La cuestión nacional en Euskal Herria sigue polarizando todo el debate político. Sin embargo, en esta discusión está ausente una explicación desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera de las causas del problema y del camino para su resolución. La necesidad de levantar una alternativa de clase, revolucionaria y socialista para resolver la cuestión nacional que recorre el territorio de Euskal Herria y de otras nacionalidades históricas, es una necesidad urgente para el movimiento obrero. Necesitamos un programa independiente, al margen de los intereses de las burguesías española y vasca y de aquellos que, desde la izquierda, piensan ilusoriamente que este enfrentamiento se puede resolver dentro del marco del capitalismo a través del juego parlamentario.
La cuestión nacional
y la dictadura
Durante ocho años de gobierno del PP, la derecha y los sectores más reaccionarios de la burguesía españolista, en complicidad con el aparato del Estado, han suprimido una gran cantidad de derechos democráticos y libertades conquistadas duramente por los trabajadores en los años de combate contra la dictadura. La excusa para lograrlo fue la llamada “lucha antiterrorista”. En estos años se produjo una escalada en la criminalización de cualquier forma de expresión nacional que no fuera la española: todo lo vasco era condenado con la acusación de terrorismo, alimentando de esta manera el chovinismo de Patria e Imperio más rancio, tan añorado por los líderes de la derecha. Han sido años de exaltación de los valores más mezquinos de la reacción española, totalmente conectados con la tradición de sus mentores franquistas. En realidad, el PP no tiene un discurso para las nacionalidades diferente al que ejecutó la dictadura durante cerca de cuarenta años. En aquella época negra, todos los derechos democráticos de las nacionalidades fueron suprimidos con saña y violencia: la posibilidad de hablar o escribir en la lengua materna, de cualquier expresión cultural propia fue atacada con furia. A esta opresión nacional sistemática se unió la explotación de clase, los salarios de hambre, la represión de las huelgas, los encarcelamientos, torturas y exilios que afectaron a millones de trabajadores en todo el estado español. Por eso, las ansias de libertad en los años de la transición también estuvieron teñidas por la lucha contra cualquier tipo de opresión nacional y cultural. Los marxistas siempre defendimos que sólo se podría dar solución positiva a estas aspiraciones vinculando la defensa del derecho de autodeterminación a la lucha por el derrocamiento del poder de la burguesía, es decir, del capitalismo, abriendo la senda para una sociedad socialista.
En los años de la transición la correlación de fuerzas a favor de la clase trabajadora era tan evidente que este objetivo podría haber sido conquistado. Sin embargo, la política de los dirigentes reformistas de la izquierda de aquella época —en concreto de Santiago Carrillo, que encabezaba el partido con más militancia organizada en el movimiento obrero (PCE), y de Felipe González (PSOE)— permitió que la burguesía retomase el control de la situación. Con la excusa de “no provocar a los militares”, los dirigentes de las organizaciones tradicionales de la izquierda, que contaban con una inmensa autoridad, pudieron desmovilizar a la clase trabajadora en el marco de una política de pactos y acuerdos con la burguesía que provocó efectos muy perniciosos.
Para empezar, todo el aparato de la dictadura quedó intacto. Nada ni nadie fue depurado, no se juzgó, ni encarceló a ningún responsable de la represión de la dictadura, y todos los mandos policiales, militares y judiciales permanecieron en sus puestos. Muchos de ellos realizaron una meteórica carrera política y económica, como Martín Villa, que hoy ocupa la vicepresidencia de Sogecable. Pero la lista de casos similares es innumerable. Fue una “ley de punto y final” que propició la mayor impunidad que ha conocido la historia y ha servido de modelo a las llamadas “transiciones democráticas” de otros países de América Latina, como Chile o Argentina.
Al mismo tiempo, esta política de colaboración de clases practicada por los líderes reformistas de la izquierda con los herederos de la dictadura y con la burguesía, que la sostuvo durante cerca de cuarenta años, permitió a los capitalistas pasar a una ofensiva brutal contra las conquistas salariales y laborales logradas en el periodo de 1974/1977. La apreciación generalizada de activistas obreros y de la juventud de que se aplazaba irremediablemente la lucha por el socialismo en beneficio de la estabilización de un nuevo régimen de democracia burguesa, provocó un desencanto profundo. Organizaciones como el PCE pagaron un precio altísimo por esta política reformista: la organización se desmoronó y cientos de miles de militantes la abandonaron.
