El gobierno parece querer dar pasos para garantizar la estabilidad del sistema y en ese sentido ha decidido poner ciertos límites a la explotación ilegal del trabajo asalariado, lindante al esclavismo, totalmente fuera de control y que ha alcanzado un gran tamaño. Con esa medida el Estado podrá recaudar algo más de dinero. Claro que en la actitud de la burguesía pesa tanto la estabilidad del sistema como su voracidad de beneficios, legales o ilegales. Por eso, bajo el capitalismo en su fase decadente, la salvaje explotación de la mano de obra inmigrante, será algo a lo que recurrirá constantemente, con más o menos intensidad, y que sólo podremos combatir con la organización y la lucha de todos los trabajadores. La burguesía trata de conseguir un margen de beneficios determinado, bien precarizando legalmente las condiciones de trabajo, como anuncia la próxima reforma laboral, o bien a través de la economía sumergida, en la que se encuentran gran parte de los inmigrantes (a pesar de las cifras del gobierno, que reduce a un máximo de 120.000 los no regularizados).
El PP, con su postura abierta y estúpidamente reaccionaria, se ha opuesto a esta medida como a cualquier seudo reforma del PSOE. Acebes y compañía avisan del “efecto llamada” y de la dificultad para afrontar los gastos sociales que demanden los inmigrantes y sus familias, cuando resulta que es la burguesía la que está empeñada en reducirlos a toda costa, con o sin inmigrantes.
Por otro lado, resto de fuerzas de la izquierda (IU, CCOO, UGT), aplauden la medida pero piden que se profundice en la reforma y se alargue el proceso para que no se queden fuera tantos inmigrantes, pero en ningún caso cuestionan el fondo del asunto, es decir, la crisis del capitalismo y su incapacidad para solucionar el problema.
Abuso sin escrúpulos
En el caso de la provincia de Almería mucha gente se ha quedado fuera de este proceso y muchos otros han tenido que comprar un contrato de trabajo pagando entre 1.500 y 3.000 euros a empresarios desaprensivos que han aprovechado la ocasión para hacer negocio de la desesperación de los “sin papeles”. Asimismo tendrán que pagar la seguridad social de su bolsillo, cuando en la práctica no se cobra el sueldo estipulado por el convenio, en el caso de la agricultura. Otros, al pedir a sus empresarios ser regularizados, han sido despedidos. Se da el caso de expulsiones de inmigrantes, por parte de la policía, que estando dentro del proceso están a la espera de la resolución administrativa, favorable o desfavorable, de su permiso de residencia.
Pero aun en el caso de obtener el permiso de residencia, éste caducará al año y, en muchos casos, el inmigrante se verá otra vez en una situación de inestabilidad y en el agobio de tener que conseguir los requisitos de nuevo. Además, estarán expuestos a las posibles exigencias y condiciones que les impongan sus empresarios para que les renueven el contrato.
Es pronto para hacer un balance de cuántos inmigrantes obtendrán los papeles y de cuá,nta economía sumergida emergerá (hasta finales de julio no terminará la comprobación de todos los expediente, según el ministro de trabajo), pero desde ya podemos apreciar las deficiencias de este proceso. IU, CCOO y UGT deberían exigir al gobierno del PSOE que profundicen en verdaderas reformas para la consecución no sólo de los papeles para los inmigrantes, sino también de un puesto de trabajo digno, un vivienda asequible y una buena educación y sanidad pública para todos.
Juan Rodríguez
Almería
