Por un sindicalismo de clase y combativo
Documento aprobado en la Primera Conferencia Sindical de El Militante
Introducción
1. El capitalismo, un sistema en crisis
2. El movimiento sindical y la ofensiva de la burguesía
2.1 La estrategia de la burguesía: competitividad y reducción de costes laborales
2.2 El chantaje ideológico de la productividad
2.3 Las deslocalizaciones
2.4 El mito de la I+D+i
2.5 Subcontratación y precariedad
2.6 Siniestralidad laboral
2.7 Los ataques al salario social: la crisis del Estado del Bienestar
3. El ascenso de la lucha de clases en el Estado español
3.1 La huelga general del 20-J: el principio del fin del gobierno del PP
3.2 Las jornadas de marzo y la victoria del PSOE
3.3 La política del gobierno Zapatero
3.4 Medidas económicas favorables a los empresarios
3.5 La lucha de los astilleros
3.6 La negociación colectiva
3.7 La nueva contrarreforma laboral
3.8 Nuevas amenazas: el sector del automóvil
3.9 Por una reforma agraria integral
3.10 La Administración pública, banco de pruebas de la precarización y la congelación salarial
3.11 La mujer y la juventud trabajadoras
3.12 ¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera!
4. Por un sindicalismo combativo, de clase y democrático
4.1 El sector crítico de CCOO
4.2 El marxismo y la lucha por reformas
4.3 Sindicalismo y política
4.4 La fuerza de la clase obrera hoy
4.5 El trabajo de los marxistas en los sindicatos de masas
4.6 Nuestro modelo sindical
4.7 Socialismo o barbarie
5. Un programa de clase
5.1 En defensa del empleo estable y del poder adquisitivo de los salarios
5.2. Paremos la matanza de trabajadores por falta de seguridad
5.3 No a la precariedad y a la subcontratación
5.4 Alternativa para el movimiento jornalero
5.5 Por unas condiciones de vida dignas
5.6 Por una economía socialista al servicio de las necesidades sociales
INTRODUCCIÓN
El movimiento sindical no es un mundo aparte y encerrado en sí mismo. Las crisis económicas, sociales y políticas están poniendo a prueba la utilidad de los sindicatos para defender de manera consecuente los intereses de los trabajadores. Los sindicatos —la forma más elemental de organización obrera— están obligados a dar respuesta a los problemas, unos nuevos y otros viejos, que se van acumulando a medida que la crisis orgánica y estructural del capitalismo se agudiza.
Para los marxistas, es una obligación explicar a los trabajadores la situación y luchar para transformar la actual realidad de los sindicatos. Para lograr este objetivo, además de criticar la política de los dirigentes sindicales reformistas, es necesario ofrecer una alternativa sindical combativa, de clase y democrática que mantenga con firmeza una perspectiva socialista y que logre ganarse el apoyo consciente de los sectores más avanzados de nuestra clase.
Este documento analiza desde un punto de vista marxista la actual situación del movimiento sindical en el Estado español —sobre todo la de CCOO y UGT, que agrupan a la mayoría de los trabajadores sindicados—, expone el modelo sindical que los trabajadores necesitamos y defiende que los sindicatos se conviertan en herramientas de la lucha por el socialismo, recogiendo las conclusiones de la Conferencia Sindical de EL MILITANTE celebrada el 5 y 6 de noviembre de 2005.
1. EL CAPITALISMO, UN SISTEMA EN CRISIS
Como afirmó Marx hace más de 150 años, la vitalidad de un modo de producción depende de su capacidad para desarrollar las fuerzas productivas. En estos momentos, el capitalismo muestra con claridad que está en decadencia. El progreso de la sociedad choca cada vez más con la propiedad privada de los medios de producción y la existencia de los estados nacionales. La profunda crisis del capitalismo mundial se manifiesta en forma de una inestabilidad creciente: económica, política, social, militar…
En contra de lo soñado en el siglo XIX por los fundadores de la economía política burguesa, el sistema es incapaz de autorregularse. El caos rige la producción capitalista. Podemos decir que el motor del capitalismo (la obtención del máximo beneficio) está comenzando a “griparse”. La concentración del capital, es decir, la acumulación de la riqueza en cada vez menos manos, está llevando al capitalismo, y con él a toda la humanidad, a un escenario de barbarie creciente. Paradójicamente, cuando más riqueza existe y cuando la ciencia y la técnica serían capaces, aplicadas racionalmente, de garantizar una vida digna a todos los habitantes del planeta, la pobreza y la miseria se extienden como una plaga incontrolable. En los albores del tercer milenio, más de un tercio de la población mundial subsiste con menos de dos euros diarios, el desempleo y el subempleo afectan a dos mil millones de personas, y países enteros, incluso continentes enteros como el africano, retroceden brutalmente en todos los terrenos o se hunden directamente en la barbarie. El obstáculo que impide que esos medios técnicos se pongan al servicio de la humanidad es el capitalismo, la propiedad privada de los medios de producción. Es una condena rotunda de este sistema que se cierren fábricas y se supriman miles de empleos solamente para que la tasa de beneficios empresariales no descienda.
Esta degradación social también afecta a los países desarrollados. El último ejemplo lo tenemos en la revuelta en los barrios franceses. Unas semanas antes, el paso del huracán Katrina por EEUU puso de manifiesto las abismales diferencias sociales existentes en el país más rico del mundo y el carácter criminal del capitalismo. Los recortes del gasto social propiciados por Bush para financiar la guerra de Iraq crearon las condiciones objetivas para que el Katrina provocase tamaño desastre.
Hay otro fenómeno no menos importante. Cuando escribió El imperialismo, fase superior del capitalismo en 1916, Lenin insistía en que la fase del desarrollo capitalista en su forma monopolista confirmaba el dominio absoluto del capital financiero sobre toda la economía. Si entre 1960 y 1980 el sector financiero estadounidense generaba aproximadamente el 15% de los beneficios empresariales, en 2003 generó el 45%, y el porcentaje sigue creciendo. En realidad, las empresas productivas obtienen sus mayores beneficios porque actúan como bancos: en 1980, la General Electric obtenía el 92% de sus beneficios de la manufactura; en 2003, su división de crédito le proporcionó el 56% de ellos.
Por otra parte, las reservas sociales del capitalismo estadounidense, generadas por el elevado nivel de vida de los trabajadores en el pasado, están siendo destruidas. El crecimiento económico de las dos últimas décadas se ha basado en un incremento constante de la desigualdad social. Según un reciente informe del gobierno, 37 millones de estadounidenses viven en la pobreza, el 12'7% de la población. Los ciudadanos sin seguro médico casi alcanzan los 46 millones, y hay más de 13 millones de niños pobres. Actualmente, una familia obrera no puede vivir con un solo salario.
En Europa, la burguesía sigue tratando de superar las contradicciones internas del capitalismo mediante la extensión de un mercado único europeo que le permita competir en mejores condiciones con EEUU y Japón. Hasta ahora, el consumo interno y el endeudamiento familiar son los factores fundamentales que han permitido mantener un mediocre crecimiento económico, si bien los países más importantes están en recesión o estancados. En Alemania no hay crecimiento y el desempleo está por encima del 10% y ya supera los cinco millones de parados, un dato demoledor para la primera potencia económica europea. En Francia ocurre prácticamente lo mismo. En la zona euro, los salarios reales (los salarios descontada la inflación) siguen cayendo.
