A estas enormes extensiones hay que añadirles una parte importante de los millones de hectáreas de terreno forestal que también acumulan estas notables familias, en especial la descendencia nobiliaria de condes, duques y marqueses. La duquesa de Alba es la mayor terrateniente de España.

La situación de explotación y marginación a la que se ven condenados miles de jornaleros por esta estructura reaccionaria de la propiedad de la tierra, se ve agravada por los últimos ataques que la burguesía ha lanzado contra los trabajadores del campo, especialmente bajo los gobiernos del PP.

Los efectos del “decretazo” aprobados en 2002, continúan dañando gravemente a los trabajadores del campo en Andalucía y Extremadura. La llamada Renta Agraria, la nueva modalidad de subsidio que incorporó esta ley, contiene importantes restricciones que en la práctica suponen la privación de este derecho para muchos trabajadores agrícolas, especialmente colectivos como inmigrantes y mayores de 45 años.

Se calcula que desde su aplicación desde mayo del 2002, unos 70.000 trabajadores han sido separados de subsidio. La cifra se multiplicará pasados unos años, ya que, como se conoce, la principal limitación de la Renta Agraria consiste en que solo puede disfrutarse durante 6 años.

Mientras el sistema no garantice un trabajo estable a la mayoría de los jornaleros, mientras persista la escandalosa eventualidad en la que se mueve el trabajador del campo, el subsidio se hace completamente necesario para mantener unos mínimos niveles de vida en el mundo rural. Esta es la clave del asunto. El subsidio agrícola no es una limosna sino un derecho.

La derogación de la Renta Agraria es solo el primer paso para dignificar el subsidio y las condiciones de vida de los jornaleros. Hay que luchar por la implantación de un único subsidio mejorado tanto en sus condiciones de acceso como en su cuantía (elevar la prestación al 100% del SMI).

Pero la lucha no debe quedarse ahí. Los trabajadores agrícolas están sometidos a una situación de discriminación respecto a los derechos en materia de pensiones, bajas laborales y otras conquistas sociales. Un trabajador del campo, después de una vida de sacrificios y de cotizaciones a la Seguridad Social sólo tiene derecho a una pensión media que no supera los 450 €, prácticamente la mitad que en la rama general. De igual manera, las bajas por enfermedad tienen una indemnización que apenas llega a los 18€ al día.

Hay que acabar con esta discriminación histórica. El estado tiene que garantizar unas pensiones y unas prestaciones sociales dignas para los trabajadores agrícolas.

A pesar de las promesas preelectorales, el gobierno del PSOE aún no ha dado marcha atrás al “decretazo” y en su agenda no se encuentra ni la mejora del subsidio ni la equiparación en derechos sociales.

La experiencia demuestra que no conseguiremos avanzar en nuestros derechos sin una lucha dura y tenaz, a través de la presión y la unidad de los trabajadores del campo y sus organizaciones.

Es necesario que el movimiento jornalero y sus organizaciones libren una lucha contundente contra el decretazo y por el subsidio digno, tal como ha propuesto el Sindicato de Obreros del Campo (SOC). Es necesario la máxima unidad de acción del movimiento jornalero, y que este adopte con firmeza una posición de clase, rechazando la política de pactos con la patronal que sólo ha servido para perpetuar el estado de explotación de los trabajadores agrícolas.

Al mismo tiempo, subrayamos que el problema de la propiedad de la tierra y de la reforma agraria, sólo se puede abordar satisfactoriamente a través de la nacionalización bajo control democrático de los trabajadores del campo, de los latifundios y los monopolios de comercialización, y la puesta en marcha de una producción agrícola planificada sobre las bases de una economía socialista.