En los años 80 Xavier Trias, consejero de Sanidad, creó el Servei Català de la Salut (SCS) cuya función era comprar servicios sanitarios a empresas privadas a través de conciertos (limpieza, cafetería, análisis clínicos, radiología, etcétera). Estas, a su vez, podían contratar terceras empresas con lo cual se perdía el control del dinero público.

Del total de presupuesto de la Generalitat un tercio está destinado a la sanidad. De esta parte el 50% va a manos privadas. En contraste, en el resto del estado este porcentaje solo llega al 15% de media. No hay que olvidar que durante décadas la derecha catalana cantó alabanzas de este especial sistema de gestión de la sanidad pública, que fue calificado de ejemplar. El argumento para justificar este sistema es más que discutible: resulta que es más rentable contratar estos servicios que mantenerlos. Que fue más rentable para los empresarios esta fuera de toda duda.

Algunos ejemplos

“El mecanismo era extremadamente simple”, relata el periódico El Triangle (20/9/04), “el departamento llamaba al gerente de un hospital para que contratase un proveedor determinado, y, a cambio, ofrecía un financiamiento generoso que de paso contribuía muchísimo a reducir al conflictividad laboral del centro. Con contratos de 10 a 15 años el empresario tenía asegurada una fuente de ingresos de solvencia contratada (dinero público) con la cual cosa, con el documento en la mano, no tenía ningún problema para obtener el apoyo de una entidad financiera”.

Veámoslo en un ejemplo concreto (pero atención, porque es tan solo un ejemplo de muchos): Ramón Bagó, director general de Turismo de la Generalitat entre 1980 y 1984 y alcalde de Calella por CiU, creó junto a otros socios un entramado empresarial de la que forman parte unas 50 empresas. Durante el periodo 79-91 fue también presidente del Consorci Hospitalari de Catalunya, la patronal de hospitales comarcales. Así, durante años, “el Bagó concesionario negociaba con el Bagó adjudicatario”, El Triangle (20/9/04).

La presidencia pasó a partir del 92 a manos de Josep Abelló, ex-alcalde de Reus por el PSC i aquí llegamos a la segunda parte de este artículo.

¿Qué ha cambiado

con el gobierno tripartito?

El sistema de gestión de CIU ha dejado a la sanidad pública con un importante déficit y los bolsillos de los empresarios con un importante superávit. Con la llegada del gobierno de izquierdas hace más de un año, ¿qué ha cambiado?

Entre las medidas tomadas por el tripartito tenemos las siguientes. Un recargo sobre carburante; impuesto indirecto que hace que todos paguemos el agujero provocado por unos pocos. Una media que no llegó a aplicarse: pagar un euro por visita. La marcha atrás de esta propuesta evidencia hasta que punto es impopular pagar por un servicio que la mayoría consideramos que a de ser totalmente gratuito. Y por último una vieja táctica de CIU, trasladar todos los problemas al gobierno central pidiendo una partida especial destinada a cubrir el déficit.

Como se ve no se cuestiona en ningún momento el sistema que ha generado el problema y siendo tan evidente que este favorece a los empresarios a costa del dinero público (y por tanto de los servicios que recibimos), es sorprendente que un gobierno que se llame de izquierdas no lo deseche. ¿Cómo puede ser?

El actual directo del SCS, Carles Manté, fue director general del CHC en época convergente, este organismo está ahora bajo la presidencia de Josep Abelló.El presidente de la mesa del parlament, Ernest Benach, fue miembro de las principales empresas proveedoras del Hospital de Reus, ciudad de la que era regidor por ERC en la época en que Josep Abelló era alcalde. Por cierto que este hospital tiene regularmente urgencias saturadas y los trabajadores de este servicio no pueden hacer huelga simplemente porque ese día tendrían que ir más gente de la que trabaja habitualmente para cumplir los servicios mínimos.

Estos son unos pocos ejemplos de políticos que de una u otra manera tienen cargos públicos y simultáneamente intereses en la sanidad privada, convirtiendo su responsabilidad política en una simple prolongación de sus negocios particulares. Esto puede explicar en parte porque el tripartito ha dejado intacto un sistema tan deficitario.

La industria farmacéutica

De todo este embrollo hay otra gran estrella de la sanidad: la industria farmacéutica. Del presupuesto destinado a sanidad por la Generalitat el 24% pertenece al concepto fármacos, en la Unión Europea este porcentaje es 9 puntos inferior.

Joan R. Laporte forma parte del “consejo de sabios” que la Generalitat ha designado para enfrentarse al problema del déficit y nos recuerda que “nos venden fármacos nuevos que no son mejores que los anteriores y que pueden costar 300 veces más (…). El coste de fabricación de casi cualquier medicamento no sube más de 1 euro incluyendo el envoltorio”. Otro dato de interés: el 40% de los beneficios farmacéuticos se reinvierten en publicidad y tan solo un 8% en investigación. Estos datos contradicen definitivamente el clásico argumento planteado por las farmacéuticas que la reducción de los precios de sus productos iría en perjuicio de nuevos descubrimientos.

No parece que el consejo de sabios llegue a la conclusión más obvia, que toda la industria farmacéutica y la sanidad deberían ser públicas y no un negocio suculento. Sin cuestionar los intereses de los ricos, no hay decisión sabia que pueda resolver una contradicción que va a encontrase cualquier gobierno del mundo: o representa los intereses de los trabajadores o los intereses de la burguesía.

Fuente: semanario El Triangle, dias 20 y 29 de septiembre del 2004 y 10 de enero del 2005.

Rosa Roig

Tarragona