Sanidad
Respecto al tema de la sanidad, ésta es una de las áreas dónde los gobiernos de CiU han acumulado más deuda, casi 3.000 millones de euros. Es también, junto a educación, dónde la política de privatizaciones ha ido más lejos. Tras los centros hospitalarios, las privatizaciones han alcanzado también a los centros de atención primaria. Lejos de resolver problemas como el de las listas de espera, la política de la derecha de CiU sólo ha servido para mantener el gasto público sanitario por habitante entre los más bajos del Estado español, que a su vez es de los más bajos de la UE. Han hecho de la sanidad un fabuloso mercado para al capital privado. PP y CiU han pactado año tras año los presupuestos del Estado y han logrado que la diferencia con la UE en gasto público sanitario se incrementara un 30%. Diferencia... por debajo, claro. Pero para estos señores la solución a la deuda que ellos mismos han creado con la privatización es ¡más privatización!
Por su parte, el gobierno tripartito ha introducido en los presupuestos que ha presentado un impuesto sobre la gasolina (un recargo de 2,40 céntimos por litro) como medida para financiar parte del gasto sanitario. Es esta una medida especialmente injusta, que va a repercutir de forma directa y clara en los trabajadores, que además vamos a ver mermado nuestro ya reducido poder adquisitivo con el alza del precio de los carburantes. Y como que con esta medida sólo se prevé recaudar 65 millones de euros, algo totalmente insuficiente ante el volumen de la deuda acumulada, se anuncia que se están estudiando ya nuevas medidas: introducir el pago por visita, una tasa por receta... Al final, de nuevo pretenden que seamos los trabajadores y nuestras familias los que acabemos pagando la factura de la deuda contraída en sanidad. Desde luego esta no es la política que los trabajadores esperamos de un gobierno que se reclama de izquierdas. El tripartito tiene que defender una política radicalmente opuesta a la seguida por los gobiernos de CiU y el PP. En primer lugar, hay que acabar decididamente con la política de sostener la sanidad privada con fondos públicos. Expropiación de los centros sanitarios privados concertados e integración inmediata en el servicio público de salud. En segundo lugar, plan de choque para acabar con las listas de espera e introducir nuevas prestaciones. Estas sí son las medidas que esperamos de un gobierno de izquierdas, medidas en beneficio de la mayoría de la sociedad, los jóvenes y los trabajadores.
Educación
También en este capítulo se echa en falta un giro más ambicioso por parte del gobierno tripartito. Por parte de la nueva titular de educación se plantea que el número real de alumnos en barracones dobla la cifra oficial reconocida por la anterior consellera de CiU. Por otro lado, hacen falta más profesores, para atender las nuevas necesidades derivadas de la inmigración, para reducir las ratios por aula, para poder llevar a cabo desdoblamientos... Hacen falta especialistas de logopedia, psicopedagogos, profesores de música, de educación física... El mapa escolar no cubre la demanda que hay en muchas zonas de ramas concretas del bachillerato. La escuela privada concertada ha ido creciendo de la mano de una oferta totalmente insuficiente de plazas en las escuelas públicas... Es verdad que el legado de 23 años de gobiernos de derechas en el terreno de la educación es impresionante, pero por eso mismo es más necesario todavía un auténtico plan de choque que sitúe a la escuela pública en el primer plano de las prioridades. Hay que acabar con la política de subvencionar a los centros privados. En su lugar, expropiación sin indemnización, salvo necesidad comprobada, de los centros escolares concertados e integración en la red de la escuela pública. Aumento drástico de las partidas de educación para incrementar la plantilla de profesores y especialistas, inversión en nuevas escuelas y centros de enseñanza, aumento del número y cuantía de las becas… Esta es la política que necesitamos.
Vivienda
El incremento de un 18,5% en esta partida, destinada a la construcción de vivienda social, fomento del alquiler y a la rehabilitación de viviendas, es, desde luego, un primer paso en la buena dirección. También hay que decir que se parte de la cantidad completamente ridícula a la que se había caído con los gobiernos de CiU. Ahora se prevé destinar 256 millones de euros (de un presupuesto total de unos 22.470 millones, unos 3,5 billones de las antiguas pesetas). También en este terreno las medidas van a tener un efecto limitado, debido a la gran necesidad social de vivienda a precio asequible. Trazar unos planes más acordes con el volumen real de la demanda social existente exige una dotación presupuestaria mucho mayor. Frente a los que plantean que no hay recursos suficientes, los marxistas decimos que sí los hay. En estos mismos presupuestos se dedica nada menos que un 12% de los recursos a gastos financieros y de capital. ¿No saldría más a cuenta que el dinero que se están embolsando la banca y otras entidades financieras se invirtiera en construir vivienda social? ¿Cuántos centros de atención a la salud, cuantas escuelas, se pueden construir con ese dinero?
