Durante el franquismo miles de luchadores antifascistas o simples civiles sufrieron prisión, tortura, exilio, trabajos forzados y muerte. Hasta el momento, casi 70 años después de empezada la guerra y tres décadas después de restaurada la “democracia”, no ha habido compensación alguna por parte de ninguno de los diferentes gobiernos (cinco de ellos socialistas) a las víctimas de la dictadura. En cambio, sí reciben ayudas y pensiones de lujo asociaciones franquistas y familias vinculadas al antiguo régimen.

Las cifras de esta represión aún no se conocen con precisión. Sólo en la última década se ha empezado a realizar un trabajo serio y generalizado sobre este tema tabú. En diversas localidades, zonas y comunidades (de forma desigual), voluntarios, familiares de víctimas de la represión, historiadores, etc., han recopilado gran cantidad de información permitiendo esbozar una visión más real del alcance de la represión. Los resultados contrastan con los estudios anteriores, realizados por historiadores próximos al régimen, que cifraban la represión ridículamente a la baja.

El actual gobierno del PSOE creó expectativas cuando, en octubre del 2004, De la Vega se puso al mando de la recién creada Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo. Por fin parecía que había voluntad por resolver un tema que ya era inaplazable. Al mismo tiempo la derecha, tras la victoria socialista del 14-M (tres días después de que Acebes llamara miserables a todos los que no creímos sus mentiras bochornosas), entendió que ya podía sacarse de una vez por todas la careta mal puesta de centrismo, que apenas ya pendía de un hilo. “No hay nada a la derecha del PP” dijo una vez José María Aznar, única frase cierta que ha salido de su boca.

Efectivamente nos encontramos con una ofensiva reaccionaria en toda regla y en varios frentes: manifestaciones cada mes convocadas por el PP y la Iglesia, contra derechos democráticos básicos y con el objetivo manifiesto de desgastar al gobierno. Histérica, y significativa, reacción de Rajoy al retirar la estatua de Franco de Madrid acusando a Zapatero de “romper el espíritu de la Transición”. Buen ejemplo de lo que supuso ese “espíritu”. El siempre ambiguo ministro de defensa, José Bono, aportó su grano de arena declarando que “los enemigos de hoy no son los muertos”. La campaña cavernícola ha incluido también la publicación sistemática de seudohistoria, relacionada con el periodo revolucionario de 1931 a 1939, por autores ultrarreaccionarios como Pío Moa y César Vidal. Simultáneamente, medios de comunicación de la catadura de La Razón, Abc, Libertad Digital, Telemadrid, etc., realizan auténticas sesiones de odio antivasco y anticatalán, repletos de artículos y contertulios de regusto claramente filofascista; “coincidiendo” toda esta andanada con un auge de agresiones fascistas a inmigrantes y militantes de izquierdas con una más que evidente desidia de los cuerpos del orden y la ley.

La ley de la recuperación de la memoria histórica se hace urgente como un paso más para dar respuesta a toda esta ofensiva.

Las reivindicaciones

de las asociaciones

Más de 40 asociaciones ya han aportado abundante documentación sobre cómo tratar el tema y, en resumen, sus principales peticiones son las siguientes:

· Anulación de todos los juicios, incluidos los sumarísimos, realizados bajo el franquismo, como se hizo después de la caída de los regímenes fascistas de Italia y Alemania.

· Eliminación de símbolos, estatuas y nombres de franquistas o de hechos simbólicos del franquismo en las calles de todo el Estado. Relacionado con este punto es especialmente escandaloso que permanezca la estatua de Franco en la academia militar de Zaragoza, símbolo evidente de que aún no se han depurado las altas cúpulas militares que simpatizan con el dictador.

· Recuperación de los cuerpos de los represaliados. En este aspecto se han realizado en los últimos tres años 536 exhumaciones pero sin apenas apoyo institucional. Todo el trabajo ha recaído en manos de las asociaciones, de numerosos voluntarios y de profesionales de diferentes disciplinas. Se pide que el Gobierno cree una oficina para realizar las exhumaciones de forma oficial y siguiendo los protocolos aplicados en otros países con represiones similares: Chile, Argentina, etc.

· Pensiones y devoluciones de patrimonio. Este asunto ya ha sido tratado parcialmente pero se pide mayores compensaciones y que se trate el expolio de republicanos después de la guerra.

· Apertura de los archivos de la represión. Muchos archivos son restringidos, con obstáculos burocráticos con la evidente intención de dificultar la investigación o simplemente cerrados a historiadores que no sean simpatizantes con el antiguo régimen, como es el caso de la Fundación Nacional Francisco Franco que guarda documentos de interés histórico pero de difícil acceso.

· Con relación al Valle de los Caídos, monumento erigido con el trabajo de 12.000 prisioneros esclavos del franquismo, hoy tumba del dictador y lugar de peregrinación para los nostálgicos, se propone realizar un centro de interpretación donde se explique cómo se construyó el monumento, qué significado tiene y las condiciones de “vida” de los prisioneros.

Éstas, entre otras, son las medidas que demandan las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, que tenían muchas esperanzas en que pronto se reflejarían en una ley aprobada por el congreso.

Víctimas y verdugos

Y de repente el jarro de agua fría. De la Vega ha anunciado un retraso en la aprobación de la ley. Se quería que fuera aprobada antes del 20 de noviembre, al menos en lo referente al Valle de los Caídos, retrasándose su aprobación por tercera vez. Se han apuntado dos motivos. Por un lado se ha argumentado la complejidad de hacer una buena ley y la gran cantidad de material que han aportado las asociaciones, que hay que analizar detalladamente. Puede que la complejidad del tema justifique un cierto retraso; sin embargo hay que tener en cuenta que la ley lleva ya treinta años de retraso y la paciencia se acaba. Pero ni siquiera es esta la cuestión fundamental; hay otro argumento: se trata, dicen, de “buscar un proyecto ambicioso… que contente a los dos bandos y no sirva para reabrir heridas, sino para cicatrizarlas”. ¡Se pretende incluir en la ley a los dos bandos! ¡Es una auténtica provocación meter en el mismo saco a los verdugos franquistas y a sus víctimas! Así lo han hecho saber las asociaciones que han puesto, con razón, el grito en el cielo. El franquismo ya desenterró a sus muertos, les homenajeó durante cuarenta años, y sus herederos les siguen homenajeando. Es un deber inaplazable de un gobierno que se llame socialista aprobar una ley, asesorada por las organizaciones de recuperación de la memoria histórica, para reparar la memoria y el sufrimiento de las víctimas de los crímenes del franquismo.

Este temor por no “reabrir heridas” en realidad refleja dos aspectos. Por un lado, que la derecha actual es la heredera apenas maquillada del régimen anterior y es muy sensible a tocar cualquier aspecto referido a su memoria histórica. Y, por otro, refleja la cobardía del gobierno del PSOE, que cede siempre ante las presiones de la burguesía troglodita, poniendo en evidencia que la tan cacareada democracia no debe serlo tanto si está tutelada por los herederos del caudillo. Poniendo en evidencia además la inconsistencia de los que tantas veces repiten eso de “nosotros, los demócratas…”. ¡Debemos exigir a este gobierno, que está en el poder gracias a nuestros votos, la aprobación inmediata de la ley en los términos planteados por las asociaciones! No hacerlo es antidemocrático, es una concesión vergonzosa a la derecha cavernaria y es una traición a los que lucharon contra el fascismo. Además, junto a esta ley habría que tomar medidas, de una vez por todas, para depurar de elementos reaccionarios el aparato del Estado y democratizar el ejército y la policía permitiendo la sindicalización y el derecho de libre expresión.