En estas condiciones, las organizaciones mayoritarias de la izquierda abandonaron cualquier punto de vista de clase ante la cuestión nacional. Subordinaron todo a la colaboración con la burguesía y renunciaron al derecho de autodeterminación. En un contexto de crisis económica, desencanto con la política reformista de la izquierda y escalada represiva de los derechos democráticos, en Euskal Herria el problema nacional adquirió fuerza y el apoyo a los métodos de ETA se fortaleció. La fuerza de masas que la izquierda abertzale adquirió durante años se explica por estos hechos: represión de los derechos democráticos, incapacidad de la burguesía española y vasca de resolver los problemas de los trabajadores y abandono de las organizaciones de la izquierda de una política genuinamente socialista.
Este apoyo se incrementó en los años ochenta bajo los gobiernos de Felipe González. El recurso sistemático a la represión y la guerra sucia —los GAL—, lejos de minar las bases de apoyo de HB las fortalecieron, especialmente entre la juventud.
La fortaleza se convierte en debilidad
En el ámbito de la izquierda aber-tzale se mantuvo durante mucho tiempo la confianza en que la actividad armada de ETA daría sus frutos y forzaría al Estado español a una negociación política. Han tenido que transcurrir cerca de 30 años para demostrar que esto no era más que una ilusión. Toda la experiencia histórica de la lucha de clases ha demostrado que es imposible batir al Estado capitalista a través de la acción armada individual, lo que en términos marxistas siempre se ha calificado como terrorismo individual. La maquinaria del Estado capitalista descansa en relaciones sociales de producción consolidadas durante siglos. Esta maquinaria se ha perfeccionado y no sólo cuenta a su favor con recursos importantes en el terreno militar, policial y judicial, también cuenta con el respaldo de un aparato político parlamentario que se encarga de velar por los intereses generales de la clase dominante. En estas condiciones, acciones con bombas contra cuarteles de la policía, la guardia civil, centros comerciales, barrios obreros... consiguen todo lo contrario de lo que persiguen. Impiden que las justas demandas democrático nacionales de Euskal Herria consigan más apoyo; fortalecen la capacidad represiva del Estado, que aprueba todo tipo de leyes que recortan los derechos democráticos y que afectan al conjunto del movimiento obrero; permiten la penetración de la demagogia chovinista de la burguesía española entre amplias capas de la clase obrera y, por supuesto, debilitan la conciencia y la confianza de los trabajadores en sus propias fuerzas.
Toda la experiencia vivida ha demostrado el callejón sin salida de los métodos de ETA. Pero este hecho se ha visto de forma más evidente en estos últimos años en los que la clase obrera y la juventud han protagonizado movilizaciones masivas contra la derecha, hasta lograr tumbar al gobierno del PP. Es un ejemplo contundente de la fuerza de los trabajadores cuando se ponen en marcha. Con los métodos propios de la clase obrera, las manifestaciones de masas, las huelgas, las ocupaciones de fábrica, las huelgas insurreccionales, sí es posible derrocar a la reacción y al capital. Los ejemplos que estamos viviendo en todo el continente latinoamericano son la mejor prueba de lo que decimos. La desconfianza en la capacidad de lucha de nuestra clase es la que lleva a buscar atajos que, aunque aparentemente den la sensación de firmeza e intransigencia, hacen un flaco favor a la lucha contra la opresión.
La negociación
El aislamiento de la izquierda abertzale en los últimos años se ha incrementado. Los ataques represivos a través de la Ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna, y las acciones policiales que son encumbradas como la causa del debilitamiento de la izquierda abertzale, en realidad no han sido, ni de lejos, el factor decisivo. La represión del Estado siempre ha provocado un cierre de filas del movimiento abertzale y, como queda claro tras treinta años de experiencia, por mucha represión policial que haya es imposible acabar con ETA por esa vía.
Hay otros factores más de fondo que sí han influido poderosamente en la crisis de la izquierda abertzale. En primer lugar, la pérdida de confianza de sus dirigentes en sus propias fuerzas y en su programa político, agudizado tras el colapso del estalinismo y la derrota del IRA; la estrategia de colgarse permanentemente de los faldones de la burguesía vasca cuando el PNV, como ha quedado demostrado, tan sólo quería engullir electoralmente a la base social de Batasuna; el rechazo masivo de la población a las acciones armadas de ETA, no sólo fuera de Euskal Herria sino dentro del territorio vasco. Y por encima de todos ellos, la movilización de masas que se ha vivido en el Estado español en estos últimos cuatro años, desde la huelga general del 20-J, las luchas contra el desastre del Prestige, las manifestaciones de la juventud estudiantil y las demostraciones de millones contra la guerra imperialista, que han puesto de manifiesto cuál es el camino para avanzar frente a los métodos de ETA.
Todos esos factores han creado las condiciones para la búsqueda de un acuerdo, que además permita dar solución al problema acuciante de los presos.
