Precisamente, y en interés de la justicia, el hecho de que se trate de individuos supuestamente formados, además de armados, para la “defensa del Estado de derecho” debería ser un agravante y no un atenuante como a la vista de los hechos está ocurriendo. ¿Estaremos ante la triste coincidencia de una jueza con una práctica judicial especialmente laxa y miembros de las fuerzas armadas excepcionalmente violentos como se insinúa y hasta afirma desde instancias oficiales?

Podemos empezar por destacar que el máximo imputado, el teniente de la Guardia Civil José Manuel R, se ha visto “beneficiado” por despropósitos judiciales con anterioridad, llegándose a la dantesca situación en que dos denuncias previas contra él se archivaran en el juzgado después de que fuera el propio oficial el encargado de investigar las acusaciones.

Pero hay otros precedentes que explican que esta actuación no supone un hecho aislado. En el año 2005, 17 personas murieron durante su detención, ocho de ellas en comisaría. En los últimos cinco años se han producido 80 fallecimientos en controles de carretera, persecuciones o detenciones en comisaría efectuadas por los cuerpos de seguridad del Estado. Según el informe de 2004 del Relator Especial de la ONU contra la Tortura, los abusos, torturas y malos tratos realizados por las fuerzas de seguridad son “más que esporádicas”, consecuencia del “modelo de detención”.

No se trata

de un hecho aislado

El último domingo de agosto fallecía un joven camerunés al intentar saltar la valla que separa Melilla de Marruecos. Según acusaciones de sus compañeros inmigrantes y ONGs, la muerte se produjo debido a la brutal actuación de la Guardia Civil. Posteriormente apareció un segundo cadáver perteneciente al mismo grupo de jóvenes africanos que habían intentado entrar en territorio español, sobre cuya muerte pesan las mismas acusaciones.

Varias asociaciones de El Puerto de Santa María, entre las que se encuentran IU, denunciaron la paliza propinada el 3 de agosto a un vendedor ambulante de nacionalidad argelina por agentes de la Policía Nacional.

El secretario provincial de Jaén del Sindicato de Obreros del Campo, Andrés Bódalo, sufría una paliza también este mes de agosto durante la ocupación de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía en Sevilla. Según el SOC tenían “indicios de que han ido por el compañero Andrés, en un claro intento de medida ejemplarizante y de amedrentar a los que dan la cara”.

La rentabilidad económica del miedo y la impunidad

Que estos sucesos se produzcan en Almería no sorprenden. Hablamos de una provincia en la que en un período de tiempo relativamente corto se han amasado auténticas fortunas gracias a los cultivos conocidos por el “plástico”. Semejantes beneficios no se obtienen solamente gracias a modernas técnicas, sino a la explotación inmisericorde de mano de obra inmigrante prácticamente esclava. Palizas que llegan hasta la muerte, como fue el caso del compañero Azzouz Hosni, jornalero militante del SOC, asesinado a golpes el 13 de febrero de este año son habituales. La ilegalidad con la indefensión que trae acompañada, los abusos y palizas con el terror que generan a su alrededor; crean un clima ideal para obtener mano de obra barata, sumisa y dispuesta a aceptar vivir en peores condiciones que el ganado.

En esta atmósfera de represión, impunidad y violencia, donde miles de seres humanos son tratados como bestias sin ningún derecho, no es extraño que determinados individuos que hacen del abuso y la brutalidad su forma de vida puedan ascender y ejercer cuotas importante de poder, llegando a convencerse de que pueden decidir sobre la libertad y sobre la vida y la muerte de las personas.

La alternativa reformista: lavar la cara al sistema

El gobierno del PSOE ha suspendido de empleo a los nueve imputados pero no ha querido tomar ninguna medida más. En palabras de José Bono, ministro de Defensa, la Guardia Civil “representa a España, al orden y a la ley”, y el gobierno no cederá ante quienes piden su desmilitarización. Corta memoria histórica, especialmente para tratarse de un ministro de un partido que lleva inscritas las palabras socialista y obrero en su nombre. El cuerpo de la benemérita lleva inscritos en su tradición los capítulos más sangrientos de la represión contra los trabajadores y los campesinos de todos los rincones del país. La imagen de la guardia civil se forjo como órgano represivo por excelencia durante los 40 años de larga dictadura franquista. Pero no son extrañas afirmaciones de este tipo en ministros que no han tenido empacho en justificar la guerra sucia de los GAL. Con actuaciones de este tipo, el ministro “socialista” de defensa sólo fortalece a la reacción y a la derecha.

El gobierno del PSOE necesita defender que los hechos ocurridos en Roquetas son excepcionales, ya que es la coartada política para no hacer nada, para no cambiar nada. Para que los mandos fascistas, varios de ellos formados bajo el franquismo, sigan sin depurar. Para permitir que las fuerzas represivas del Estado cuenten con un alto grado de impunidad. Para conservar el carácter militar de la guardia civil y la prohibición de sindicalización del cuerpo, e impedir de esta manera que los derechos democráticos entren en el mismo.

Una alternativa para acabar con la impunidad

Los marxistas somos concientes de que mientras no consigamos acabar con el capitalismo, seguirá existiendo el Estado y sus fuerzas represivas: ejército, policía, etc. Pero ello no quiere decir que no se pueda defender una alternativa desde la izquierda respecto a estos mismo cuerpos antes de la transformación social. Lo primero a exigir es el juicio y castigo a todos los implicados en torturas y asesinatos en las fuerzas de seguridad; su expulsión fulminante de estos cuerpos y la dimisión de aquellos responsables que amparen los hechos, como ha sido el caso del director de la Guardia Civil. En segundo lugar, los derechos políticos y sindicales podrían facilitar la lucha contra la impunidad con que actúan los cuerpos de seguridad del Estado, y convertirse en un medio para combatir a los elementos más reaccionarios instalados en la cadena de mando.

Si queremos que estos casos de abusos y torturas no queden impunes hace falta exigir e imponer medidas democráticas mínimas, como la depuración de los elementos fascistas del ejército y la policía, especialmente de todos aquellos que desempeñaron tareas de responsabilidad bajo la dictadura; derecho de sindicación para los soldados y todos los miembros de las fuerzas de seguridad; supresión de la Guardia Civil, garantizando un puesto de trabajo alternativo a todos los guardias civiles; supresión de la Legión y control de los cuarteles y academias militares por los sindicatos obreros.