En primer lugar, los principales objetivos que se enuncian son incrementar la competitividad de las empresas y la productividad de la economía. Por experiencia, los trabajadores ya sabemos sobre qué espaldas recaen las medidas aprobadas para mejorar la productividad. En el mismo sentido, las partes firmantes, gobierno, sindicatos y patronal, valoran positivamente el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo de 1997, que según ellos ha contribuido a crear empleo y a mejorarlo durante los últimos años (con un paro del 10,93% —EPA segundo trimestre 2004— y una precariedad del 92,8% de los contratos realizados, cuesta apreciar dónde está dicha mejora). Y como con la política de acuerdos y pactos “ha ido tan bien”, las direcciones sindicales de UGT y CCOO vuelven de nuevo ahora a comprometerse a “consensuar modificaciones legales que logren aunar seguridad para los trabajadores y flexibilidad para las empresas”. Aunar una cosa y la otra es tan imposible como mezclar agua con aceite. Al final, mientras que la precariedad seguirá igual o peor, los empresarios sí obtendrán a cambio más “flexibilidad”.
Otro de los puntos que se abordarán es el de la reforma de la negociación colectiva, también para adaptarla mejor a las necesidades de las empresas y para mejorar la productividad. Aquí no hay ningún tipo de duda sobre lo que quieren los empresarios, porque ya lo han dicho en diferentes ocasiones bien clarito y sin ningún tipo de cortapisas. Entre otras aspiraciones, pretenden aplicar lo que ellos llaman la “ultraactividad”, es decir, que cada convenio colectivo empiece a negociarse desde cero, sin tener en cuenta y sin aplicar las conquistas sociales, laborales o económicas conseguidas en convenios anteriores.
Otro de los puntos en la agenda a tratar es el tema de las pensiones. En éste se plantea que en los próximos años hay que “reforzar la contributividad a partir de una mayor corresponencia entre aportaciones y prestaciones” (hablando en claro, se pretende aumentar el período con el que se computa la cuantía de la pensión a toda la vida laboral, con lo que se recortan de manera importante las pensiones) y “potenciar los sistemas de previsión social complementaria” (fondos privados para engordar las arcas de los bancos e ir “acostumbrando” a los trabajadores a la idea de que las pensiones deben ser “de hecho” asistenciales hasta llegar a su completa privatización).
Está claro que si no es sobre estas bases la patronal no tiene ningún interés en sentarse a dialogar. Pero igualmente diáfano y claro es que sobre estas bases no se van a mejorar las condiciones laborales y de existencia de la mayoría social que aupó al PSOE al gobierno. Ni los pensionistas van a tener una pensión digna, ni se va a atajar con la sangría de los accidentes de trabajo ni se va a eliminar la precariedad laboral y el paro. En lugar de escudarse en un pacto social con la patronal, el gobierno socialista debería basarse en el apoyo recibido para llevar a cabo una serie de medidas como: aumento del SMI a 900 euros al mes, eliminación de los contratos eventuales, fijo a los quince días, control real y efectivo por parte de los delegados y sindicatos sobre las condiciones y medidas de protección en el trabajo e implantación de la jornada semanal de 35 horas sin reducción salarial.
Lluís Perarnau
UGT · Barcelona