El argumento habitual de los economistas burgueses para explicar la falta de crecimiento en la UE es la existencia de un sector público demasiado grande que consume gran cantidad de recursos, por lo que se requiere avanzar hacia el modelo anglosajón de Bush y Blair. Además, el euro significa que las burguesías europeas más débiles (como la española) ya no pueden ganar competitividad devaluando su moneda, una receta tradicional. Por tanto, la opción que les resta es rebajar los costes laborales. Esto no solamente significa moderación salarial, sino también retrocesos laborales (incremento de jornada y de ritmos, abaratar y facilitar el despido, más movilidad geográfica y funcional, menos protección a los parados, retraso de la edad de jubilación) y retrocesos sociales (enseñanza de peor calidad, menos gasto en sanidad y vivienda públicas, reformas fiscales regresivas, aumento de los impuestos indirectos, recorte de las pensiones, etc.), es decir, un auténtico trasvase de dinero de los bolsillos de los trabajadores a los de los ricos. La burguesía europea no se va a contentar con pequeñas concesiones. Quiere un retroceso en toda regla, quiere acabar con el Estado del Bienestar, con el fin de preservar la tasa de ganancia empresarial.
La clase obrera lleva perdiendo derechos y conquistas desde hace décadas. El proceso se agudizó tras la caída del Muro de Berlín en 1989, que dio paso a una ofensiva brutal del capitalismo, que desde entonces se entrega a una borrachera de ataques salvajes. Pero estos ataques, en medio de una orgía de beneficios empresariales exorbitantes, tienen también otra cara: un auge en la lucha de clases desconocido en los últimos treinta años. Se pensaban que habían entrado en el paraíso del capital, que podían aumentar sus riquezas a costa de los trabajadores eterna e impunemente, pero se olvidaron de un “pequeño” detalle que los marxistas sí tenemos muy presente: la explotación de los trabajadores siempre tiene un límite. Ahora, en la forma de una poderosa reacción de los trabajadores contra sus desmanes, van a sufrir la resaca de su borrachera.
La clase obrera pone su sello en los acontecimientos
Hemos asistido a la derrota de la Constitución europea en los referendos de Francia y Holanda, y a huelgas generales contra las políticas antiobreras en muchos países (Italia, Francia, Portugal, Bélgica, Grecia...). También la derrota electoral del PP el 14 de marzo de 2004 y los dos años previos de movilizaciones masivas demostraron la voluntad de millones de trabajadores y jóvenes de luchar contra la ofensiva de los capitalistas. Todos estos acontecimientos forman parte de un proceso global que ha sacudido la conciencia de millones de personas en todo el mundo y que tuvo su expresión más aguda en la movilización mundial contra la guerra imperialista de Iraq. Desde entonces, la clase obrera ha puesto el sello en todos los acontecimientos decisivos de la sociedad.
La resistencia de los trabajadores a perder más derechos está teniendo consecuencias políticas. En este contexto de crisis del sistema, la socialdemocracia europea ya no es capaz de ofrecer mejoras a su base social, la clase obrera. Al contrario, lo que hoy ofrece no son reformas, sino contrarreformas, lo que está abriendo crisis en los partidos socialdemócratas. El ejemplo más visible lo tenemos en el SPD alemán, que ha sufrido recientemente una escisión por la izquierda, el WASG (Alianza por el Trabajo y la Justicia Social). En las elecciones alemanas de septiembre, el Partido de la Izquierda (fusión del WASG con el PDS) obtuvo 4.200.000 votos, más del 8%. También la situación dentro del Partido Laborista británico, con una oposición creciente a Blair, tiende a mayores diferenciaciones internas y se está traduciendo en el avance de las posiciones de izquierda dentro de numerosos sindicatos. En Francia, el triunfo del “no” en el referéndum provocó la dimisión de Raffarin como primer ministro, divisiones en el seno del PSF y, sobre todo, el recrudecimiento de la lucha de clases. Incluso en Portugal, donde en las últimas elecciones la suma de votos de la izquierda fue mayor que nunca, los trabajadores se están movilizando contra los recortes del gobierno socialdemócrata de José Sócrates.
Al otro lado del océano, en América Latina, desde hace unos años se vienen desarrollando procesos revolucionarios. Con una deuda externa impagable, el saqueo indiscriminado de sus riquezas por los monopolios imperialistas, la depauperación de las masas y la ausencia de colchones sociales como los creados en Europa tras la II Guerra Mundial, su situación cada vez más convulsa refleja el callejón sin salida del capitalismo y la necesidad objetiva de avanzar hacia otra sociedad.
Según datos del Banco Internacional para el Desarrollo, el 10% de los ciudadanos latinoamericanos más ricos tienen unos ingresos 84 veces superiores al 20% más pobre, el 85% de los niños viven en la pobreza y la desnutrición infantil es del 33%. En América Central, entre 1992 y 2002 el porcentaje de gente hambrienta aumentó un 33%, pasando de 5 millones a 6'4. En Argentina, que produce carne y trigo suficientes para alimentar a 350 millones de personas, casi ocho millones de ciudadanos (más del 20% de la población) son indigentes y están desnutridos. En Brasil el cuadro no es diferente: 5.000 familias poseen un patrimonio equivalente al 42 % del PIB, lo que convierte a este país en uno de los campeones de la desigualdad social.
La situación de Lula y, sobre todo, la revolución bolivariana en Venezuela demuestran, una vez más, que no se puede servir a dos amos a la vez: o se está con los capitalistas o se está con los trabajadores. No hay terceras vías, como ha reconocido Hugo Chávez. El desarrollo social y económico solamente estará garantizado con el socialismo.
2. EL MOVIMIENTO SINDICAL Y LA OFENSIVA DE LA BURGUESÍA
Durante las dos últimas décadas, especialmente tras el colapso del estalinismo, hemos asistido a una ofensiva furiosa de la burguesía para liquidar conquistas históricas de la clase obrera en los países capitalistas desarrollados. Esta auténtica contrarrevolución laboral vino acompañada de un ataque ideológico contra todo lo que oliese a socialismo o marxismo, desplegado desde las tribunas académicas, mediáticas y propagandísticas de la clase dominante. Una campaña de tanto calado no podía dejar de tener un efecto profundo en las direcciones reformistas de las organizaciones de izquierdas y, por supuesto, en los sindicatos, cada vez más alejados de una orientación revolucionaria en su acción cotidiana. Cuando desde algunos círculos “teóricos” de la izquierda se insiste en que esta situación implica cambios estructurales en la clase obrera, la transformación del concepto de la lucha de clases y otras cosas por el estilo, en realidad tales “teóricos” demuestran no entender lo que ocurre. El capital, en su búsqueda de ganancias, siempre tiende a ampliar la cuota de explotación de la fuerza de trabajo. Esto le lleva, en todas las épocas, a adoptar, en función de la correlación de fuerzas entre las clases, todo tipo de mecanismos para obtener más plusvalía de los trabajadores.
El problema es que la ofensiva actual ha contado, en la mayoría de los casos, con el beneplácito (o, cuando menos, la pasividad) de quienes tenían que haberle hecho frente: las direcciones sindicales y los dirigentes de la izquierda, que aceptan que el capitalismo es el único sistema posible. No está en crisis el modelo de sindicato de clase de masas; lo que está realmente en crisis es la política reformista y pactista de los dirigentes de los sindicatos y los partidos de izquierda, que en muchos casos han aplicado las medidas más agresivas de la burguesía.
Muchos habían puesto el RIP sobre la clase obrera y sacado la conclusión de que no sería el sujeto revolucionario, la protagonista de la transformación social. Esto tampoco es nada nuevo, pues las épocas de derrota política de los trabajadores generan un revisionismo teórico entre los dirigentes de la izquierda más afectados por las presiones ideológicas de la burguesía. Pero más allá de clichés manoseados, lo cierto es que, debido a los mecanismos del propio capitalismo (precariedad, simplificación de tareas productivas, aumento de ritmos y jornada, reducción de los salarios...), crece la polarización social, aumenta la proletarización de la sociedad y la clase obrera vuelve a ser protagonista.
