El motivo que esgrimía la Consejería era que en el curso de una de estas movilizaciones las trabajadoras protagonizaron una sentada en las vías ¡y retrasaron durante poco menos de media hora la salida de un tren! Desde luego, a nadie se le escapa que en última instancia lo que se esconde detrás de este despropósito no es más que un nuevo intento de aplicar un castigo “ejemplar”, que sirva como aviso de lo que les sucede a los trabajadores que se movilizan en defensa de sus derechos o de sus puestos de trabajo.
Por este motivo, CCOO, UGT y la CSI, entre otros, convocaron una concentración de solidaridad el 15 de noviembre, ante el juzgado donde tenía lugar la vista. La concentración fue un éxito y el juicio hubo de celebrarse con las puertas abiertas, ante la cantidad de trabajadores que habían acudido. Ante esta respuesta el fiscal optó por cambiar los cargos de “desórdenes públicos” por otro de “faltas”, con lo cual automáticamente la petición de pena quedó rebajada de cuatro años de prisión para cada una a la imposición de una multa de 30 euros a cada trabajadora. De todas formas, la exigencia continúa siendo la libre absolución de estas compañeras, pues no es admisible que sistemáticamente se trate de criminalizar a los trabajadores en lucha.
Recientemente, en los medios de comunicación, saltaba la noticia de que uno de los cómplices de Roldán (Paesa), lejos de haber muerto, como había asegurado su familia, se encontraba viviendo a cuerpo de rey en Suiza. Este individuo es responsable de haber malversado miles de millones de pesetas de dinero público. Increíblemente no se le podrá juzgar ya por ningún delito, pues las causas contra él o han prescrito o fueron archivadas en su día.
Esta es una muestra más del doble rasero de la justicia. Cuando respetables empresarios, asesores, o altos ejecutivos, roban a manos llenas, existen una y mil triquiñuelas legales para salir impunes. Cuando los trabajadores protestamos contra el atropello de nuestros derechos más elementales, la respuesta es la represión y, si existe un mínimo resquicio legal que lo permita, la cárcel.
Mónica Iglesias
CCOO · Asturias