ETA lleva más de dos años sin cometer una acción mortal. Después del 11-M, cualquier acción en este sentido provocaría una respuesta masiva en la calle, creando enormes dificultades a la dirección del movimiento abertzale y a su base de apoyo, cuya percepción de los efectos negativos de los métodos de la denominada lucha armada es, muy probablemente, mayoritario. Por eso, el mensaje al gobierno del PSOE ha sido claro. Empezó en Anoeta, cuando Batasuna apostó por una solución “democrática sin exclusiones”, y continuó en la carta que Otegi envió a Zapatero instándole a convertirse en el Blair español, en el “estadista” que “la resolución del problema vasco exige”. Y el gobierno ha recogido el guante, porque además hay un obvio interés por parte de sectores clave del capital español y de la burguesía vasca de acabar de una vez por todas con ETA.
La posibilidad de un fin negociado de ETA ha llevado al sector que hoy domina el aparato del PSOE a hacer una apuesta estratégica. Es evidente que contaría con el respaldo mayoritario de la población, como han señalado diversas encuestas, que sitúan hasta en un 65% el apoyo de la opinión pública a la pacificación. De llegarse a un acuerdo, la dirección del PSOE es consciente de que se traduciría en un incremento del apoyo electoral, incluso la posibilidad de obtener la mayoría absoluta.
Todos estos hechos han provocado la histeria del PP. Ya hemos analizado en estas mismas páginas durante los últimos meses el tono ultra reaccionario de la política del Partido Popular. En este caso las acusaciones han alcanzado su tono más barriobajero y ultraderechista, pero es evidente que el PP no conecta con el sentimiento mayoritario. Esto es algo que señalamos los marxistas hace bastante tiempo: si Aznar pudo ir tan lejos en la represión de los derechos democráticos y la polarización del problema nacional, no fue tanto porque contara con un apoyo social masivo para ello, sino por la actitud servil y complaciente de la dirección del PSOE, que respaldó incondicionalmente la política de la derecha en este terreno.
Durante los próximos meses vamos a asistir a un proceso contradictorio y que no tiene una salida clara. Por una parte, la dirección de Batasuna, después de las elecciones vascas, ha fortalecido su posición tras los resultados de EHAK: 150.000 votos y dos diputados más que en las anteriores. Por supuesto, este fuerte respaldo electoral no entra en contradicción con el hecho de que en el movimiento abertzale siga habiendo presiones muy fuertes para que ETA abandone definitivamente las armas. También es cierto que hay obstáculos poderosos que pueden dar al traste con esta posible negociación. El aparato del Estado, en manos de elementos extremadamente reaccionarios, va a hacer todo lo posible por sabotear cualquier solución negociada. Quieren la derrota incondicional de ETA, como han señalado reiteradamente Aznar y sus amigos. En esto conectan plenamente con los intereses del aparato político del PP, que ve en la existencia de ETA una garantía para su crecimiento electoral. Conectan también con las tradiciones reaccionarias de la burguesía española, que emergen con fuerza en estos momentos de gran polarización social.
Esta presión sobre el gobierno del PSOE existe y se incrementará. De hecho ya se ha manifestado con la detención de Arnaldo Otegi y la petición fiscal de 14 años prisión por su supuesta pertenencia a ETA. ¿Cómo se entiende que Otegi sea el interlocutor político del PSOE y el gobierno en una posible negociación y se le mande a la cárcel, con argumentos traídos por los pelos, si no es por esta actitud manifiestamente represiva que todavía persiste en amplios sectores del aparato del Estado? Es realmente increíble que el ministro de Justicia, López Aguilar, considere la detención de Otegi como “un paso más en la determinación de todas las instituciones de acabar con ETA”. De estas palabras se podría interpretar que una forma de alimentar la vía negociadora y favorecer a aquellos que dentro de la izquierda abertzale propugnan el abandono de la actividad armada, es encarcelando a toda la dirección de Batasuna. Pero cualquiera entiende que esto sólo echará gasolina al conflicto y lo pudrirá.
La presión de la reacción españolista y la derecha se va a intensificar en las próximas semanas. La manifestación del 4 dejunio, convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y respaldada activamente por el PP, se ha convertido en un intento de demostración de fuerza de la reacción. La asistencia en torno a 200.000 personas queda muy lejos de las manifestaciones contra la guerra imperialista, el desastre del Prestige o la huelga general del 20-J y otras convocadas para manifestar el rechazo a la actividad armada de ETA o contra los atentados del 11-M. No han conseguido movilizar a los trabajadores y jóvenes de los barrios obreros de la capital. La manifestación refleja la polarización política existente y la decisión del PP de utilizar la demagogia españolista más estridente para desgastar al PSOE. Con todo, es muy significativo que ésta haya sido la primera manifestación contra el terrorismo no apoyada por la izquierda, demostrando la necesidad de desenmascarar la postura reaccionaria del PP en este asunto.
