La dirección de la empresa ha explicado que quiere reducir en un 20% los trabajadores encargados de garantizar el servicio de la red y operaciones, que hoy representan el 60% de la plantilla. Detrás de estos planes está claramente la idea de incrementar la subcontratación de estos trabajos. Es lo que hemos visto todos estos años. La sustitución de trabajadores con derechos, conseguidos tras años de luchas, por trabajadores de empresas subcontratadas, mal pagados y con contratos precarios. A través de la subcontratación, Telefónica no sólo recorta costes laborales, sino que al reducir drásticamente el número de empleados asesta un golpe importante a la plantilla y a los sindicatos.
Si los planes de la empresa salen adelante, los trabajadores sólo vamos a obtener peores condiciones de trabajo, más precariedad y más explotación por parte de todas estas empresas interpuestas a través de las que se subcontrata. El expediente presentado por Telefónica sólo puede ser visto como un gran paso atrás y un ataque directo a las conquistas y derechos de los trabajadores. La actitud de las direcciones de UGT y CCOO, que se han limitado a plantear que las bajas tienen que ser voluntarias y que no van a aceptar medidas de movilidad geográfica, no se entiende de ninguna manera bajo este punto de vista. Lo que plantean es claramente insuficiente y no se corresponde en absoluto con una postura de defensa de los intereses generales de la clase trabajadora, que en este caso pasa claramente por defender todos y cada uno de los puestos de trabajo de Telefónica y oponerse de manera rotunda, a través de la movilización, al expediente y a los planes de la dirección de Telefónica.
Aventuras fracasadas
Está claro que Telefónica quiere cargar el peso de sus maltrechas finanzas sobre las espaldas de los trabajadores. Por un lado las aventuras de la telefonía de tercera generación (UMTS) y las millonarias inversiones en Internet que han sido un auténtico fiasco, y por otro lado las obligaciones políticas que le atribuyó el Gobierno del PP (las operaciones de control de medios de comunicación, como Vía Digital, Antena 3 y Onda Cero), han dejado un agujero impresionantes en las finanzas del grupo Telefónica, que ahora quieren hacer pagar, como siempre, a los trabajadores. Estos elementos, que se llevan cada mes miles de euros a sus bolsillos, actúan con total impunidad. Sus operaciones resultan un fracaso absoluto, fruto de su gestión se producen pérdidas millonarias, pero aquí no pasa nada y siempre pueden culpar a la “injusta” regulación de las telecomunicaciones o a la “liberalización” de la telefonía. Y el Gobierno, encantado (al fin y al cabo son los mismos, hoy en el consejo de administración, mañana en el consejo de ministros) acudirá solícito a apoyar los planes de la empresa. Sólo hay que ver como Piqué, ministro de Ciencia y Tecnología, repite los mismos argumentos que el presidente de Telefónica, César Alierta.
Es inaceptable que UGT y CCOO se hayan limitado a declarar que van a negociar el expediente. El despido de esos 15.000 trabajadores es innegociable. Cada jubilación debe tener un contrato de relevo inmediato. Los dirigentes sindicales no pueden seguir aceptando el cambio de trabajo fijo y con derechos conquistados por trabajo basura y temporal, que es lo que está ocurriendo en todas las grandes empresas, con la excusa de “aceptar lo menos malo”.
Es urgente que UGT y CCOO organicen inmediatamente la lucha por el mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo de Telefónica, exigiendo al mismo tiempo la renacionalización de la empresa, bajo el control de los trabajadores, sindicatos y usuarios, como la única manera de acabar con el despilfarro y el robo de los grandes accionistas; mantener todos los puestos de trabajo y garantizar un servicio de calidad y asequible para los consumidores.
