Resulta paradójico que los mismos que no dejan de lanzar globos sonda sobre la necesidad de retrasar la edad de jubilación porque el sistema de pensiones no se sostiene, que niegan a profesionales del sector público como los bomberos este derecho a que se les adelante la edad de jubilación, y que no atienden las principales demandas sindicales de los empleados públicos, algunas con sentencia judicial de por medio como el derecho a la cláusula de revisión salarial (parece que al ministro no le preocupa la discriminación con respecto al resto de los trabajadores en este punto), o a la eliminación de la alta tasa de temporalidad existente en la administración (22,8 % que se eleva a un 29% en la sanidad), que lleva a que las interinidades y contratos temporales hayan pasado de ser la excepción a la norma en las nuevas incorporaciones.
Este maravilloso Plan Renove que nos propone el señor Sevilla hay que ponerlo en consonancia con el informe que el gobierno ha encargado a una comisión de expertos para la elaboración de un Estatuto Básico del Empleado Público donde se responsabiliza del mal funcionamiento de las Administraciones Públicas a sus empleados, y ello tiene una causa y es que, aún reconociendo que los puestos públicos han de tener continuidad y estabilidad no han de tener carácter vitalicio, que es perjudicial para la productividad, y en este marco es donde se anuncian medidas como la prejubilación y la necesidad de abrir la administración a la utilización de cualquier tipo de contrato recogido en la legislación laboral. Así que por aquí van los tiros, sustituir a personal fijo y con derechos por trabajo precario, sin derechos y mal pagado. Todo en la línea de privatización de los servicios públicos, que no ahorra nada a la administración, en algunos casos incluso supone más gastos, y que sólo sirve para enriquecer a las empresas privadas a las que dicho servicio se contrata y que presta en las condiciones que le da la gana, sin mejorar la calidad del servicio, con trabajadores sin derechos y obligando al usuario en ocasiones a hacerse cargo del coste del mismo mediante el pago de una tasa.
Plantean como solución que los salarios estén más ligados a la productividad y menor peso de aquellos complementos que no tienen nada que ver con tal concepto como la antigüedad, para ello propone una evaluación periódica de la actividad de los empleados públicos y en función de la misma fijar los complementos ligados a la productividad que tendrían un mayor peso en el salario, y también el desarrollo de la carrera administrativa. El problema es ¿cómo se mide la productividad de un empleado público?, y lo más importante ¿quién la va a valorar? El complemento de productividad ha sido siempre muy polémico porque se utilizaba para premiar a los jefecillos de turno, y que se repartía en función de amiguismos y simpatías personales, lo que ha llevado a que en muchos centros, tras la correspondiente negociación sindical, se reparta por igual entre todos los empleados del centro independientemente del puesto que ocupan por las dificultades que existen para su aplicación objetiva.
El informe no hace ninguna referencia a la congelación salarial que sufren los empleados públicos, ni al agravio e injusticia que supone que éstos no tengan derecho a la cláusula de revisión salarial, al contrario, se insiste en la necesidad de que los salarios dependen de los Presupuestos Generales del Estado que seguirán siendo los que marquen nuestro no derecho a la subida salarial, sin embargo, el informe se muestra muy comprensivo con el personal directivo, nuevo tipo de personal que propone el informe que hay que equipar a nivel salarial con la empresa privada ya que tiene las mismas responsabilidades que en este tipo de empresas (parece que el resto de los trabajadores del sector público no trabajamos igual que los de las empresas privadas) y que hace que los mejores profesionales se deriven a ese sector y no quieran trabajar en el sector público. Se obvia el elevadísimo porcentaje de licenciados en diversas ramas, técnicos, profesionales de distinta índole, que ocupan puestos sin especialización alguna para cuyo ingreso se exigen menores niveles de titulación (estudios primarios o graduado escolar) y que carecen de cualquier oportunidad de promoción. Aquí vemos una desperdicio de capital humano que una sociedad que realmente quiera progresar no se puede permitir, profesionales formados que ante la precaria situación laboral de este país optan por acceder a un empleo público donde al menos se respetan unos derechos mínimos, de los que carecen en la empresa privada.
