Las circunstancias políticas vividas durante la pasada legislatura de Fraga son excepcionales porque en estos últimos cuatro años asistimos a un proceso de movilización enorme. Recordemos que ese proceso de movilización ya comenzó a las pocas semanas de la victoria electoral del PP en las autonómicas de 2001, con la lucha contra la LOU, que fue muy importante pero que sólo fue un aperitivo de lo que estaba por venir. El desastre del Prestige fue el siguiente paso de ese proceso. La actuación de la Xunta acabó con el mito de la competencia de Fraga y puso en evidencia el carácter autoritario y manipulador de la derecha, que todavía se había de poner más de manifiesto durante las movilizaciones contra la guerra de Iraq. La derrota electoral del PP el 14-M fue otro acontecimiento importante.
Todo esto, añadido al desgaste de tres lustros en el poder, a la última legislatura de Aznar, a la actuación del PP desde la oposición y a la crisis del PP gallego, explica el evidente nerviosismo del PP. La mejor prueba es que vuelven a presentar a un Fraga que chochea (recordemos, sin ir más lejos, sus declaraciones presumiendo de que él nunca había usado condón). Saben que no es la mejor opción, pero no tienen alternativa. Fraga ya no manda como antes (ahí estuvo la rebelión de sus diputados orensanos), pero nadie se atreve aún a retarlo personalmente porque son conscientes de que su retirada abriría inmediatamente una guerra por la sucesión y llevaría a un cisma que sí garantizaría la derrota del PP el 19 de junio. Que la crisis del PP gallego sigue abierta lo demuestra que, incluso en este momento delicado, hubo grandes tensiones internas para la elaboración de las listas (Baltar rechazó a Núñez Feijoo por Ourense, Corcoba dimitió en Coruña, etc.), producto del afán de los dos bandos por obtener el mayor número posible de diputados y del interés de los actuales conselleiros por garantizarse un escaño, dado que ya no ven seguro continuar en la Xunta.
A todos estos factores políticos hay que añadirles los cambios sociológicos. Galicia ya no es la sociedad de hace 20 ó 30 años. Hubo una enorme reducción de la población activa agraria y, con ella, de la población rural (en la actualidad, el 40% de la población se concentra en tan sólo cuatro grandes áreas metropolitanas: Vigo, A Coruña, Ferrol y Santiago); mientras Lugo y Ourense, los feudos del PP, pierden habitantes, la población se va concentrando en la franja que va de Ferrol a Vigo. Estos procesos de cambio sociológico inevitablemente acaban por llevar a una nueva correlación de fuerzas entre las clases y son, en última instancia, la razón del lento pero continuo declive electoral que el PP venía sufriendo en Galicia, declive que ahora puede sufrir un acelerón a consecuencia de los factores políticos mencionados.
Un balance nefasto
La crisis del Prestige fue el centro de la pasada legislatura y puso al PP contra las cuerdas. Puede parecer que quedó atrás, pero no es así. Fueron demasiadas cosas, demasiadas mentiras, demasiada represión, demasiada manipulación, como para que sus efectos en la conciencia desaparezcan. Todo lo contrario, lo aprendido en aquellos meses está ahí, el Prestige marcó a una generación de gallegos, especialmente a la gente joven. Además, están las repercusiones medioambientales del desastre, que no desaparecen tan fácilmente. Un estudio de las cofradías afectadas por el vertido estimaba, en octubre del año pasado, que el descenso en las capturas de pescado era del 25%.
Pero además, la situación económica y social no avanzó en estos años, sino que retrocedió. Los indicadores socioeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, accidentes laborales, precariedad, sanidad, etc.) son peores que la media estatal. Esto trae como resultado, entre otros, que miles de jóvenes gallegos se vean obligados cada año a ir a trabajar a otras comunidades autónomas. La Xunta contribuye activamente a esta situación. Por ejemplo, en la sanidad pública autonómica se denunciaron contratos por días o fines de semana. El apoyo de la Xunta a las empresas es tan descarado que incluso suprimieron la obligatoriedad de que las cajas de ahorro gastasen una parte de sus beneficios en obra social, medida introducida en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de este año. También es notorio su desinterés por los problemas que la cuota láctea le crea a los pequeños ganaderos. En el terreno de la enseñanza, la Xunta continuó con su política de deteriorar la enseñanza pública y favorecer a la privada, desviando dinero desde la primera a la segunda.
Esta es la realidad, pese a la hipocresía de la Xunta. Valga el siguiente ejemplo: el PP lleva años desoyendo las demandas sindicales para que se dote a las inspecciones de trabajo de más medios. De hecho, en toda Galicia, con dos millones y medio de habitantes, sólo hay 43 inspectores. Pero esto no impidió a la conselleira de Relaciones Laborales lamentarse de los cuatro trabajadores muertos el 11 de mayo en Navantia-Ferrol, ni le privó de anunciar unos días después que Galicia será la primera autonomía que promoverá un certificado de calidad para los servicios de prevención. Hay que tener cara.
El PP debe perder las elecciones
Una derrota electoral del PP el 19 de junio abriría una nueva etapa política en Galicia, además de suponer un durísimo golpe al PP estatal. Pero aun así, el PP podría no perder la Xunta. Nos referimos a una modificación del reparto de escaños gracias al voto emigrante, que cuenta con un censo de 300.000 personas y en el que el PP está invirtiendo ingentes cantidades de dinero público (comilonas incluidas, como las de Fraga durante su visita a Argentina el mes pasado).