También dentro del PSOE hay sectores que no quieren una solución negociada, y que siempre se han identificado con las posturas más reaccionarias de la burguesía españolista. Estos sectores hoy por hoy están en minoría pero no dejarán de actuar en el caso de que la situación se complique.
Al mismo tiempo, la pretensión de ETA de fortalecer su posición en una eventual negociación mostrando su capacidad operativa en atentados como el del pasado 25 de mayo en Madrid, pone de manifiesto su incapacidad para entender la situación real y es un error. Con eso sólo alimentan la reacción del Estado, como ha quedado demostrado con la detención y encarcelamiento de Otegi, y fortalecen la posición de los sectores más reaccionarios.
Necesitamos una alternativa basada en el socialismo revolucionario
La posibilidad de negociación ha creado muchas expectativas en muchos ámbitos, pero han sido realmente importantes en el seno de la izquierda abertzale. La insistencia en abrir mesas de diálogo, al estilo de lo ocurrido en Irlanda, ha despertado ilusión. Sin embargo, hay que decir con sobriedad que es imposible que en una mesa de negociación se consiga el derecho de autodeterminación o la unidad territorial de Euskal Herria.
La burguesía española, en las actuales condiciones, no concederá jamás ese derecho, tanto por motivos políticos como económicos. Todas las comparaciones con el acuerdo de Stormont en Irlanda no sirven y son una cortina de humo. En los acuerdos de Viernes Santo hay una renuncia explícita a la unificación de Irlanda; el llamado “derecho de autodeterminación” es en realidad una cláusula de salvaguarda para la mayoría lealista de Irlanda del Norte, que tal como se formula en los acuerdos podría ser utilizada para ejercer su derecho a veto respecto a la unificación; y los niveles de autogobierno que propone el acuerdo están muy por debajo de lo que ya se ha alcanzado en la Comunidad Autónoma Vasca. Hacer realidad el derecho de autodeterminación y una eventual unificación territorial sólo será posible sobre la base de la lucha revolucionaria unificada de los trabajadores vascos, con sus hermanos franceses y del resto del Estado español. En todo caso, como marxistas e internacionalistas, al mismo tiempo que defendemos el derecho a la autodeterminación, luchamos por eliminar todas las barreras nacionales y no por crear otras nuevas. Sólo con el socialismo será posible resolver el problema histórico de Euskal Herria y eso exige una política de clase consecuente, basada en la movilización y organización de los trabajadores y jóvenes de Euskal Herria con el programa del socialismo revolucionario.
Por supuesto que los marxistas estamos a favor de que ETA abandone las armas. Este solo hecho eliminaría la excusa del Estado burgués para reprimir nuestros derechos democráticos y alentar la demagogia españolista contra las nacionalidades. Además, permitiría situar los problemas de clase en un primer término, colocando en su sitio a la burguesía vasca, enemiga declarada de los trabajadores y de los jóvenes de Euskal Herria. También estamos a favor de una solución para los presos y sus familias, que en este momento son víctimas de la política de dispersión, que incumple el Código Penal respecto a las excarcelaciones por penas cumplidas, acercamiento a los lugares de residencia de los presos y sus familias y régimen de visitas.
Pero incluso en el caso de que una negociación pudiese resolver estas cuestiones, que no minusvaloramos, el problema de la explotación de cientos de miles de trabajadores y jóvenes vascos continuaría en el marco del capitalismo. También continuaría sin resolverse la cuestión nacional, el derecho de autodeterminación, y esto se vería alimentado inevitablemente por la frustración de las jóvenes generaciones en una perspectiva de profundización de la crisis del sistema capitalista.
Hoy como ayer, los marxistas de Euskal Herria y del resto del Estado español, agrupados en El Militante y en Ezker Marxista, volvemos a defender la alternativa de la revolución socialista y una política de independencia de clase para resolver el problema nacional. Trabajaremos por agrupar a los sectores más avanzados de nuestra clase y de la juventud de Euskal Herria bajo la bandera del marxismo revolucionario y del internacionalismo proletario, combatiendo el veneno del nacionalismo español y de la demagogia de la burguesía vasca, que son los responsables de los problemas que sufrimos. Nuestro compromiso con la causa de los derechos democráticos del pueblo vasco y nuestra defensa del derecho de autodeterminación es firme e inequívoca, pero ligamos la lucha por estos derechos a la única forma consecuente de obtenerlos: la organización y la movilización unificada de los trabajadores de Euskal Herria y del Estado español contra el capitalismo, por la nacionalización de la banca, los monopolios y la tierra bajo el control democrático de los trabajadores. De esta manera, expropiando a la burguesía y construyendo la Federación Socialista de las Nacionalidades Ibéricas, Euskal Herria será libre y podremos iniciar el camino de la auténtica fraternidad de los pueblos y nacionalidades que componen el Estado español.
