Los asesinos de la joven madrileña Sandra Palo ya se han sentado en el banquillo y han sido condenados. La familia de la víctima, desgarrada por el dolor, ha iniciado una campaña de recogida de firmas pidiendo un endurecimiento de la Ley del Menor que está teniendo una gran repercusión social. Los medios de comunicación se han explayado todo lo posible con este asunto. Pero, ¿qué significa modificar la Ley del Menor en los términos que se proponen? Los dos grandes aspectos que considera esta propuesta de modificación son, por un lado que las familias de las víctimas puedan ejercer la acusación particular y por otro lado, el endurecimiento de las penas de prisión. El ministro de Justicia, junto con el resto del gobierno, se ha mostrado muy complaciente en este punto y está dispuesto a modificar la ley antes del mes de diciembre.

Es evidente que casos como el de Sandra crean una sensación de impotencia y dolor en todos nosotros. La brutalidad ejercida contra esta joven genera un clamor en toda la sociedad para que sus violadores y asesinos sean condenados sin ningún tipo de paliativos. Pero no es menos verdad que esos sentimientos, absolutamente legítimos y razonables, son manipulados de manera vergonzosa por el gobierno, la derecha y los medios de comunicación.

Por supuesto nosotros no estamos a favor de que violadores y asesinos estén en la calle, pero no podemos olvidar que la inmensa mayoría de menores que pisan un juzgado lo hacen por delitos de robo, peleas, conducción temeraria, drogas... ¡incluso por actividades políticas en manifestaciones! y no por asesinatos. Es evidente que están utilizando a una familia destrozada y desesperada para recabar unos pocos votos y de paso para endurecer una ley que afectará a miles de jóvenes que no han cometido un crimen pero que precisan medidas de reinserción, con medios económicos que garanticen que serán ciudadanos de primera el día de mañana.

La justicia no es igual

para todos

Estamos ante un caso de oportunismo político por parte del gobierno que quiere aprovechar la alarma social que despiertan asesinatos tan brutales como el de Sandra para criminalizar a toda la juventud. ¿Por qué no son tan comprensivos con las demandas de la familia Couso, con las familias de las decenas de muertos en el accidente del Yakolev, con las familias de los cientos de muertos anuales en los tajos? ¿Por qué no plantean la misma campaña para los asesinos fascistas disfrazados de hinchas, que están amparados y protegidos por la policía como se ha comprobado en diferentes ocasiones y que siguen en libertad?

La auténtica realidad es que el gobierno aprovecha el dolor de esta familia para justificar su política de recortes sociales, en este caso con relación a la reinserción social. En su afán a de criminalización de la juventud no se paran en mientes y si un caso entre un millón les sirve para justificar su finalidad, pues adelante.

Según Emilio Calatayud, juez de menores de Granada famoso por sus sentencias educativas, si un joven es delincuente desde los siete años, significa que ha fallado el sistema en su conjunto, y ante esta situación las leyes nada pueden hacer. Siguiendo con sus declaraciones, la Ley del Menor actual prevé penas máximas de diez años de internamiento más cinco de libertad vigilada y el 86% de los jóvenes que cumplen medidas de régimen abierto no reinciden. Teniendo en cuenta que el cómputo de años no puede seguir el mismo patrón para un menor que para un adulto (si un adulto es condenado a veinte años de prisión supone un 50% de su vida, lo mismo que para un joven pueden suponer ocho años) y teniendo en cuenta la situación de hacinamiento, falta de medidas sanitarias, falta de medidas de reinserción etc, que se dan en los centros de reclusión, éstos se han convertido en auténticas fábricas de psicópatas.

En cualquier caso si lo que se quiere es endurecer la ley para violadores y asesinos, ya sean jóvenes o mayores de edad, se podrían tomar otras medidas sin necesidad de generalizar la represión indiscriminada.

¿Por qué el gobierno de Aznar no ha hecho ni hace nada por endurecer la ley contra los acosadores, violadores, maltratadores o asesinos? ¿Por qué la policía no se preocupa de investigar las informaciones que le pasa la Interpol cuando se trata de “asesinos de mujeres”, como ha ocurrido con el asesino de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkhof, pero destina enormes recursos a investigar a jóvenes activistas que luchan contra el sistema? No hace falta decir más. Quedan claras las prioridades del gobierno, la policía y la justicia de este país.

Ante esta situación, las organizaciones de izquierda deben desmarcarse de semejante atrocidad y deben exigir mejoras reales en las condiciones de vida de la juventud obrera, que es a la vez víctima y verdugo de este sistema demencial. Todos sabemos que la delincuencia juvenil surge principalmente en los barrios obreros, entre los sectores más marginales y desclasados, y que son precisamente los obreros y los jóvenes que viven en estos barrios los que sufren esta lacra. En los barrios burgueses, con la policía protegiéndoles y los guardias privados a su servicio, existen pocas posibilidades de que se cometan atrocidades como lo que le hicieron a Sandra.

En ausencia de unas condiciones dignas de vida, de estudio, de ocio, de centros de salud mental, y demás necesidades, ninguna ley va a conseguir frenar los hechos delictivos, ni siquiera los crímenes, lo único que hará es empeorar las cosas.