El nuevo borrador de la Carta de Derechos y Deberes de los estudiantes de la Comunidad de Madrid supondrá un aumento desproporcionado de los poderes del director, ningunear al consejo escolar, anular la presunción de inocencia del estudiante y obstaculizar cualquier investigación sobre los conflictos que se den en los centros de estudio.

Recientemente hemos conocido este nuevo borrador. Y como no podía ser de otra manera la receta del Partido Popular para "mejorar" la educación en la comunidad es esa tan conocida en otro tiempo de "la letra con sangre entra". Para la derecha el único problema que existe hoy en día en los institutos es que los estudiantes somos indisciplinados, vagos, violentos, maleantes, etc. Y, por supuesto, eso de la masificación, la falta de materiales de estudio apropiados, la falta de laboratorios y desdobles, falta de profesores en todas las materias hasta varios meses después del inicio de curso, de ayudas a los compañeros con más dificultades y demás cuestiones similares, no son más que tonterías que nada tienen que ver con la degradación del sistema educativo público. Por tanto las medidas que quiere llevar adelante el PP para "solucionar" los problemas en la enseñanza son únicamente de corte represivo.

Algunos ejemplos de lo que será el nuevo borrador

Uno de los puntos estrella es la utilización de la expulsión para todo y por mucho más tiempo del que hasta ahora existía. De esta forma, medidas como presentarse ante la jefatura de estudios por falta leve se convierten en expulsión de clase (Art. 16.1.b), medidas que antes te separaban de tu clase para integrarte en otra durante cinco días ahora se convierten en dos semanas, y sanciones que antes llevaban aparejada una expulsión del centro de estudios de tres días, pasan a ser de seis. Pero sin lugar a dudas lo más grave de todo es la atribución al director de poderes tales como expulsar, de forma "preventiva", a un alumno durante 18 días (Art. 23.2.b) -el máximo permitido hasta ahora era de cinco-.
Además, antes se podían revocar estas medidas por parte del consejo escolar y la comisión de convivencia, pero ahora esta posibilidad se omite, dando en la práctica un poder absoluto al director (Art. 19.2) y convirtiendo en espectador pasivo al resto de la comunidad educativa. De hecho, si el director considera que en la realización de una falta grave el autor de la misma está claro, no hará falta esclarecer lo sucedido ni abrir una investigación (Art. 20.2). Por si esto no fuera suficiente, los plazos de recurso ante sanciones de este tipo se ven reducidos de forma fulminante, pasando de treinta días de plazo a unas escasas 48 horas (Art. 30). Estos no son más que algunos ejemplos de lo que es, en general, este nuevo borrador. Un ataque sin precedentes contra los estudiantes.

Un anticipo de lo que pueden suponer estas nuevas medidas

En los últimos cursos hemos visto que cada vez más los directores de institutos son puestos a dedo por parte de la Administración, y cómo actúan estos mismos ante diferentes convocatorias de huelga o jornadas reivindicativas. Los cierres de puertas los días de huelga cada vez son más frecuentes y las amenazas e intentos de apertura de expediente contra quien participa en las mismas es algo cada vez más común. Por tanto somos plenamente conscientes de que toda esta batería de medidas represivas van encaminadas a cercenar el derecho a huelga y movilización que, a través de la lucha, conseguimos nos fuese reconocido el curso pasado en todo el Estado y que evidentemente en este nuevo borrador se omite.
No nos quedaremos de brazos cruzados ante este nuevo atropello de la derecha. Lo que hace falta no es más represión y sanciones contra los estudiantes, sino un plan de inversión pública digno que garantice una educación en condiciones para los hijos de los trabajadores.