“La sentencia señala que el trabajador accidentado, Enrique Pociño, debería haberse negado a realizar la actividad que le ocasionó el accidente ya que era obvio que no existían las medidas de seguridad necesarias que marca la normativa sobre prevención de riesgos laborales. La sentencia señala que, aunque “el accidente se produjo tanto por culpa del empresario como del trabajador, la infracción (...) atribuible a don Enrique Pociño Ferrera fue de mayor entidad (...) El presidente del tribunal, Pedro Martín, dijo que en la decisión judicial ha sido “más determinante” la actitud que adoptó el trabajador al realizar esa tarea sabiendo que había un riesgo, según informa Efe” (La Vanguardia, 6/11/03).
A pesar de que parece que el tribunal presidido por Pedro Martín no debe conocer la realidad que se vive en los tajos y en las fábricas, todo el mundo sabe y conoce que de haberse negado a realizar “esa tarea”, seguramente la empresa le habría despedido y, además, probablemente le habría ganado el juicio por despido procedente por negarse a cumplir una orden de trabajo, por mucho que fuera peligrosa ya que, según la práctica legal, eso lo tendría que probar el trabajador y es casi imposible conseguir esa prueba en la mayoría de los casos. Así pues, según el juez Pedro Martín, Enrique debería haberse negado a trabajar (aunque se quedara en la calle sin un euro, tres meses sin paro, cinco bocas que alimentar y letras que pagar).
Estado, empresarios y justicia,
los auténticos responsables
Lo lamentable del asunto es que no hay nada nuevo bajo el sol. Cada año mueren más de mil trabajadores en al tajo y más de once mil tienen accidentes de trabajo graves o muy graves, y todo por la falta total de medidas de seguridad en el trabajo, ya que éstas son un coste económico a eliminar por los empresarios. Las únicas medidas que se adoptan son que las Mutuas o servicios de prevención hagan documentos falsos que reflejen que se está cumpliendo con la normativa de prevención de riesgos laborales para no tener problemas con la Inspección de Trabajo o con la Justicia.
Esto es verdadero terrorismo patronal acompañado de la total complicidad del Estado y la justicia burguesa, que no hacen absolutamente nada para solucionar el problema, más que derramar lágrimas de cocodrilo, y decir que los índices están mejorando.
Es urgente organizar
una lucha seria y contundente
Y ante esta sangrante realidad, los dirigentes sindicales de UGT y CCOO, no hacen más que pactar la reforma de la Normativa de Prevención de riesgos laborales y otro tipo de acuerdos, con el gobierno y la CEOE.
Llevamos varios años en los que los accidentes laborales no hacen sino aumentar, cobrándose la vida de miles de compañeros o mutilando a decenas de miles cada año y los dirigentes sindicales siempre hacen llamamientos a la “responsabilidad” y al “cumplimiento de las leyes”. Igualmente no dejan de hablar de la necesidad de abrir “mesas de negociación” y “comisiones de seguimiento” para discutir “esta terrible problemática” que “nos concierne a todos”, cuando la realidad es que todo eso no soluciona absolutamente nada, porque la solución al problema de la siniestralidad laboral no son solamente las reformas legales, sino imponer su cumplimiento y eso sólo se hace en las calles y en las fábricas, con movilizaciones serias y contundentes. No basta convocar un día de huelga en la construcción, que es el sector que más sufre esta sangría, y encima hacerlo en diferentes meses en cada comunidad, provincia e incluso ciudad. Los muertos en accidentes laborales son muertos de toda nuestra clase y ya está bien de convocar acciones que sólo sirven para lavarse la cara y cubrir el expediente.
Control directo de los trabajadores
De hecho con relación a la sentencia mencionada no han hecho más los sindicatos que el propio ministro Zaplana que también las criticó públicamente, y también está de acuerdo en “regular las contratas y subcontratas y pedirle al fiscal que actúe más de oficio”. Es evidente que Zaplana hace esas declaraciones para salir al paso de la indignación que ha provocado la sentencia en la mayoría de la sociedad, pero su hipocresía y su desvergüenza hubieran quedado más en evidencia si los dirigentes sindicales adoptasen medidas mucho más fuertes frente la condena a la muerte y la miseria de centenares de miles de familias trabajadoras, reaccionando inmediatamente en casos como éste con el envío de faxes de protesta a los Juzgados, acudiendo en masa a los juicios que se dan por accidentes laborales, informando en los centros de trabajo, barrios y escuelas y organizando protestas en la calle que culminen en una huelga general de 24 horas, en un principio, y luego las que hagan falta, hasta conseguir que se apliquen verdaderos planes de choque contra la siniestralidad laboral; exigiendo el cumplimiento real y efectivo de la normativa de prevención de riesgos y prohibiendo el uso fraudulento de los contratos temporales y de las contratas y subcontratas, imponiendo que su cumplimiento sea controlado por una comisión elegida directamente por los trabajadores en los tajos y en las fábricas.
Menos pactos que no sirven más que para lavar la cara a la derecha, menos propuestas y críticas formales en los medios de comunicación y despachos y oficinas y más organizar a los trabajadores para salir a la calle para solucionar el problema sangrante de la siniestralidad laboral tercermundista que sufrimos los trabajadores.