Es necesario insistir en que la contradicción central del capitalismo se establece entre el trabajo asalariado y el capital, y que es imposible conciliar sus respectivos intereses. Por su papel en la producción, la clase obrera es objetivamente la única clase revolucionaria, la única interesada en la desaparición de la sociedad de clases. Obviamente esta aspiración sólo podrá ser satisfecha mediante la expropiación del capital y el establecimiento de una auténtica democracia obrera, lo que exige la nacionalización de la banca, los monopolios y la tierra, el control estatal del comercio exterior y la planificación de la economía bajo control de los trabajadores.
Por tanto, el trabajo sistemático de los marxistas en los sindicatos, defendiendo una política de clase basada en la movilización independiente de los trabajadores, es fundamental para la lucha por el socialismo. Sólo con la elevación del nivel de conciencia de los trabajadores, organizados y no organizados, a través de su propia experiencia en la acción, es posible infundir al conjunto de la clase la confianza necesaria en sus propias fuerzas y, al mismo tiempo, combatir la política pactista y desmovilizadora de los dirigentes sindicales reformistas.
Los ocho años de gobiernos del PP demostraron sobradamente la alergia a la lucha de los aparatos sindicales, cuyos dirigentes siguen convencidos de que los pactos y el consenso son la mejor acción sindical. A pesar de ello, CCOO y UGT seguirán siendo la clave del movimiento sindical, como ponen de manifiesto la huelga general del 20 de junio de 2002 y los conflictos que todos los días libran miles de trabajadores para mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Entre ambos, suman 1.770.000 afiliados y 200.000 delegados sindicales.
Es verdad que la vida interna de los sindicatos de masas se ha reducido considerablemente y que las actitudes antidemocráticas, el ambiente burocrático y la estrechez política que conlleva una acción sindical alejada de las asambleas y de la lucha no favorecen en nada la participación de las bases y son los factores que explican la no intervención de nuevas capas de la clase en ellos.
Por otra parte, los grandes sindicatos han contraído una enorme dependencia del Estado, especialmente en lo referido a su financiación, ya sea por subvenciones directas o por las indirectas (dinero de la formación, liberados sin justificación legal, etc.). Esta dependencia económica es una irresponsabilidad porque le da a los gobiernos un arma para condicionar la acción sindical, y no es ajena al giro a la derecha que hemos visto en las cúpulas de ambos sindicatos, giro que se hizo más patente en CCOO, entre otras cosas por su tradición ideológica, y que alcanza niveles que no dejan de sorprender: firma continuada de pactos sociales, aceptación de planes de reconversión asumiendo los argumentos patronales en lo referido a productividad y competitividad, asunción de su papel como “agentes sociales” que regulan el conflicto en vez de estar al servicio de la lucha obrera... Existe un divorcio creciente entre lo que se cuece en los despachos sindicales y el sentimiento de millones de trabajadores que desean evitar el continuo retroceso de sus condiciones de vida y trabajo.
Sin embargo, este fenómeno no es nuevo. En la historia del movimiento obrero existen amplios períodos donde los sindicatos están dominados por la rutina y la colaboración con la patronal. Pero, como organizaciones de masas que son, los sindicatos necesariamente acaban por reflejar, incluso antes que los partidos obreros, los cambios en la situación objetiva y en la conciencia de los trabajadores. Los procesos de giro a la izquierda y radicalización de los sindicatos, presenciados en numerosas ocasiones en la historia del movimiento obrero, son producto de la presión de la lucha de clases: los crecientes ataques de la burguesía acaban por hacer imposible que las cúpulas sindicales sigan con su acción sindical pactista. Estos giros a la izquierda son absolutamente inevitables y exigen que los sindicalistas más avanzados no sólo no abandonen las posiciones en los sindicatos de masas, sino que luchen por fortalecer y consolidar su influencia incluso cuando están en franca minoría y son perseguidos con saña por los burócratas.
En el último período estamos asistiendo a cambios, aunque las consecuencias de éstos todavía no sean perceptibles. En las grandes empresas, de las que se nutre habitualmente la burocracia sindical, las cosas están cambiando. Los procesos de destrucción de empleo fijo y de subcontratación también acarrean movimientos en las estructuras sindicales: unos siguen aferrados a sus cargos en los comités de empresa, pero otros se van por prejubilación, por preferir la comodidad de un despacho en el sindicato o por percibir que las cosas están empeorando, que la empresa es una selva por culpa de la subcontratación y que ser sindicalista obliga a un mayor compromiso porque los problemas ya no se “resuelven” charlando amigablemente con la dirección. ¡Y tienen razón!
Por otra parte, el rejuvenecimiento de las plantillas aporta la savia de la juventud obrera. En muchas empresas, los jóvenes son utilizados como arietes para incrementar la productividad y extender la jornada. Muchos han aceptado dobles escalas salariales y peores condiciones de trabajo, sobre todo cuando no existía otra alternativa. Muchos están endeudados hasta las cejas y necesitan el dinero para llegar a fin de mes y pagar las facturas del piso, el coche y los gastos domésticos. Pero la juventud obrera también está realizando su propia experiencia, y no aceptará los sacrificios eternamente.
En el próximo período, los retrocesos en las condiciones laborales acabarán inevitablemente por provocar un aumento de la conflictividad, lo que requerirá delegados combativos. Los jóvenes trabajadores jugarán un papel decisivo y se situarán en la vanguardia de los sectores más dinámicos y avanzados de la clase y los sindicatos.
También asistiremos a nuevas crisis y transformaciones en el movimiento sindical, en CCOO y también en UGT, transformaciones íntimamente relacionadas con la crisis del capitalismo y el ascenso de la lucha de clases. Por eso es todavía más necesario construir una fuerte corriente marxista dentro de los sindicatos, que dispute a las actuales direcciones el derecho a dirigir la acción sindical.
2.1 La estrategia de la burguesía: competitividad y reducción de costes laborales
Tras el colapso de la URSS, los ideólogos del capital auguraron un futuro de prosperidad y paz en el marco de un nuevo orden mundial capitalista de crecimiento económico ininterrumpido y sin ciclos económicos de boom y recesión.
Esta falacia pronto se dio de bruces con la cruda realidad de miles de millones de seres humanos. Ni se detuvieron las crisis, ni desapareció la lucha de clases ni se detuvo tampoco el proceso de toma de conciencia de millones de trabajadores.
El modo de producción capitalista es un sistema anárquico, incapaz de utilizar toda la capacidad productiva instalada, que permitiría proporcionar una vida digna a toda la humanidad. Evidentemente, los capitalistas producen bienes o servicios para venderlos, pero, como diría Perogrullo, esto solamente puede ocurrir si los supuestos compradores disponen del suficiente poder adquisitivo, ya sea directamente o endeudándose a través del crédito. El fundamento interno de la producción capitalista está determinado por la obtención del máximo beneficio; sin él no hay inversión ni producción, aunque las necesidades sociales sean gigantescas. Cuando el mercado mundial está sujeto a una dura competencia entre las empresas, como ocurre actualmente, los capitalistas recurren a toda una serie de medidas para garantizar la mayor tasa de ganancias posible:
a) Bajar los precios de las mercancías, lo que requiere abaratar los costes de producción, ya sea mediante la renovación de la tecnología y/o maquinaria empleada, mediante cambios en la organización del trabajo (por ejemplo, el toyotismo frente al fordismo ) y la comercialización, o bien aumentado la explotación de los trabajadores (congelaciones salariales, aumento de jornada, aumento de ritmos, acoso laboral, recortes del salario social, etc.).
b) Dejar de invertir en la empresa o invertir menos, dadas las dudas sobre los futuros beneficios.
c) Deslocalizar la empresa, trasladando producción a países que garanticen el beneficio deseado, por las peores condiciones laborales.
d) Diversificar la inversión hacia otras ramas o sectores de producción (ofertas de ocio o servicios, construcción, etc.).
e) Cerrar directamente la empresa e invertir la plusvalía acumulada en sectores parasitarios (acciones bursátiles, inmobiliarias, etc.), para vivir de rentas.
