Como ejemplo puedo dar mi experiencia personal. Después de llevar un año trabajando interrumpidamente de cajera en la FNAC del Triangle (Barcelona), el pasado 5 de enero, el día que acababa mi contrato, poco más de dos horas antes de que cerrara la tienda (llevaba ya más de ocho horas trabajando) la jefa de departamento junto con los supervisores me anunciaron que no me renovaban.
A pesar de que hasta entonces todo parecía indicar que me iban a renovar el contrato, al final no fue así porque “no daba el perfil adecuado de cajera y preferían coger a alguien nuevo”, es decir, antes de verse obligados a tener que contratar indefinidamente a una trabajadora que había empalmado cuatro contratos durante más de un año, prefieren contratar a otra trabajadora en situación precaria. Así que una vez más, se ve claro como los empresarios lo que buscan es el máximo beneficio sin importarles a quién se lleven por delante.
No importó que me debieran horas y me comentaran que me las devolverían en semanas posteriores al día cinco (claro, lo que no iba a imaginar yo es que iban a estar incluidas en el finiquito). Los trabajadores antes de dejar un empleo tenemos la obligación de avisar con 15 días de antelación, sin tener en cuenta el tipo de contrato, mientras que las empresas no tienen porqué avisarte con antelación porque claro, tal y como dijo uno de los supervisores, “si te hubiéramos avisado antes podrías haberte ausentado del trabajo, y claro eso no está bien. Además que esta decisión tampoco depende mucho de nosotros. Ni siquiera de los jefes”.
En esta situación nos encontramos miles de jóvenes (y no tan jóvenes) en el conjunto del Estado. Los dirigentes de los sindicatos de clase deberían plantar cara de una vez al chantaje patronal que suponen los contratos temporales, exigiendo que todos los puestos de trabajo estables se cubran con empleo fijo.
