Según datos del Libro Blanco:

- Existen 1.125.190 personas mayores y/o con discapacidades severas que no pueden atender por sí mismas sus necesidades básicas de la vida diaria. De ellas, 826.551 (73%) son mayores de 65 años.

- Además hay 1.657.400 personas que necesitan algún tipo de ayuda para ciertas actividades de la vida diaria.

- Ambos colectivos suponen un total de 2.782.590 personas, es decir, un 6,44% de toda la población española (INE, 2004).

- El 83% de los cuidadores son mujeres, con una media de edad de 52 años.

- Solamente el 6,5% de las familias que cuidan a personas dependientes recibe alguna ayuda de los servicios sociales.

- Únicamente el 3% de los mayores de 65 años cuenta con servicio de ayuda a domicilio y el 2,5% con teleasistencia.

- Tan sólo el 0,46% de las personas dependientes disfruta de una plaza en centros de día.

- Se calcula que la atención a la dependencia generaría unos 300.000 puestos de trabajo.

La atención a las personas dependientes se ha solventado tradicionalmente en nuestro país en el ámbito de la solidaridad familiar, siendo las mujeres las que han ejercido el papel de cuidadoras, añadiéndose a los costes directos (psicológicos, físicos y económicos) que supone dicha actividad, el ver imposibilitada su incorporación al mundo laboral y con ello su integración plena en la vida social.

Es obvio, pues, que la creación de servicios sociales adecuados para tratar los problemas de las personas dependientes constituye una necesidad apremiante para un amplio sector de la población, que suele coincidir con las clases más desfavorecidas. Es, por tanto, muy importante que a propuesta de CCOO se haya presentado en el Congreso de los Diputados el referido Proyecto de Ley.

Los ejes principales de esta Ley serían:

- Su carácter general y básico, o en otras palabras, que todos los ciudadanos del Estado en situación de dependencia tendrían derecho a las prestaciones del sistema público de la Seguridad Social en las condiciones y con los requisitos que se establezcan.

- La financiación correría a cargo de los PGE, siendo compartida por las Administraciones Central, Autonómica y Local.

- La provisión de servicios tendría o bien carácter público o concertado con empresas privadas con o sin ánimo de lucro (ONGs, etc.) siendo supervisada por el Estado la calidad de la asistencia.

Crisis capitalista y atención sociosanitaria

Desde la década de los 70, tras el fin del ciclo expansivo del capitalismo en Europa Occidental, los intentos de ir recortando el estado del bienestar han sido una constante. El sector sociosanitario no ha sido ninguna excepción. Y esto se está produciendo a la vez que se calcula que la población dependiente se va a multiplicar más de dos veces y media de aquí al año 2050. El porcentaje del gasto en cuidados de larga duración oscila en la actualidad entre un 10 y un 37% del gasto total sociosanitario, equivalente a una media del 1,3% del PIB (*). Si aplicamos esta media a nuestro país, la cifra que se requeriría alcanzaría 10.400 millones € (casi 2 billones de las antiguas pesetas).

En este contexto de crisis del capitalismo, todos los modelos existentes, desde los de protección universal y financiación mediante impuestos (países nórdicos y Holanda), los sistemas de seguridad social o bismarckianos (Alemania) o los meramente asistenciales (España, Grecia y Portugal) se encuentran en crisis. Bajo el sistema capitalista, esta contradicción entre necesidades sociales y recursos se intenta solventar introduciendo dos tipos de medidas:

a) Mecanismos para “topar” dichas prestaciones (copago, tasas, etc.).

b) Mecanismos para “externalizar” la provisión de servicios (conciertos, contratas, etc.)

Es decir, las necesidades sociales, bajo el capitalismo, se convierten en una fuente más de beneficios, por vía doble. Por una parte, se obliga a las familias a tener que financiar, aunque sea parcialmente, los cuidados de las personas dependientes, y, por otra, se consigue extraer más plusvalía de la clase trabajadora, ya sea mediante sueldos muy bajos o contratos precarios, externalizando la provisión de dichos cuidados, como ocurre en la actualidad en las residencias de ancianos.

Constituye un engaño para la clase trabajadora que se intenten legitimar socialmente esta medidas diciendo que se van a generar cientos de miles de empleos, sobre todo para las mujeres, cuando lo que se pretende realmente es aumentar los beneficios de las empresas privadas por dos vías: aumento de la precariedad y la explotación laboral de las mujeres que se incorporen a dichos sectores y el cobro de tasas (copago) por determinados servicios a las propias personas dependientes y a sus familias.

Los partidos y sindicatos obreros deben oponerse contundentemente a estos intentos privatizadores y llamar a la clase trabajadora para movilizarse por otro modelo de atención a las personas dependientes. Deben oponerse tanto a las medidas de copago como a la provisión de servicios por empresas privadas. Existen recursos suficientes para garantizar la atención a las personas dependientes, el problema es que se encuentran en manos de un puñado de parásitos cuya visión de la sociedad es simple y llanamente la obtención de beneficios. La defensa del Estado del Bienestar es incompatible en la actualidad con el sistema capitalista. La salud y la atención sociosanitaria no son mercancías. Solamente la lucha por una sociedad socialista puede permitir atender adecuadamente las necesidades sociosanitarias de toda la población.

(*) Nota: el PIB en 2004 fue de 799.300 millones de euros.