El proceso de concentración del capital y la globalización capitalista han supuesto una mayor sincronización de la crisis latente de sobreproducción, sin que funcionen ahora los viejos mecanismos de relevo de una “locomotora” económica por otra. En estos momentos, la economía mundial depende de EEUU, mientras que Japón y la Unión Europea se arrastran en una situación de estancamiento y recesión. La aparición de China como potencia económica, lejos de apaciguar las tensiones, las ha incrementado, al agudizar la competencia. Esta pugna por cada trozo del mercado mundial aumentará en el futuro, reflejando la profunda crisis de sobreproducción que sufre el capitalismo.
2.2 El chantaje ideológico de la productividad
En El manifiesto comunista, Marx explicó que el uso de mejor maquinaria, de más tecnología y, por consiguiente, el aumento de la división del trabajo no mejoraría las condiciones materiales de los explotados: “Cuanto más se desarrolla la maquinaria y la división del trabajo, más aumenta la cantidad de trabajo, bien mediante la prolongación de jornada, bien por el aumento del trabajo exigido en un tiempo dado, la aceleración del ritmo de las máquinas, etc.”. Esto es exactamente lo que vemos en todas las industrias del mundo. Para amortizar los grandes desembolsos que supone la aplicación del desarrollo técnico al proceso productivo, los capitalistas tienen que exprimir a la clase obrera. De ahí la contradicción de que crezcan en paralelo tanto el paro como la jornada laboral de los que tienen empleo.
Para combatir la caída de la tasa de beneficios, los empresarios se ven obligados a incrementar constantemente la plusvalía relativa (aumento de ritmos) y absoluta (aumento de jornada y reducción de salarios) que obtienen del trabajador. Si los trabajadores no oponemos resistencia a este proceso, inevitable bajo el capitalismo, el resultado es el aumento de la explotación y el empeoramiento de nuestras condiciones de vida y trabajo.
Cuando los dirigentes sindicales asumen el discurso empresarial de mejora de la competitividad y la productividad, están colaborando explícitamente con la explotación capitalista; cuando a la ofensiva patronal le oponen planes de ajuste “no traumáticos” (prejubilaciones, jubilaciones anticipadas, bajas incentivadas) que dejan sin futuro a la juventud de comarcas enteras, están favoreciendo la estrategia de los capitalistas. De esta manera se destruye empleo, se empeoran las condiciones y los derechos de los trabajadores, y la correlación de fuerzas se hace más favorable a los empresarios, que pronto exigirán nuevos sacrificios.
La asunción del discurso capitalista por los dirigentes reformistas del movimiento obrero les hace discurrir por los mismos parajes mentales que los empresarios y la burguesía. Así, el futuro de los trabajadores ya no dependería de su grado de organización y lucha, sino de la situación económica de su empresa o de su país; por tanto, los trabajadores deben colaborar para que las empresas no pierdan la carrera de la competitividad y “vayan bien”, porque así también les irá bien a los trabajadores. Es decir, se sustituye la lucha de clases por la colaboración de clases, se sustituye la contradicción entre capital y trabajo por la competencia entre trabajadores. Cuando los dirigentes sindicales no critican desde una perspectiva de clase las guerras comerciales entre países (el último ejemplo lo tuvimos en el bloqueo de la importación de productos textiles desde China) y dan su visto bueno a estas medidas con la justificación de mantener puestos de trabajo en “su” país, están alimentando el chovinismo y subordinando el movimiento obrero a la burguesía nacional.
En el Manifiesto comunista podemos leer que la clase obrera no tiene patria, pero los dirigentes sindicales reformistas han abandonado la visión internacionalista de la lucha obrera, que no es más que la concreción práctica del papel que juega la clase trabajadora en la sociedad capitalista. Haciendo el juego a la burguesía, los dirigentes sindicales no hacen nada por impedir el enfrentamiento de unos trabajadores con otros, y no solamente de distintos países, sino incluso dentro de las propias empresas: fijos frente a eventuales, los de la empresa principal frente a los de las subcontratas, los de oficinas frente a los del taller, inmigrantes frente a nativos, etc. Esta lógica contradictoria no hace más que socavar la confianza de los trabajadores en sus propias fuerzas, minando la necesaria unidad de la clase obrera en su lucha contra los empresarios.
2.3 Las deslocalizaciones
La piedra de toque del funcionamiento del capitalismo contemporáneo es la existencia de un mercado mundial integrado en el que compiten los grandes monopolios, que poseen capitales mayores al de muchos estados nacionales formalmente soberanos. Según datos de la ONU, más de la mitad del comercio mundial y dos tercios de las transacciones internacionales en bienes y servicios provienen de las multinacionales. El estancamiento de la economía mundial está provocando rápidos movimientos en busca de mayor rentabilidad del capital: apertura de nuevos mercados y mayor explotación de los ya existentes, inversión en nuevas ramas de la producción que aseguren altos beneficios y abaratamiento de los costes laborales, el hilo conductor de todas las estrategias.
En este contexto hay que situar las deslocalizaciones de empresas, un fenómeno tan viejo como el propio capitalismo. Obviamente los capitalistas no pueden cerrar todas sus industrias en los países industrializados, pues estos países constituyen la base de sus mercados y sus exportaciones (más del 80% de los intercambios mundiales de bienes y servicios se realizan entre ellos), y es donde la productividad del trabajo es mayor.
Las deslocalizaciones son un chantaje gigantesco a los trabajadores occidentales, un intento de que acepten reducir sus salarios, aumentar su jornada, la flexibilidad laboral, etc. La mayoría de las empresas que amenazan con la deslocalización no están en pérdidas, al contrario, tienen beneficios, pero quieren aumentarlos todavía más. La planta de Philips en Cataluña desmantelada a principios de 2004 había obtenido en 2002 unos beneficios diez veces superiores al objetivo fijado por la dirección de la empresa, pero esa altísima rentabilidad no impidió su deslocalización.
Las deslocalizaciones no tienen nada que ver con la productividad y la competitividad. Ser más competitivo consiste en producir más con la misma fuerza de trabajo, y esto depende de múltiples factores: el nivel tecnológico, la capacidad de financiación, la cualificación de los trabajadores, las infraestructuras, las comunicaciones, el valor añadido de la producción, etc. La productividad no depende del coste de la mano de obra, de que se alargue la jornada laboral y se reduzcan los salarios. ¿O acaso la economía malaya es más productiva que la alemana?
Con lo que tienen que ver es con algo muy diferente: la rentabilidad. Si los capitalistas insisten en aumentar su tasa de beneficios a través del factor de los costes laborales es porque les conviene más. En primer lugar, porque se ahorran el gasto en inversión; y, en segundo lugar, porque las deslocalizaciones les permiten producir a costes tercermundistas para seguir vendiendo a precios occidentales. Un negocio fabuloso.
