El Estado Español ha pasado de ser un país históricamente emigrante (en 1975 había más de 700.000 emigrantes en el extranjero) a multiplicar por diez la población extranjera: de 350.000 en 1991 a 3.500.000 en 2005, de los cuales más de un millón no tienen papeles.
El PP endureció las leyes de extranjería y llevó una campaña pública atroz contra la inmigración, criminalizó a estos trabajadores y los responsabilizó de la inseguridad ciudadana. Mientras tanto permitían a los empresarios aprovecharse de la mano de obra sin papeles con la que obtener jugosos beneficios. Prueba de ello es la zona del Poniente Almeriense. La campaña agrícola 2003-2004 en Almería ha sido la mayor de su historia por volumen de producción, aumentando en un 9% los beneficios con respecto al año anterior. La llamada Huerta de Europa, el mayor productor de hortalizas del mundo, ha enriquecido a agricultores, distribuidoras y bancos (en El Ejido hay más bancos que bares), y todo esto gracias al sudor de los inmigrantes.
A la situación laboral hay que unir la precariedad de las condiciones de vivienda que sufren los trabajadores inmigrantes. El hacinamiento es la ley para miles de familias inmigrantes que sirven de carne de cañón a especuladores y propietarios de viviendas que aumentan descaradamente los alquileres. Al mismo tiempo, en las grandes ciudades dónde se concentra la inmigración no se han mejorado en número ni calidad las infraestructuras sociales, educativas y sanitarias, empeorando de esta manera las condiciones del conjunto de la clase obrera.
Con la llegada del PSOE al gobierno, la situación de los trabajadores inmigrantes no ha cambiado sustancialmente. Las medidas de regularización de los trabajadores “ilegales”, han tenido más que ver con la necesidad de aumentar las arcas de hacienda y el pago a la seguridad social que antes eran objeto de fraude masivo por parte de los empresarios. Sin embargo la posición del gobierno de Rodríguez Zapatero respecto a la represión y expulsión de los inmigrantes subsaharianos al desierto y la complicidad que han mostrado con el gobierno dictatorial de Marruecos es muy significativa. No se puede hablar de derechos humanos y al mismo tiempo mirar hacia otro lado cuando estos se pisotean impunemente. Una cosa está muy clara: el fenómeno de la inmigración y el abuso empresarial no se detendrá con estas medidas.
Como marxistas internacionalistas defendemos que ningún trabajador es ilegal. Los trabajadores “ilegales” son utilizados como mano de obra semiesclava por parte de la patronal, y utilizados como ariete para hacer caer los salarios. Por tanto todos los trabajadores inmigrantes, que son explotados en nuestro país igual que los trabajadores nativos, deben ser regularizados sin excusas y disfrutar de los mismos derechos ciudadanos que el resto de la clase obrera.
La posición del PSOE y la de los dirigentes sindicales no esta respondiendo a las necesidades de los trabajadores inmigrantes. Los reformistas en lugar de proteger a los inmigrantes de las garras de las mafias (muchas son empresas importantes del país de origen o del receptor), organizándolos en las filas de los sindicatos y luchando por sus derechos, consienten y apoyan las actuales leyes de inmigración. Es necesario que los sindicalistas con conciencia de clase y el conjunto del movimiento obrero impongamos un cambio drástico en la política de las organizaciones sindicales respecto a nuestros hermanos de clase inmigrantes. Los tres millones y medio de inmigrantes junto al resto de trabajadores formamos la misma clase obrera en los tajos, fábricas y centros de trabajo, y unidos suponemos una fuerza poderosa para enfrentarnos a los ataques de la patronal y de la burguesía.
Derogación de la Ley de Extranjería. Plenos derechos laborales y ciudadanos para los inmigrantes. Restablecimiento de la ley de asilo político. Fin a los centros de internamiento y a las expulsiones del país por carecer de papeles. Derecho al reagrupamiento de las familias. Equipamientos sociales, culturales y deportivos públicos para disfrute de la población al que tengan acceso todos los inmigrantes. Medios materiales suficientes para que las diferentes comunidades puedan mantener sus tradiciones culturales y lingüísticas.