Lo peor de todo es la imagen del funcionario que se está explotando en los medios de comunicación enfrentándole con el resto de los trabajadores, a día de hoy, sí es cierto que puede considerarse como aristocracia obrera, no por el sueldo pero sí por los derechos que puede disfrutar sin temor a represalias, derechos que están reconocidos a todos los trabajadores pero que el resto no puede disfrutar al colgar sobre su cabeza la espada de Damocles del despido, y lo peor de todo, es que hacen ver que es precisamente es el disfrute de unos derechos por los que los trabajadores hemos luchado históricamente (limitación de la jornada laboral, vacaciones, permisos…) se conviertan en símbolo de vagancia, ineptitud, desidia y falta de profesionalidad.
La diferencia entre administración y gobierno, objeto de grandes debates teórico-doctrinales entre eminentes juristas y catedráticos de derecho administrativo y político, existe teóricamente, y teóricamente puede entenderse como “en realidad no”; la administración es, simplemente, el instrumento a través del cual el gobierno ejecuta sus planes y cuya cúspide ocupan los miembros del gobierno y toda una serie de mandos intermedios que se nombran por el procedimiento técnicamente denominado como de “libre designación”, que viene a significar lo que los trabajadores vulgares y corrientes conocemos como “a dedo”; estos señores libremente designados por el político de turno son los que dirigen la administración y el resto de los empleados públicos nos limitamos a ejecutar, lo que a estos teóricamente prohombres expertos y preparados se les ocurre para solucionar los problemas que afectan a los ciudadanos en el ámbito del departamento que les ha tocado dirigir, siempre con un límite claro que en ningún caso se puede rebasar: el presupuesto.
Como los graves problemas que tiene la inmensa mayoría de los trabajadores exigen para su solución una drástica inversión pública, que no llega a hacerse, ante la falta de resultados la culpa se deriva a los empleados públicos que por “ser unos vagos”, carecer de formación y preocuparse únicamente de cómo pedir las vacaciones y los “moscosos” para pasar la mayor parte del año sin trabajar, son los culpables de que al interesado de turno se le niegue una beca, una subvención, tarde 6 meses en conseguir una cita con un especialista médico o un permiso de obra.
Lo que pretende el gobierno no es mejorar ni modernizar la administración, sino reducir costes en materia de personal y sustituir un empleo estable y con derechos por contratos precarios, con le excusa además que se esconde detrás de este anuncio de prejubilaciones de que existen demasiados empleados públicos en este país. Sin embargo la realidad es que mientras en los hospitales haya gente hacinada en los pasillos esperando ser atendida, las listas de espera para una operación o consulta con un especialista siguen siendo interminables, las familias no tienen donde dejar a sus hijos o mayores en su horario laboral, no existen empleos públicos para el cuidado y atención a personas mayores y dependientes, existen numerosas especialidades sin cubrir y el número de profesores en los institutos y colegios sea claramente insuficiente, al igual que en Inspección de Trabajo, Hacienda, Extranjería, Agricultura,…. En este país no sobra ningún empleado público, al contrario, se necesitan muchos más, tenemos miles de profesionales y especialistas en paro que podrían poner todos sus conocimientos al servicio de toda la sociedad, pero eso sí, con un empleo estable, digno y con derechos:
· Derecho a la negociación colectiva y cláusula de revisión salarial del empleado público
· Revisión de los sistemas de acceso a la función pública y adecuación de los puestos al nivel de titulación y conocimientos necesarios para el ingreso.
· Creación de nuevas especialidades acorde con las nuevas necesidades de la sociedad: especialistas en geriatría, cuidadores infantiles,….
· Derecho a la formación y a la promoción profesional. Que teóricamente existe en la norma pero no se da en la práctica. Formación para todos los empleados públicos, específica y relacionada con los puestos de trabajo a desarrollar para mejorar la productividad y el desempeño de los puestos de trabajo y ligada a la promoción profesional.
· No a la precariedad laboral. Plan para acabar con los intolerable e injustificados niveles de temporalidad.
· Aumento drástico del presupuesto dedicado a servicios sociales ( sanidad, educación, etc), para garantizar que estos derechos conquistados por los trabajadores son de calidad y así cortar su constante deterioro y el paulatino proceso de privatización que están sufriendo.
Para terminar, el ministro veía con preocupación que la media de edad de los trabajadores de la administración era de 47 años (identificando mayor edad con incompetencia), qué media de edad tienen los miembros del actual gobierno, a lo mejor el Plan Renove es más necesario entre los miembros del ejecutivo para que entre gente más joven, y menos ligadas a los intereses económicos, a las fuerzas vivas y a los poderes fácticos de este país, y más a la clase obrera que es la que sufre y padece la falta de servicios públicos de calidad.