Pretender hacer frente a este problema apelando a la “responsabilidad social” de las empresas, como últimamente se está poniendo de moda entre los dirigentes sindicales reformistas, es una pérdida de tiempo. Y tampoco es alternativa el intentar “competir”, es decir, hacerle concesiones a la patronal para que no deslocalice la factoría. Después de cada concesión, el resultado son más exigencias de la patronal porque la brecha laboral es tan enorme que los recortes “asumibles” no la pueden salvar. ¿Hasta dónde tendría que aceptar la degradación de sus condiciones laborales un trabajador de este país para poder competir con los salarios de 300 € mensuales de, por ejemplo, Eslovaquia (por no hablar de los 30 € de los países del mal llamado tercer mundo)? Desde esta óptica claudicante, la única manera de evitar las deslocalizaciones sería aceptar las condiciones laborales de los países de destino.
Esta filosofía refleja la influencia ideológica de la burguesía sobre los reformistas. Los trabajadores occidentales no podemos aceptar esa propaganda interesada que dice que la amenaza para nuestros empleos y conquistas son nuestras “privilegiadas” condiciones y que sólo podremos mantener nuestros puestos de trabajo compitiendo con los trabajadores de otros países, para lo que debemos renunciar a nuestras conquistas. De hecho, las deslocalizaciones (como el resto de las medidas antiobreras) siempre van acompañadas de una campaña de propaganda. Se manipula la información y se filtran datos interesados con el fin de convencer de la inevitabilidad de las medidas, y así encontrar menos resistencia.
La manera de evitar las deslocalizaciones no es aceptando recortes. Este camino es una esperanza vana y aboca a una espiral descendente a los infiernos. La alternativa es la defensa de unas condiciones dignas para todos a través de la lucha internacionalista contra los empresarios, empezando por los del propio país, que también deslocalizan la producción, y el cuestionamiento del poder de los capitalistas para cerrar sus empresas y dejar a los trabajadores en la calle, es decir, el cuestionamiento de la economía de libre mercado.
2.4 El mito de la I+D+i
El argumento preferido de los dirigentes sindicales reformistas a la hora de combatir las deslocalizaciones es que las empresas tienen que optar por otro modelo de competitividad y hacer un mayor esfuerzo inversor en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). Lo han dicho hasta la saciedad Fidalgo (CCOO), Méndez (UGT) y sus homólogos del IG Metall alemán, la CGIL italiana, etc. Esta forma de presentar las cosas no se sostiene por ningún lado y sería una buena prueba de ingenuidad si no fuera porque los dirigentes sindicales saben perfectamente que esa alternativa no esconde más que humo.
En primer lugar, las empresas que deslocalizan producción en Europa o EEUU suelen ser multinacionales punteras en tecnología con una I+D+i de vanguardia. Esto no es casual. Como quedó explicado en el apartado 2.2, está causado por la propia inversión.
Pongamos algunos ejemplos. Munich, una de las zonas más afectadas por las deslocalizaciones con dirección al Este europeo, es la primera región germana en I+D+i en sectores como biotecnología y tecnologías de la información. La segunda zona afectada es Stuttgart, puntera en automoción e ingeniería mecánica. El IG Metall ha denunciado que Siemens baraja trasladar 10.000 empleos a Hungría y la República Checa. ¿Acaso las plantas alemanas de Siemens no son tecnológicamente avanzadas? Eso lo sabe hasta un niño de seis años. Pero la cuestión no radica ahí. El traslado de esos puestos de trabajo se debe a que la rentabilidad en Europa del Este o Asia es mucho mayor debido a los bajos salarios y la falta de derechos laborales.
También en Francia abundan los ejemplos de deslocalizaciones: la fundición Metaleurop, del grupo suizo Glencore, que se deshizo de su filial en la localidad de Noyelles-Godault (Calais) y dejó en la calle a 830 empleados; el grupo coreano Daewoo-Orion, que liquidó sus tres centros en el país, en la región de Metz (Lorena); o el reciente anuncio por Hewlett-Packard de la supresión de miles de empleos.
En el Estado español, la situación es similar. En muchos casos, las empresas que amenazan con la deslocalización son multinacionales que recibieron subvenciones jugosas del Gobierno o de las autonomías. En Cataluña hemos tenido numerosos ejemplos en el sector textil, químico, metal; en Euskadi, en el sector aeronáutico y el metal... Y ahora, grandes empresas de automoción, como SEAT y General Motors, entonan la misma canción.
La deslocalización está provocando la destrucción de miles de empleos directos, a los que hay que añadir los destruidos por reconversiones en el sector siderúrgico, naval, etc. En todos estos conflictos, la receta de los dirigentes de CCOO y UGT es siempre la misma: negociar el expediente, proponer ofertas de viabilidad que incluyen reducciones salariales y aumento de la jornada, pérdida de derechos y, en el peor de los casos, aceptar los cierres tras obtener un incremento de las indemnizaciones. Es decir, aceptan la lógica del capital, lo que significa desarmar por completo a los trabajadores y dejar al borde del abismo a miles de familias y comarcas enteras.
Desde el punto de vista de los intereses de la clase obrera, existe otra alternativa a la ofrecida por los dirigentes sindicales reformistas. En primer lugar, comprender que los beneficios empresariales son parte del salario no pagado a los trabajadores, que somos los que realmente creamos la riqueza. En segundo lugar, comprender que los puestos de trabajo son un patrimonio común de la clase obrera y que no podemos aceptar la destrucción de uno solo de ellos, y menos cuando se hace para mantener o aumentar los beneficios.
Frente a las deslocalizaciones, como frente a los expedientes de regulación de empleo, es necesaria una acción sindical a la ofensiva basada en un programa que unifique a la clase obrera y en la disposición a la movilización de los trabajadores, tantas veces demostrada (huelga general del 20-J, Síntel, Puertollano, astilleros, minería...). Los trabajadores y los sindicatos no podemos aceptar la cantinela de los empresarios. ¡Qué disminuyan ellos sus beneficios! ¡Que recorten ellos sus salarios multimillonarios! ¡No podemos aceptar más despidos!
2.5 Subcontratación y precariedad
A finales de junio de 2005, en el Estado español había cinco millones de trabajadores con contrato temporal (un tercio del total). Este porcentaje es veinte puntos superior a la media de la Unión Europea, estimada en el 13'6%. Nuestro país suma más trabajadores temporales que Italia, Reino Unido, Bélgica y Suecia juntos. Las direcciones sindicales de CCOO y UGT, aparte de “lamentarse” de esta situación, parece que no extraen ninguna conclusión, y siguen perdiendo el tiempo en intentar convencer a los empresarios de que hagan más contratos fijos y apelando a la “recuperación” del principio de contratación indefinida, a la “revisión” de los sistemas de bonificación para esta modalidad de trabajo y a “vigilar” este tipo de contratación para que no se utilice para sustituir empleo fijo.
Lo que no dicen en absoluto es cómo se pueden poner en marcha las medidas que proponen. Limitarse exclusivamente a denunciar la situación repitiendo lo mismo desde hace años no parece la mejor fórmula. Instalados en una especie de fatalismo existencial, se “olvidan” precisamente de la función de un sindicato: organizar a los trabajadores para luchar por la defensa y mejora de las condiciones de vida y trabajo del conjunto de la clase obrera. Al contrario, parecen confiar ingenuamente en que el “diálogo social”, ahora con el PSOE en el gobierno, hará que la precariedad se vaya reduciendo. ¿Organizar y llamar a la lucha a los trabajadores precarios? Eso no se les pasa por la cabeza. Una característica de los dirigentes reformistas del movimiento obrero es su sistemática falta de confianza en los trabajadores.
