No es este el único dato preocupante. También resulta alarmante que la Comunidad de Madrid sea el lugar donde más ha subido la vivienda en los últimos años y la que tiene el metro cuadrado más caro de todo el Estado español. Por otro lado las últimas estadísticas del INE muestran que el importe de los préstamos hipotecarios aumentaron un 24% en 2003 respecto al mismo periodo del año anterior; datos que ponen de relieve la dramática situación a la que se ven forzados los trabajadores madrileños que tienen que dedicar una parte cada vez mas grande de su salario en pagar una hipoteca que les permita acceder a una vivienda.

Frente a esta realidad sangrante los responsables del Partido Popular, en un ejercicio de cinismo intolerable, argumentan que “el aumento del precio de la vivienda se debe a que hay muchos españoles que se pueden permitir comprar un piso” (Francisco A. Cascos) y que “desde que gobierna el PP en la Comunidad de Madrid los madrileños han doblado su riqueza” (Rodrigo Rato).

La trama inmobiliaria

La traición de los diputados corruptos Tamayo y Sáez en la Asamblea de Madrid ha sacado a la luz una trama de intereses inmobiliarios y especulativos en los que de una forma u otra siempre acaba apareciendo la mano oculta del Partido Popular.

El tránsfuga Tamayo, tras no presentarse en la votación para la elección del presidente de la Cámara el 10 de junio de 2003, traicionando la voluntad democrática de los madrileños, realizó no menos de diez llamadas al afiliado del Partido Popular José Esteban Verdes, quien a su vez se reunió con el secretario general del Partido Popular en Madrid y ex-alcalde de Majadahonda, Ricardo Romero de Tejada, en diversas ocasiones durante el pasado verano. Por otro lado se descubre que el día 11 de junio, Francisco Bravo Vázquez, promotor inmobiliario y afiliado al Partido Popular, paga una habitación en el hotel Palace de Madrid a los dos diputados tránsfugas y mantiene numerosas conversaciones con el diputado Tamayo. El ámbito de actuación empresarial de este constructor y su socio, Francisco Vázquez Igual, se centra en las localidades de Villaviciosa, Villamanta, Arroyomolinos y Sevilla La Nueva, donde aseguran poseer el derecho de compra del 70% del suelo urbanizable de esa localidad. Este complejo círculo empieza a cerrarse cuando sale a la luz que el mismo día 11, Francisco Bravo y Juan Antonio Teresa (concejal de un partido “independiente” de Sevilla La Nueva) se reúnen en la calle Génova con Romero de Tejada para pactar una moción de censura que expulsaría al alcalde del PP de Sevilla La Nueva, contrario a la recalificación de determinados terrenos, y daría lugar a una nueva mayoría favorable a los intereses especulativos de los constructores.

Recalificaciones millonarias

Y aún existen más datos que demuestran las oscuras conexiones existentes entre los constructores antes citados y dirigentes del Partido Popular. El director de “Madrid Excelente” (agencia oficial de la Comunidad de Madrid encargada de otorgar certificados de excelencia empresarial), José María Bastarreche, reservó en nombre de Francisco Bravo una suite nupcial en el hotel de lujo Santo Mauro para el dirigente popular Esteban Verdes y su esposa, Paloma García Romero (concejala del PP en el ayuntamiento de Madrid). Curiosamente Bastarreche había otorgado a la empresa inmobiliaria de Vázquez el certificado de calidad Madrid Excelente (única empresa de mediano tamaño del sector que lo tiene), vive en uno de los chalets construidos por el promotor inmobiliario en Sevilla La Nueva y presionó reiteradamente a sus compañeros del PP en Sevilla La Nueva para que apoyasen la moción de censura contra el alcalde de esa localidad, lo que favorecería los intereses de Francisco Vázquez. Finalmente Bastarreche ha sido cesado, no por todo lo expuesto anteriormente, sino por mentir en sus declaraciones a los medios de comunicación y asegurar que no conocía de nada a Francisco Vázquez.

Poco más tarde, el 20 de junio, la Fiscalía de Madrid se querella contra el ex-alcalde del PP en Alcorcón, Pablo Zúñiga, por la recalificación masiva de suelo urbanístico que llevó a cabo durante su mandato, destinada a favorecer los intereses de los promotores Bravo y Vázquez en una operación que habría supuesto unos beneficios de 6.000 millones de euros. Imputados por la Fiscalía en esta trama se encuentran además de los promotores Bravo y Vázquez, el ex concejal de Hacienda del PP en Alcorcón y el abogado Francisco Díaz Moñux (condenado anteriormente a nueve años de cárcel por tráfico de drogas).

Todos estos acontecimientos no hacen más que demostrar una vez más la incompatibilidad del sistema capitalista con el progreso y el bienestar de los trabajadores, junto con la coincidencia de intereses entre la derecha y los grandes empresarios que sólo buscan el beneficio propio, en contra del interés general de los jóvenes y trabajadores madrileños.

Luchar contra la especulación,

luchar contra el sistema

El Partido Popular y la burguesía a quien representa han demostrado que no tienen ningún inconveniente en conculcar las reglas de la democracia formal y comprar a quien sea necesario (Tamayo y Sáez por ejemplo) si encuentran sus intereses amenazados por la decisión democrática de los ciudadanos madrileños, que en las pasadas elecciones de Mayo votaron mayoritariamente por una política de izquierdas y por un cambio en la Comunidad de Madrid.

Frente a esta situación dramática no caben medias tintas ni paños calientes, no podemos esperar a que los Tribunales de Justicia salden los estropicios de los especuladores y corruptos, de los que tan sólo conocemos la punta del iceberg de una impenetrable maraña de corrupción, especulación y amiguismo. Tampoco sirven de nada las recetas caducadas del reformismo que pretenden gestionar un sistema, el capitalista, totalmente corrompido, oxidado e incapaz de generar ningún tipo de bienestar excepto a los sectores más privilegiados de la sociedad.

Por el contrario, la solución se encuentra en un gobierno de izquierdas, que aplique un auténtico programa de izquierdas con el objetivo de la transformación socialista de la sociedad y el control de los medios de producción por los trabajadores que, entre muchísimas otras cosas, permitiría el acceso de todos los madrileños a una vivienda digna a un precio asequible.