanto a la UGT, reflejando la fuerte presión de los trabajadores, se opuso inicialmente para acabar firmándolo más tarde. La oposición del conjunto de la clase obrera a los pactos era tan grande, incluidas cientos de secciones sindicales de CCOO, que el mes de noviembre de 1977 estuvo marcado por la celebración de manifestaciones obreras en todo el Estado contra la firma del acuerdo.

En esa tesitura los dirigentes del PCE se vieron obligados a poner toda su autoridad sobre la mesa, con declaraciones sorprendentes contra las huelgas y las luchas por recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación. En una entrevista realizada a Marcelino Camacho, el fundador de CCOO, se expresaba de la siguiente manera: “Hoy, el realismo es obligatorio, aunque le sea desagradable escucharlo a los trabajadores.” El periodista replica: “En esas condiciones, ¿qué queda de la acción sindical?”. Marcelino responde: “Lo esencial: las huelgas. Pero es un arma que hay que usar con prudencia. En 1976 hemos perdido 110 millones de jornadas de trabajo. El año pasado, solamente diecinueve. Este año tendremos menos” (16).

Nicolás Sartorius, entonces dirigente del PCE, también proclamaba su convencimiento acerca de las bondades que ofrecía el plan de austeridad: “Aunque no existiera, CCOO hubiera fomentado una política de moderación salarial...” (17). A finales de 1977 los trabajadores habían perdido un 10% de su poder adquisitivo. Poco después, en abril de 1978, tan sólo un año después de su legalización, el IX Congreso del PCE, a pesar de la resistencia de algunos sectores, aprobó formalmente su renuncia al leninismo.

La bandera española, la monarquía y la impunidad para los criminales franquistas

El movimiento revolucionario de los trabajadores y la juventud de todo el Estado español estaba siendo desvirtuado y reconducido hacia las aguas del parlamentarismo burgués. Cortada la dinámica ascendente de la lucha revolucionaria, con miles de trabajadores de vanguardia desmoralizados debido a la política de colaboración de clases practicada por los dirigentes del PCE, la burguesía necesitaba aún más. La efervescencia política de las masas hacía necesario reforzar su dominio ideológico de la sociedad, dejando firmemente establecidos los límites de la democracia burguesa española. Y, en esta tarea, los dirigentes políticos de la clase obrera, especialmente los dirigentes del PCE, serían el factor determinante.

Fue en torno al contenido de la nueva Constitución donde se centró el debate sobre las premisas políticas de la joven democracia española. A diferencia de los líderes del PCE y el PSOE, la burguesía no quería hacer ninguna concesión innecesaria en el texto constitucional. Todo aquello que tuviera que ver con la propiedad privada y la toma de decisiones políticas fundamentales quedaba claramente garantizado en beneficio de la burguesía. También quedaba excluido el derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas, a favor de una estructura territorial basada en las Comunidades Autónomas. Aspectos vitales para las familias trabajadoras como el derecho a la vivienda, a la sanidad, al empleo o la educación, eran enunciados de forma tan grandilocuente como abstracta, sin comprometer los intereses de los capitalistas. Por supuesto, la burguesía española no olvidó los servicios prestados por la dictadura: ninguno de los criminales franquistas, incluidos torturadores y asesinos, fue juzgado ni condenado por sus crímenes. La impunidad fue ratificada con la anuencia de los dirigentes del PCE y del PSOE.

La dirección del PSOE, que en 1977 todavía se reclamaba republicana, aceptó definitivamente la monarquía parlamentaria en 1978. Los líderes del PCE participaron activamente en el proceso de elaboración de la Constitución a pesar de que ello implicara la aceptación de la bandera nacional de Franco o la monarquía. Cuando utilizamos el término “activamente” no lo hacemos a la ligera. En la primera reunión del Comité Central del Partido tras su legalización, Carrillo llegó a afirmar: "Desde ahora, la bandera nacional figurará siempre al lado de la del Partido Comunista en todos los actos en que se exhiba ésta". Toda la dirección se volcó en defender el Sí a la Constitución en el referéndum del 6 de diciembre de 1978: Ignacio Gallego, Antoni Gutiérrez, Jordi Solé Tura, Jaime Ballesteros, Pilar Bravo, Nicolás Sartorius, Manuel Azcárate,... CCOO puso en marcha 3.000 asambleas de fábrica para sumarse a la campaña del Sí.

El resultado del referéndum fue un amplio voto afirmativo, aunque con una abstención del 35% y la victoria del No en Euskadi. Para sectores amplios de la clase trabajadora era algo más que difícil pronunciarse de forma contraria cuando sus dirigentes explicaban que la Constitución contenía “una serie de avances hacia transformaciones de carácter económico y social en la dirección de la democracia política y social y, en último término, hacia el socialismo...” (18).