Pero, para su desgracia, en determinadas circunstancias los trabajadores no esperan sus consejos y se ponen en marcha. Esto es lo que ocurrió tras el fatal accidente en Repsol Puertollano (agosto de 2003), donde perdieron la vida diez trabajadores de empresas subcontratadas.
Aquel accidente no sólo puso en evidencia las penosas condiciones laborales producto del fenómeno de la subcontratación masiva en las grandes empresas, sino que también reveló cómo ven a los dirigentes sindicales amplios sectores de la clase obrera. La reacción de los trabajadores subcontratados, organizando su propia comisión obrera de representantes, en la que participaron afiliados a UGT y CCOO e incluso delegados sindicales, sólo puede explicarse a consecuencia de una combinación de brutal explotación laboral y dejadez sindical durante un tiempo prolongado. Si esta situación fuese una excepción, se podría achacar a causas locales. Pero lo cierto es que no es una excepción. Los dirigentes sindicales y los comités de las grandes empresas a lo largo y ancho del país llevan años abandonando a su suerte a los trabajadores de las compañías auxiliares.
La subcontratación busca el aumento de los beneficios a costa de los trabajadores, a través de la sustitución de empleo fijo por empleo precario y la división del movimiento obrero, para así debilitarlo y favorecer la degradación de las condiciones laborales. Para que la operación salga bien, es importante neutralizar al movimiento sindical de la empresa principal. Esto se consigue políticamente. A diferencia de los trabajadores normales, un sindicalista está en frecuente contacto con los empresarios (o el gobierno), tratando temas con ellos, etc. En cada reunión es sometido a un bombardeo ideológico que busca hacer penetrar en su conciencia los puntos de vista empresariales, como que la “competitividad” y el “mercado” exigen abaratar costes “porque si no el trabajo se lo lleva la competencia o se va a otro país, y se pone en peligro la supervivencia de la empresa y de todos los puestos de trabajo”.
A resultas de este bombardeo ideológico y, sobre todo, de no tener las cosas políticamente claras, demasiados responsables sindicales han perdido la perspectiva de clase. Así, su visión de la defensa de los intereses de los trabajadores queda reducida a la defensa estrecha y miope de los supuestos intereses de “sus” trabajadores, de los trabajadores de su empresa. En alguna gran empresa, las secciones sindicales parecen gestorías de prejubilaciones. Por eso en los recortes de plantilla se limitan a negociar las condiciones económicas de los afectados, sin considerar los efectos sociales y sindicales a largo plazo. Incluso se llega a aberraciones como la de oponerse... ¡a que los trabajadores subcontratados usen el comedor!, como en una empresa de Coruña. Todo esto es un gravísimo error que al final acaba colocando del lado de la patronal a los sindicalistas que asumen estos esquemas hasta sus últimas consecuencias.
Pero los empresarios no hacen distingos entre trabajadores. En contra de esa idea envenenada de que “para que los fijos puedan tener unas condiciones laborales mejores, los subcontratados las tienen que tener peores”, la precariedad perjudica a todos los trabajadores porque debilita al movimiento obrero. Ayudar a mejorar la situación de otros trabajadores, además de ser un deber solidario elemental para cualquier trabajador con conciencia de clase, es también una manera de que los trabajadores de las grandes empresas defiendan a largo plazo sus intereses, que también están siendo atacados. Si el proceso continúa, si las plantillas fijas siguen reduciéndose y los precarios aumentando, si las empresas ven al movimiento obrero disgregado y débil, se facilitará el ataque contra los derechos que aún persisten. ¿Y cómo afrontar hoy por hoy una lucha decisiva contra una gran empresa sin contar con los subcontratados, que en muchos recintos ya constituyen la mayoría de los trabajadores?
La división que hoy vemos en el recinto de las grandes empresas es tremendamente negativa: división entre fijos y eventuales, división entre los de la principal y los de contratas, división de los trabajadores de contratas entre multitud de empresas, división incluso entre los trabajadores de un mismo empresario que opera con más de una compañía. Este panorama sólo favorece a las empresas.
Es preocupante que los trabajadores de las subcontratas se sientan abandonados y tratados por los comités de empresa y los sindicatos como trabajadores de segunda. Durante el proceso histórico de conformación del movimiento obrero, el sindicalismo de clase, para poder avanzar, tuvo que superar las divisiones entre los trabajadores de una misma empresa por pertenecer a gremios diferentes. En la actualidad, las divisiones entre los trabajadores de un mismo recinto por culpa de la subcontratación son igual de perjudiciales que las divisiones gremialistas. Superar las divisiones creadas por el fenómeno de la subcontratación masiva y actuar dentro de cada fábrica como un único movimiento obrero, que el problema de unos sea el problema de todos, es una cuestión de ser o no ser para el sindicalismo de clase.
En este sentido, la mejor fórmula para abordar conjuntamente los problemas es la formación de secciones sindicales únicas que engloben a los trabajadores de la empresa principal y de las compañías auxiliares. Dependiendo de la dimensión y la naturaleza de cada problema, una sección sindical única acometería una acción sindical global o sólo en el ámbito de una empresa, exactamente igual que ocurre ahora, donde a veces la acción sindical es en el conjunto de la empresa principal, y otras está limitada a un gremio o una sección de la misma.
2.6 Siniestralidad laboral
En los cuatro últimos años hemos vivido una campaña en todo el mundo contra la llamada “amenaza terrorista”. Al amparo de los salvajes atentados de Nueva York en septiembre de 2001, los imperialistas estadounidenses han desatado una intervención brutal contra Iraq en la que han muerto cientos de miles de trabajadores, mujeres y niños iraquíes, y que devastó las infraestructuras básicas del país. Esta manera de combatir el llamado terrorismo integrista con otra forma de terrorismo legalizado por la supremacía militar estadounidense refleja a la perfección el carácter violento del sistema capitalista. Como señalamos al principio de este documento, millones de seres humanos mueren todos los años de hambre, en una auténtica campaña terrorista contra los más débiles y los desposeídos librada en nombre de la economía de mercado.
Pero esta ofensiva no se limita a los países del tercer mundo. En los países capitalistas desarrollados se produce todos los días una auténtica matanza de trabajadores. La sangre de miles de obreros riega las cuentas corrientes de los dueños de muchas empresas. Una matanza legalizada por la ley del máximo beneficio y que queda impune en los tribunales de justicia.
A pesar de todas las leyes, como la de Prevención de Riesgos Laborales, los beneficios empresariales siguen incrementándose a costa de la vida y la salud de los trabajadores. Los datos del primer semestre de este año señalan que cada día mueren más de cuatro trabajadores en su puesto de trabajo y más de cuarenta quedan gravemente heridos.
En 2004 perdieron la vida en el tajo o en accidentes in itínere 1.443 trabajadores. En los primeros seis meses de 2005, van ya 847 muertos. Respecto al mismo período de 2004, los accidentes laborales con baja se incrementaron un 9'3% y los mortales, el 7'5%. Destaca la construcción, donde el incremento fue del 14'7%. Por otra parte, su aumento en algunas comunidades autónomas es verdaderamente impactante: Madrid, 24'5%; Castilla-La Mancha, 21'5%; Murcia, 18'2%; Euskadi, 17'1%.
En 1996 se aprobó a bombo y platillo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Su aplicación presuponía que la siniestralidad iba a disminuir. Lejos de eso, desde 1996 a 2004 los accidentes con baja han sido 8.110.259 (un aumento del 38%), de los cuales 120.295 fueron graves y 13.349, mortales. ¡13.349 trabajadores muertos en nueve años! Estos son los efectos de una auténtica guerra contra la clase obrera.
