El dinero que se va a destinar a la construcción de nuevos centros es tan sólo de 78 millones de euros, de los 217 previstos; el resto de dinero es para centros ya construidos que se pagan en varios años. Mientras ocurre esto, las ayudas destinadas a que niños menores de tres años se escolaricen en guarderías privadas crece un 36,11%, demostrando que el interés de esta consejería no es crear una red pública de calidad de escuelas infantiles sino lucrar a los empresarios de la enseñanza llenándoles los bolsillos a través de estas subvenciones.
Hay que lanzar una ofensa en la comunidad educativa madrileña
La Consejería ha encontrado otra fórmula estrella para seguir privatizando la educación: la cesión de suelo público para construir colegios e institutos a los que asegura el concierto, además de facilitarle la financiación de la construcción del centro gracias a créditos en condiciones favorables utilizando como aval el propio suelo.
En la actualidad son 17 las parcelas en esta situación (unos 310.000 m2)). Bajo el falso argumento de la “libertad de elección” de centros de los padres se está convirtiendo a la educación pública en subsidiaria de la concertada. Mientras se regalan estas parcelas a la patronal de la enseñanza, no se da el dinero necesario para acometer las obras necesarias en la pública, ni para contratar el suficiente profesorado y trabajadores de la enseñanza, o para construir nuevos centros, como hemos visto en los presupuestos para este año. Esa es la razón de que los padres lleven a sus hijos a la concertada, que la derecha está minando la educación pública mientras alaba a los cuatro vientos las bondades de la concertada.
Bajo el lema “El suelo público para la escuela pública”, lanzado por la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, ya se han convocado movilizaciones en distintas zonas. En casos como el de Coslada se ha conseguido la devolución de la parcela. Es el ejemplo a seguir.
Toda esta actuación de la Consejería está demostrando que el Acuerdo para la Calidad de la Enseñanza, firmado por los sindicatos y la FAPA, sólo está sirviendo para dar oxígeno a Esperanza Aguirre y a su consejero de Educación. Únicamente un plan de movilizaciones, no sólo en las diferentes zonas sino también centralizadas, junto a una huelga de toda la comunidad educativa madrileña podría cambiar esta política educativa.
Araceli del Rincón
SE · Madrid