La burguesía internacional, que había seguido con auténtica preocupación los procesos políticos en el Estado español, no pudo dejar de congratularse por esa actitud responsable y realista de los líderes de la izquierda española. Uno de los periódicos burgueses más respetados, The Financial Times, hizo un sentido homenaje a Santiago Carrillo: “El señor Carrillo fue el primer dirigente que dio su espaldarazo a los Pactos de la Moncloa (...) La moderación activa de los comunistas durante y después de la masacre de los trabajadores en la huelga de Vitoria de marzo de 1976, del ametrallamiento de los cinco abogados comunistas en enero de 1977, y la huelga general en el País Vasco en mayo de 1977 -por tomar sólo tres ejemplos- es probablemente decisiva para evitar que España cayera en una situación de conflictividad extensa y para permitir la continuidad de la reforma (...) Esto ha supuesto para el señor Carrillo una nueva respetabilidad...” (19).

El carácter irreconciliable de los intereses de la burguesía y el proletariado también es aplicable en este terreno. La política que tantas alabanzas arrancaba entre los representantes del capital, fue la misma que provocó el alejamiento del Partido de una parte fundamental de su militancia. Tras el entusiasmo inicial, que permitió al PCE alcanzar más de 205.000 afiliados en 1978, el Partido sufrió una pérdida constante de apoyo entre la clase obrera. En 1983 declaraba tener 85.000 afiliados, en 1985 poco más de 67.000, y en 2008 alrededor de 20.000 militantes.

Volver al programa del auténtico comunismo, volver a Marx y Lenin

Nada más lejos de nuestra intención que realizar en estas líneas una reflexión desde la tarima académica, convertidos en observadores distantes y jueces de la lucha de clases. El objetivo de esta serie de artículos es subrayar que no fue la debilidad del movimiento obrero lo que impidió la transformación socialista de la sociedad en aquellos años. Todo lo contrario, nuestra clase no dudó en abrazar la lucha por el socialismo en todas y cada una de las profundas crisis que azotaron al capitalismo en el siglo XX. Estamos convencidos de que las cosas no serán distintas en el siglo XXI. La cuestión fundamental, que ha quedado en evidencia a lo largo de setenta años, es que llegado el momento decisivo del enfrentamiento entre las clases las masas puedan disponer de un Partido con un programa, una táctica y unos métodos genuinamente comunistas. Y, ciertamente, no nos sobra el tiempo. La actual crisis económica que azota al capitalismo vuelve a brindar a los comunistas las mejores condiciones objetivas para construir una alternativa revolucionaria. Pero una situación objetiva favorable no es el único requisito que necesitamos para triunfar. La historia nos enseña que son más numerosos los procesos revolucionarios derrotados que los victoriosos. Por eso, hacemos nuestras las siguientes palabras de Lenin: “Si no tememos decir con franqueza la verdad, por amarga y dura que sea, aprenderemos sin falta y ciertamente a vencer todas las dificultades” (20).