Las contrarreformas laborales de 1984 (que multiplicó los contratos temporales) y de 1994 (que introdujo las ETTs) supusieron el incremento brutal de los accidentes. En 1984, el índice de siniestralidad era de 53'3 accidentes por cada 1.000 trabajadores, en 1990 era de 68'6 y en 1999 se situó en 72'8. Mientras sigan la precariedad, la subcontratación masiva, etc., es imposible que los accidentes disminuyan sustancialmente. El 50% de los accidentes mortales afectaron a trabajadores con contrato temporal. Un estudio del Ministerio de Trabajo constata que, entre 1996 y 2003, el 70'6% de los accidentes con baja los sufrieron trabajadores con menos de 7 meses de antigüedad. El 51% de los accidentes fue en empresas de menos de 50 trabajadores, en las que los accidentes aumentaron un 48%.
La estrecha relación entre precariedad y siniestralidad se ve analizando los accidentes ocurridos a los menores de 24 años. Se incrementaron un 22%, y el 75'6% de los accidentados tenía un contrato temporal. Por otra parte, el 26% de los accidentes mortales y el 22% de los graves tuvieron lugar en empresas contratadas o subcontratadas.
La impunidad de los empresarios es total. De los 955 accidentes mortales en el puesto de trabajo en 2004, sólo se instruyeron 143 procedimientos por homicidio. Incluso lo más aberrante, que prueba la complicidad del aparato de justicia con los empresarios y la clase dominante en general, es que en el último período se han dictado sentencias de Magistratura en las que se responsabiliza de los accidentes a los propios trabajadores, por aceptar las condiciones que los empresarios les imponen. Asimismo, a raíz de las muertes por asfixia de cuatro trabajadores a bordo de una fragata en Navantia-Ferrol el pasado mayo, el juez ha imputado por homicidio involuntario a los dos trabajadores que supuestamente no cerraron la llave del argón.
2.7 Los ataques al salario social: la crisis del Estado del Bienestar
Las conquistas sociales logradas por los trabajadores europeos tras la II Guerra Mundial, el llamado Estado del Bienestar, penden de un hilo cada vez más fino. Desde finales de los años 70 del siglo pasado se ha venido configurando un ataque en toda regla contra estas conquistas, la educación y la sanidad públicas, las pensiones, las prestaciones de los parados, etc.
Las reformas sociales más significativas son consecuencia muchas veces de la lucha revolucionaria. Cuando la clase dominante se encuentra ante la tesitura de perderlo todo por el empuje de la lucha de los explotados, hace concesiones, en algunos casos importantes, pero sin que afecten a la propiedad de los medios de producción ni al poder político, que sigue conservando firmemente en sus manos a pesar de las apariencias democráticas. La Transición española es un buen ejemplo de esto.
La oleada revolucionaria que recorrió Europa tras la II Guerra Mundial fue encauzada por la burguesía, con el inestimable apoyo de la socialdemocracia y el estalinismo, hacia el terreno de las reformas que no cuestionaban en absoluto las relaciones de poder y propiedad burguesas. Así, mediante el desarrollo de determinados servicios sociales, los dirigentes reformistas incrementaron su compromiso con el aparato del Estado burgués y se convirtieron en los mejores garantes de su estabilidad. Este “colchón social” creado hace casi medio siglo ha ido adelgazando progresivamente en toda Europa, con las inevitables diferencias entre los distintos países.
Muchas de estas conquistas, especialmente las relacionadas con los servicios públicos, están amenazadas. Los capitalistas quieren que dejen de ser públicos y gratuitos o semigratuitos, para convertirlos en fuente de dividendos. La cuestión para ellos es obvia. Si la educación, la sanidad, los servicios básicos de electricidad o agua son imprescindibles, ¿por qué no hacer que los trabajadores paguen más por ellos? ¿Por qué mantener esos servicios en manos del Estado, detrayendo recursos que pueden ir a parar a los bolsillos de los capitalistas, que a su vez se pueden beneficiar de las políticas fiscales y de múltiples subvenciones? Quieren convertirlos en una máquina de hacer dinero liberada de todo control público. Las excusas para la privatización o para la externalización son las de siempre: “hacerlos eficientes”, “aumentar la competencia para abaratar las tarifas”, etc.
Entre 1982 y 2004 se han privatizado empresas por valor de más de 10 billones de pesetas, después de ser saneadas con dinero público. De esta manera se le han regalado a los grandes monopolios capitalistas empresas viables y estratégicas. Ahora, con el gobierno de Zapatero, empresas como RENFE, Correos o RTVE están amenazadas de procesos de privatización, con la subsiguiente amenaza para miles de empleos dignos, siguiendo el modelo británico, donde la subcontratación, la precariedad y la subida de precios, junto con un servicio deficiente, campan a sus anchas.
3. EL ASCENSO DE LA LUCHA DE CLASES EN EL ESTADO ESPAÑOL
El rasgo más destacado de los últimos años ha sido la intensísima sucesión de acontecimientos en los que la clase obrera y la juventud fueron parte activa y fundamental.
Podríamos decir que el período que va desde el 20-J (la huelga general del 20 de junio de 2002) hasta las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, que pusieron un fin rotundo a la época del PP, constituyen una etapa que marcará un antes y un después en la situación política del Estado español.
A pesar de que los gobiernos del PP coincidieron con un ciclo expansivo de la economía, la derecha nunca consiguió crear un clima de optimismo y satisfacción entre la clase obrera. Todo lo contrario. El malestar social se fue acumulando, pero durante un tiempo no encontró ningún cauce para expresarse. La llamada oposición de terciopelo del PSOE y la política de pacto social de las cúpulas de CCOO y UGT le facilitaron enormemente las cosas al PP.
Durante años hubo una dinámica en la que los dirigentes de la izquierda, al no hacer frente a los ataques del PP, propiciaban que la derecha apareciese más fuerte de lo que era, justificando así la necesidad de más consenso para evitar el “mal mayor”. Esa situación creaba una atmósfera negativa, sobre todo porque hacía muy difícil que la clase obrera experimentara el verdadero alcance de sus fuerzas.
La huelga general en Galicia del 15 de junio de 2001, convocada por UGT y CIG en respuesta a un decreto de contrarreforma laboral, fue uno de los primeros síntomas del cambio en el ambiente social. Tuvo un seguimiento importante a pesar de la oposición de CCOO, cuya base desoyó las directrices de sus dirigentes. El campamento de los trabajadores de Síntel en Madrid, iniciado ese mismo año y que fue un ejemplo de lucha que se granjeó la simpatía de amplios sectores de la población, y la multitudinaria marcha estatal contra la LOU (Ley Orgánica de Universidades) del 1 de diciembre, convocada por UGT, CCOO y el Sindicato de Estudiantes y secundada por más de 300.000 personas, también reflejaron el cambio en la situación.
En la posterior dinámica ascendente de las movilizaciones jugó un papel trascendental la actitud del PP. En un momento dado, el gobierno, confundiendo la pasividad de los dirigentes sindicales con el ambiente entre los trabajadores, optó por un ataque frontal al movimiento obrero —y a los propios sindicatos— con el famoso “decretazo” de recorte de las prestaciones de desempleo, que acabó por desembocar en el 20-J.
En realidad, fue inevitable llegar a ese punto. Como veníamos explicando reiteradamente desde las páginas de El Militante, las constantes claudicaciones de los dirigentes sindicales sólo iban a conseguir envalentonar a la derecha y la patronal. La firma por parte de Fidalgo del acuerdo de pensiones de 2001 un mes después del decretazo de ese año y la marcha atrás de Méndez tras la huelga general en Galicia (había anunciado otra de ámbito estatal para ese otoño) no fueron interpretadas por la burguesía como muestras de “responsabilidad”, sino de debilidad. Y como decimos los marxistas, la debilidad invita a la agresión. Los dirigentes de CCOO y UGT se encontraron en una encrucijada.
