Esta nueva situación abre la posibilidad de empezar a resolver los problemas que padecemos cientos de miles de jóvenes y trabajadores y borrar la negra herencia de la Era Fraga. El nuevo gobierno gallego tiene en sus manos la posibilidad de acabar con el elevado desempleo que sufrimos, y que cada año condena a 20.000 jóvenes a la emigración, con la precariedad y la sobreexplotación, con la carestía de la vivienda creando vivienda pública y con la muy deficiente cobertura sanitaria.

Algunas de las declaraciones del Ejecutivo recién formado son positivas y plantean dar solución a estos problemas. En su discurso de investidura, Touriño, nuevo presidente de la Xunta habló de la necesidad de aumentar el empleo estable e incrementar las inspecciones laborales. Prometió también la creación de 20.000 plazas en residencias para mayores, el incremento de un 20% en el gasto educativo y reducir las gigantescas listas de espera en la sanidad. Por su parte, el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana (BNG), anunció la aprobación de una paga mensual de 600 euros durante un año para las gallegas víctimas de malos tratos. El pacto de gobierno suscrito por PSOE y BNG incluye además el compromiso de construir 25.000 viviendas de protección. Todas estas son medidas positivas que beneficiarían a la mayoría de la sociedad. El gobierno gallego debe llevarlas acabo.

Hechos, más que palabras

No obstante, todavía no se ha puesto en práctica ninguna de estas disposiciones ni se ha explicado de donde se obtendrán los recursos para ejecutarlas. Touriño debe empezar ya a concretar esas promesas, lo cual sería la mejor manera de afianzar a la base social que le aupó al poder. Lamentablemente, algunos elementos están empañando estas promesas. En el terrenos sanitario la falta de financiación es evidente: listas de espera de meses, insuficiente personal y equipamiento, práctica inexistencia de centros público de atención a ancianos, etc. Los pacientes del SERGAS tienen que sufrir una espera media de 135 días para ser operados. Touriño prometió reducir ésta espera a un tope de 40 días. No obstante, la Conselleira de Sanidade ha propuesto “prolongar la jornada laboral” de los médicos para rebajar la espera a un tiempo “razonable”. El nuevo Gobierno debe dotar de recursos al SERGAS y contratar personal suficiente para acabar con esta situación. Las sugerencias de la Conselleira deben ser rectificadas.

También en el terreno educativo la Xunta debe rectificar. La propuesta de aumentar el gasto educativo hasta el 6% del PIB, realizada por PSOE y BNG es un importante paso adelante. No obstante en esta propuesta no se especifica si se trata de inversión para la educación pública o la privada. De hecho, frente a su promesa de crear plazas públicas en infantil, este año, por primera vez, las aulas de 3 años de centros privados serán subvencionados por la Xunta, en detrimento de la creación de esas plazas en la red pública. 100 centros privados recibirán dinero, incluyendo a no pocos que tienen aulas de 3 años masificadas (para maximizar beneficios) con 25 niños.

Por otra parte, en el ya citado pacto de Gobierno entre los dos partidos de izquierdas se menciona expresamente la voluntad de desarrollar el “espacio europeo de enseñanza superior” adaptando los estudios al nuevo “grado” y “postgrado”, medida que no es sino un proceso encubierto de privatización de la universidad. El “postgrado” será un master, lo que va a conllevar que sólo estudien aquellos que tengan dinero para hacerlo, obstaculizando aún más el acceso de los hijos de los trabajadores a la educación superior.

Tampoco ha concretado la Xunta qué recursos va a destinar para llevar acabo su compromiso de incrementar los equipos de normalización lingüística en los centros de estudio.

Por último, no deja de resultar paradójico que un gobierno del que el BNG forma parte no haya planteado siquiera la posibilidad de que el pueblo gallego pueda ejercer su derecho a la autodeterminación.

Sí hay recursos para una política genuinamente de izquierdas

El PSdeG y el Bloque han de actuar con decisión y corregir estos errores, aplicando una política decididamente en benéfico de los jóvenes y los trabajadores.

En el terreno laboral, la nueva Xunta ha de tomar medidas drásticas: 500.000 trabajadores gallegos están en paro o tienen contrato precario, un tercio cobra menos del Salario mínimo interprofesional y el 92% de los contratos que se realizaron en la Comunidad en 2004 fueron temporales. La Xunta debe obligar a los empresarios a realizar contratos fijos y a elevar los bajos salarios (15% inferiores a los del conjunto del Estado, según el INE) al tiempo que lleva acabo una intensa política de reindustrialización para generar 200.000 empleos de calidad en Galicia. Esto permitiría acabar con la emigración forzosa y el despoblamiento.

Los recursos para industrializar el país, para resolver las graves carencias educativas, sanitarias y habitacionales existen. Frente a las deterioradas condiciones de vida y trabajo de la mayoría de los gallegos, empresas como Inditex o Frinsa ven como sus beneficios aumentan como la espuma. En el caso de la primera, en 2004 incrementó su benéfico neto en un 41%. En realidad, desde 2000 ha aumentado su benéfico un impresionante 143%. Por su parte, la industria conservera gallega aumentó sus beneficios un 45%. La receta no es otra que la sobreexplotación a la que someten a sus trabajadores. El nuevo gobierno tiene que empezar por cargar sobre los beneficios de las grandes empresas radicadas en Galicia todo el peso de la política fiscal. Es de las grandes fortunas de donde ha de salir el dinero para financiar estas reformas sociales.

Por eso, la resolución de los problemas no podrá hacerse a través del “consenso” entre los “agentes sociales” porque resolver los problemas de los obreros implica atacar los intereses de los grandes empresarios, ni con la “concertación con el PP”, que no es sino el representante político de aquellos. En esto se equivocan Touriño y Quintana.

La adopción de estas medidas provocará sin duda que los grandes empresarios se revuelvan furiosos contra la Xunta y amenacen con cerrar o llevarse la empresa. Si esto es así, la Xunta ha de apoyarse en la fuerza de la clase obrera y la juventud y expropiar inmediatamente y sin indemnización a ese puñado de capitalistas, para utilizar los beneficios generados por estas empresas en resolver los problemas de la mayoría. Si estas medidas no son suficientes, PSdeG y BNG han de exigir a zapatero que financie estas reformas, nacionalizando la banca si fuera preciso.

Echar al PP de la Xunta fue un paso, importante, pero sólo un paso. No garantiza la adopción de estas medidas. La nueva Xunta estará sometida a las presiones de los empresarios, para que haga una política en su favor. Por eso es necesario organizarse políticamente, para estar en condiciones de movilizarnos en defensa de la política que los trabajadores necesitamos, sea para contrarrestar las presiones de la derecha si la Xunta aplica un programa de izquierdas, sea para demandarle al PSOE y al BNG el cambio que los trabajadores y la juventud gallega votamos el 19 de junio.