NOTAS

  1. En la curva ascendente de la lucha huelguística podemos ver el proceso de la toma de conciencia de los trabajadores: en el trienio 1964/66 hubo 171.000 jornadas de trabajo perdidas en conflictos laborales; en 1967/69: 345.000; en 1970/72: 846.000 y en 1973/75: 1.548.000. Posteriormente a la muerte de Franco, la ofensiva adquirió unas dimensiones insólitas: desde 1976 hasta mediados de 1978 se perdieron nada menos que 13.240.000 jornadas en conflictos laborales. Los primeros meses de 1976 estuvieron marcados por huelgas en Euskadi y Madrid que se extendieron por todo el Estado. Empresas como ENSIDESA, HUNOSA, Standard Eléctrica, Metro y Correos, protagonizan duras luchas que duraron meses. Inevitablemente, a las reivindicaciones de tipo económico se sumaron rápidamente demandas netamente políticas.
  2. Las respuestas de solidaridad en el conjunto del Estado fueron numerosas: huelgas generales en numerosas localidades de Euskadi y en otras zonas del Estado; asambleas masivas en centenares de fábricas, indignación y furia. Pero como ocurriría meses más tarde con el brutal asesinato de los abogados laboralistas de Atocha, ninguno de los máximos dirigentes políticos del movimiento obrero, especialmente del PCE, llamó a responder el brutal ataque a través de la huelga general y a la formación y coordinación estatal de organismos obreros como el Comité Central de huelga de Vitoria.
  3. En aquellos momentos Juan Carlos I era apodado por las masas como Juan Carlos el breve.
  4. Fernado Claudín, Santiago Carrillo. Crónica de un secretario general, p. 118, Ed. Planeta, Barcelona 1983.
  5. Ignacio Gallego, Desarrollo del Partido Comunista, páginas 224 y 225, Colección Ebro, París 1976
  6. La Junta Democrática integró, entre otros, a destacados monárquicos. El PSOE, por su parte, fundó en 1975 la Plataforma de Convergencia Democrática, que agrupó a franquistas reconvertidos como Ruíz-Giménez y que servía como contrapunto al protagonismo del PCE. Ambas plataformas interclasistas se fusionaron en 1976 en lo que popularmente se bautizó como Platajunta, un auténtico organismo de coordinación política entre capitalistas y dirigentes obreros.
  7. Informe Central de Santiago Carrillo a la II Conferencia Nacional del PCE, incluido en el libro España: democracia o fascismo, página 58, editorial Democracia y socialismo, México 1976.
  8. Manifiesto Programa del PCE reproducido en el libro España: democracia o fascismo, página 115, editorial Democracia y socialismo, México 1976. Las conclusiones del Manifiesto Programa contrastaban con la idea de un cambio radical de sistema que ganaba extensión entre las masas día a día y sector a sector. Unas ansias de cambio de una profundidad y potencia capaces de penetrar incluso en las filas de la Iglesia y el Ejército, durante largo tiempo instrumentos claves de dominación para la dictadura. En agosto de 1974, un grupo de oficiales y suboficiales jóvenes, influenciados por la Revolución de los Claveles, fundó en la clandestinidad la Unión Militar Democrática. En muchos barrios se hizo familiar la figura del cura obrero, que se convirtió en un activista de muchas luchas hasta el punto de ceder su parroquia para reuniones clandestinas de trabajadores y de partidos de izquierdas.
  9. Discurso de Dolores Ibárruri recogido en el libro España: democracia o fascismo, página 79, editorial Democracia y socialismo, México 1976.
  10. Ignacio Gallego, Desarrollo del Partido Comunista, página 238, Colección Ebro, París 1976.
  11. En el esquema político de los dirigentes del PCE era imposible encontrar condiciones favorables para la revolución socialista. Cuando en mayo de 1968 diez millones de obreros franceses ocuparon las fábricas y abrieron una auténtica crisis revolucionaria, Santiago Carrillo manifestó: "En Francia no existían todavía las condiciones objetivas y subjetivas para llevar la huelga nacional a sus últimas consecuencias, es decir, al establecimiento de un poder político antimonopolista que abriera la vía al socialismo" (Santiago Carrillo, La lucha por el socialismo, hoy, recogido en el libro Hacia un socialismo en libertad, página 51, editorial CENIT, Madrid 1977). Parece lícito preguntarse: ¿cuándo existirían para estos dirigentes condiciones objetivas para la transformación socialista de la sociedad?
  12. El País, 28 de noviembre de 1977.
  13. Santiago Carrillo, ‘Eurocomunismo' y Estado, página 115, editorial Grijalbo, Barcelona 1977.
  14. Manifiesto Programa del PCE reproducido en el libro España: democracia o fascismo, página 123, editorial Democracia y socialismo, México 1976.
  15. En junio de 1977 se habían celebrado las primeras elecciones generales después de cuarenta años de dictadura. A pesar de que más de dos millones de jóvenes entre 18 y 21 años no pudieron votar, así como decenas de miles de emigrantes, el PSOE, el PCE y Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván sumaron un 43,7% frente al 42,9% de la derecha (la Unión de Centro Democrático de Suárez y Alianza Popular, dirigida por Fraga). Un resultado aún más meritorio si tenemos en cuenta que los líderes del PSOE y el PCE dedicaron, en aquellos meses, todo tipo de elogios a Suárez destinados a borrar su pasado franquista y presentarlo como pieza clave de la democracia. En cualquier caso, en los puntos estratégicos de la lucha de clases, las grandes ciudades y los centros industriales, la victoria de la izquierda fue aplastante.
  16. El País, 27 de abril de 1978.
  17. El País, 10 de diciembre de 1977.
  18. Declaraciones de Jordi Solé Tura, representante del grupo parlamentario comunista en la ponencia constitucional. El País, 8 de enero de 1978.
  19. Financial Times, 13 de diciembre de 1978.
  20. Lenin, octubre de 1921, OO.CC., Editorial Progreso, Tomo 44, pag. 199.


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