Los sectarios descartaban la huelga general porque “Fidalgo y Méndez son unos traidores”. No entendían que la actuación de un dirigente no depende exclusivamente de su voluntad subjetiva, sino que, en última instancia, responde a la situación objetiva de la lucha de clases. Claro que Fidalgo y Méndez son unos pactistas, pero si no hacían nada ante tal agresión, muchos trabajadores se iban a preguntar qué pintaban. No les quedó más remedio que responder. Y aunque para ellos la huelga general era el medio para obligar al PP a que los respetase y así poder volver rápidamente a las cómodas negociaciones (como de hecho pasó), esto no cambió los efectos del 20-J porque, independientemente de las consideraciones subjetivas que la provoquen, una huelga general siempre es un enfrentamiento brutal entre la burguesía y el proletariado.
Las huelgas generales ponen en primer plano las contradicciones sociales, dejan al descubierto la naturaleza de clase del Estado y las instituciones, y tienen hondos efectos en la conciencia, sea cual sea su resultado. Una huelga general no es una huelga más, sino que pone sobre el tapete quién manda en la sociedad. La burguesía le tiene pánico a las huelgas generales precisamente porque transmiten directamente a la conciencia del conjunto de nuestra clase la idea de que los trabajadores somos los que hacemos que todo funcione, que sin nosotros los empresarios no son nada, que la clase obrera es objetivamente el poder real en la sociedad capitalista. Durante una huelga general exitosa, la burguesía es impotente y la clase obrera impone su ley, tiene el poder durante 24 horas. Por tanto, siempre es un poderoso estímulo para elevar el nivel de conciencia, es decir, ayuda enormemente a comprender que todos los trabajadores tenemos los mismos intereses y el valor de estar organizados sindical y políticamente como clase. Por eso sus efectos pueden prolongarse durante años, como se vio en el caso del 14-D de 1988.
3.1 La huelga general del 20-J: el principio del fin del gobierno del PP
El 20-J también marcó un antes y un después. A pesar de la pésima preparación por parte de los dirigentes sindicales, la huelga general tuvo un seguimiento masivo. Las manifestaciones fueron históricas, superando todas las previsiones de asistencia y con gran participación de trabajadores jóvenes. El éxito de la huelga general dio la verdadera medida del malestar entre los trabajadores, tanto tiempo contenido y dejó en evidencia la falsedad de la idea, tan machaconamente repetida por los dirigentes sindicales para justificar su propia pasividad, de que “la gente no se mueve”.
El 20-J y su secuela (la marcha estatal a Madrid del 5 de octubre) obligaron al PP a retirar gran parte del decretazo (quedaron en vigor la modificación de los salarios de tramitación y aspectos relativos al campo), retirada que reforzó todavía más la sensación de fuerza percibida por los trabajadores en la huelga. Fue, por tanto, una demostración práctica de la bancarrota del sindicalismo pactista y de la validez del sindicalismo de lucha. El impulso del 20-J debió ser aprovechado para corregir el rumbo sindical e iniciar una etapa de movilización en demanda de nuestras reivindicaciones de clase, pero, por supuesto, a los dirigentes sindicales les faltó tiempo para recomponer sus relaciones con el gobierno del PP. Estos dirigentes, alejados durante años de la realidad que se vive en las empresas, sienten la tranquilidad y la rutina como parte fundamental de su función social y de la “estabilidad democrática”. Para ellos no hay perspectiva más inquietante que el tener que estar movilizando ¡y encima con los trabajadores dando una respuesta a las movilizaciones que supera con creces sus expectativas!
La siguiente gran movilización contra el PP fue a raíz del hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas, en noviembre de 2002. Durante meses, Galicia vivió un auténtico terremoto político que arrastró a decenas de miles de personas a manifestarse permanentemente contra el PP. Las mentiras descaradas de la Xunta y del gobierno central, así como la falta de medios para prever y paliar la catástrofe, elevaron la tensión social al máximo. La participación en las manifestaciones batió récords históricos, mientras los balcones de toda Galicia se llenaban de banderas de Nunca Máis.
Las movilizaciones del Prestige se fundieron posteriormente con el gigantesco movimiento contra la guerra de Iraq y contra el servilismo de Aznar hacia Bush. Las manifestaciones antiguerra recorrieron todo el Estado, sacaron a la calle a millones de personas y tuvieron desde el principio un marcado carácter antiimperialista.
Dada la presión desde abajo, la dirección UGT se decidió a convocar una huelga general de dos horas contra la guerra el 10 de abril, que tuvo una incidencia muy importante a pesar de la oposición a la convocatoria de un sector de la dirección de CCOO, encarnada en la actitud arrogante de Fidalgo. El malestar de las bases de CCOO contra su dirección alcanzó uno de los momentos más álgidos, sólo superado tres semanas después, cuando Fidalgo fue abucheado de forma generalizada en la manifestación del 1º de Mayo en Madrid. A la insultante actitud mantenida el 10 de abril se sumaba la protesta de los trabajadores de Síntel, lo que configuró uno de los Primeros de Mayo más difíciles para los dirigentes oficialistas de CCOO.
3.2 Las jornadas de marzo y la victoria del PSOE
Un año y medio de intensas movilizaciones habían mostrado sobradamente la verdadera naturaleza del PP y proporcionado al movimiento una enorme confianza en sus propias fuerzas.
Todo este proceso cristalizó en las jornadas del 11 al 14 de marzo de 2004, tras los atentados terroristas que causaron la muerte de 192 jóvenes y trabajadores en Madrid. Los atentados hicieron reaparecer el ambiente social de las movilizaciones contra la guerra; la actitud del PP, mintiendo sobre unos hechos que traumatizaron a toda la sociedad, fue la gota que colmó el vaso.
En situaciones de efervescencia política, la conciencia de la clase obrera avanza muy rápidamente. Tras unas horas de confusión, la idea de que el PP volvía a las andadas, mintiendo y manipulando, acabó predominando en el ánimo de la población.
De la noche a la mañana, y durante unos días, todos los prejuicios respecto a las normas electorales y la democracia burguesa se esfumaron por completo. Se rodeó la sede del partido del gobierno, hubo manifestaciones ante el Congreso de los Diputados y la gente tomó las calles de todas las ciudades del país la noche anterior a las elecciones generales del día 14, convirtiendo la jornada de reflexión en una jornada de lucha sin precedentes. “Vuestras guerras, nuestros muertos” era la consigna que resumía el sentimiento de odio hacia el PP. La idea de que había que echarlo del gobierno como fuese volvió a estar a flor de piel entre millones trabajadores y jóvenes, lo que acabó inclinando definitivamente el resultado electoral.
El hecho de que el PSOE ganara las elecciones en un contexto de auge de la movilización y que las masas sintieran la victoria electoral como una conquista propia es algo que preocupa a la burguesía. La consecuencia, tras años de movilización, es evidente: los trabajadores y los jóvenes se sienten mucho más legitimados para exigir al PSOE un cambio sustancial de política respecto al PP, y esto es un inconveniente muy serio para la burguesía.
Esa victoria, no obstante, presenta diferencias notables con las anteriores victorias socialistas. Si bien amplios sectores de la clase obrera vieron con enorme satisfacción la derrota del PP, no es menos cierto que existe un punto de cautela por la larga etapa de gobiernos socialistas que en el pasado (1982-96) frustraron las e
